Ayer en la Comisión de Equidad de Género se acordó aprobar una licencia a las trabajadoras estatales que se encuentren en situación de violencia machista, compatibilizando proyectos presentados por varios bloques. No hay avances en declarar la emergencia de género en la provincia.
Miércoles 4 de noviembre de 2015
La Comisión de equidad y lucha contra la violencia de género de la Unicameral cordobesa emitió despacho conjunto con la Comisión de Legislación General y la Comisión de Trabajo para aprobar próximamente en la legislatura un proyecto que otorga el derecho a la licencia por causal de violencia de género a las trabajadoras del Estado que se encuentren sometidas a una situación de violencia de género.
El proyecto compatibiliza proyectos presentados por legisladores del Frente Cívico, la UCR y Unión por Córdoba impulsado de manera oportunista en septiembre por los legisladores Pihen y Chiófalo, miembros del delasotismo que cuenta con mayoría en la cámara.
En el mismo se agrega la violencia de género a los distintos causales de licencia para las empleadas estatales y contempla el goce de haberes de hasta 30 días corridos (se puede extender a 60 días por única vez). No se plantea como requisito presentar una denuncia policial, pero sí una certificación, constancia o dictamen interdisciplinario de la Dirección de Violencia Familiar o de una dependencia judicial.
La legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Laura Vilches declaró ante los medios que esta licencia “es lo mínimo que las mujeres le exigimos al Estado, y evidentemente, no la habríamos conseguido si no hubiésemos mantenido la movilización en las calles. Esto no es una concesión del gobierno de De la Sota como pretenderán hacernos creer los oportunistas de Chiófalo y Pihen, que apenas hace un mes presentaron un proyecto calcado de lo que dicen otros como el nuestro. Es claro que de una Comisión que sesiona a puertas cerradas como la de Equidad, y de la cual tuvimos que hacer echar a policías de civil que estaban en la sala de sesiones, raramente saldrán iniciativas que no sean impulsadas con la lucha”.
A su vez, Vilches cuestionó que “estas licencias tienen un carácter completamente limitado porque sólo otorgan el derecho a la licencia por violencia a las trabajadoras del Estado y no alcanza a las mujeres que se desempeñan en el ámbito privado y que en su mayoría lo hacen en condiciones de precariedad, como las trabajadoras de limpieza en escuelas y hospitales, o las que directamente trabajan en negro, como las empleadas de casas de familia, por citar sólo un ejemplo”.
Además, la legisladora señaló que siguen exigiendo que se ponga en discusión de manera urgente las medidas integrales que se requieren para sacar a las mujeres que están siendo violentadas como refugios transitorios para las víctimas, subsidios igual a la canasta básica familiar para aquellas que estén desempleadas, un plan de viviendas a corto plazo y créditos a tasa cero para aquellas que lo soliciten, de la mano de pases escolares sin trabas burocráticas para las jóvenes víctimas de violencia o sus familiares.
“Desde el PTS en el FIT seguiremos exigiendo que se apruebe nuestro proyecto de declaración de la emergencia de género y otros dispositivos que permitan realmente terminar con el flagelo de los femicidios y hacer realidad lo exigiremos en las calles nuevamente el 25 de noviembre: Ni Una Menos!”.
