Paralelamente a las medidas de ajuste llevadas adelante por el gobierno nacional de Mauricio Macri, los diversos gobiernos de los hermanos Rodríguez Saá vienen arremetiendo contra la educación pública desde hace 35 años.
Sábado 29 de diciembre de 2018 22:51
En el transcurso de sus diversos gobiernos (todos del PJ puntano) desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, la conducción dual del régimen de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá ha recurrido al despliegue de toda una parafernalia escénica, al compás de los distintos saqueos históricos que la clase dominante ha implementado contra el pueblo trabajador (dictadura del ’76, los años ‘89/’91 y el ’01).
Ahora, con el comienzo del cuarto saqueo bajo el gobierno de Cambiemos, el apoyo demagógico a la marea verde y a la legalización del aborto, y el impulso de comedores barriales y planes sociales precarios son algunas de las herramientas utilizadas por el Gobernador Alberto Rodríguez Saá para la contención del descontento social, gestado durante décadas de gobierno (suyo y de su hermano Adolfo) dedicadas a la manipulación de las condiciones de vida de la clase trabajadora local, siempre utilizando todo tipo de maniobras de patronazgo y clientelismo estatal, que le permitieron y le permiten seguir manteniendo su hegemonía sobre cualquier fuerza social y política.
Últimamente, entre otras de las herramientas utilizadas por la actual gobernación, han sido la adhesión de la Provincia de San Luis a la implementación de la ESI en las escuelas (a pesar de haberse sancionado en 2006) y los aumentos salariales (muy atrás de los índices inflacionarios) destinados a las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública, cuya finalidad real tiene que ver con enaltecer al gobierno puntano como un ejecutor de ideas “progres” en paralelo con el ajuste feroz que viene aplicándose sobre la clase trabajadora y los sectores populares a nivel nacional.
Sin embargo, a pesar de toda la pantomima que Alberto y Adolfo llevan adelante, el ajuste y la precariedad laboral son moneda corriente en la provincia desde hace 35 años. En los últimos tiempos, bajo el gobierno del mismo partido (PJ) y de la misma familia (Rodríguez Saá) continúan profundizándose sobre nuevas lógicas de explotación y recortes en los diversos sectores de trabajo, especialmente, en educación y salud.
Cuando la educación es concebida como un servicio/negocio
La gran lucha llevada adelante este año por todos los sectores de la comunidad educativa (en especial, el estudiantil) frente al avance del macrismo y los gobernadores en la imposición de recortes presupuestarios en el área de educación, tuvo gran repercusión a nivel nacional, generando grandes movilizaciones y la toma de decenas de universidades a lo largo y ancho del país.
Paralelamente a las medidas llevadas adelante por los distintos gobiernos nacionales, las gestiones del oficialismo puntano vienen arremetiendo contra el sector docente hace varios años. Desde principios del año ’00, y en consonancia con las políticas neoliberales que se venían aplicando en ese entonces, se comenzó a implementar un proyecto de creación de “Escuelas Auto-Gestionadas” con la fundamentación de “apoyar las innovaciones educativas y los regímenes alternativos de educación”, quedando sujetas a las disponibilidades presupuestarias y asociaciones civiles sin fines de lucro, encargadas de administrar tales instituciones y de llevar adelante los proyectos pedagógicos.
Actualmente, siguen en marcha, en simultáneo con la creación de cientos de “Escuelas Generativas”, procurando un grave ataque a la educación pública, y provocando que las matrículas de las escuelas estatales bajen considerablemente por promover a estos establecimientos desde una concepción “New Age”, es decir, desde la óptica de la “innovación educativa, donde no hay aulas sino espacios libres y motivadores, y hay un acercamiento a la comunidad vecinal y de los clubes”.
No obstante, la situación laboral de las y los docentes que se desempeñan en estas instituciones es precaria e inestable. Las características de contratación se basan en contratos por tres meses con posibilidades de renovación a un año y/o en tercerizaciones monotributistas, apelando a la multifuncionalidad de la docencia en todas las áreas educativas, deteriorando la carrera docente, y poniendo constantemente en peligro los cargos docentes y la trayectoria escolar de las y los estudiantes en desmedro de la educación a la que cada joven tiene derecho a acceder.
Por otro lado, el desfinanciamiento de la educación pública ha sido siempre una política gubernamental continua, impulsada por los gobiernos del PJ local y la familia Rodríguez Saá desde que asumieron en el año ’83. Si bien el único obstáculo que tuvieron para avanzar con sus políticas neoliberales en materia educativa fueron las grandes luchas docentes de los años 2004 y 2010, estas - al haber sido brutalmente reprimidas por el Estado y descaradamente traicionadas por las burocracias sindicales (Ctera, principalmente, de la mano de Hugo Yasky) – no pudieron impedir que se avanzara en los recortes presupuestarios proyectados y en reformas educativas parciales.
Hoy en día, la complicidad en las políticas educativas gubernamentales proviene también de algunos directivos escolares que tienden a adaptarse a las modificaciones que imparten desde arriba con fundamentaciones pedagógicas arbitrarias. A su vez, otras cómplices son las burocracias sindicales de los gremios docentes provinciales (ASDE y UTEP) ya que mantienen un rol pasivo y funcional a los atropellos que realiza el gobierno puntano en materia educativa, y frente a la inexistencia en el ámbito provincial de paritarias salariales. Todo ello, ha provocado que la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en San Luis no estén sindicalizados y, lógicamente, estén expuestas y expuestos a arbitrariedades patronales en sus lugares de trabajo.
La necesidad de organizarse
Todas las reformas educativas que han llevado adelante los hermanos Rodríguez Saá en el ámbito provincial, hasta ahora, fueron adornadas con argumentos pedagógicos que no perseguían - ni persiguen - otro objetivo que reducir costos. De aquí, el deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, los recortes a los planes de estudio, el desfinanciamiento en infraestructura, la precariedad laboral y el ajuste sobre los salarios docentes.
Ante el inicio del cuarto saqueo histórico contra la vida de la clase trabajadora, impulsado por el gobierno de Macri y compañía con aval del FMI, y ante los comienzos de una crisis orgánica nacional en el marco de un mundo convulsionado, el panorama educativo que se avizora tiene que ver con una mercantilización de la educación pública cada vez mayor, bajo la lógica capitalista de verla como un servicio/negocio y no como un derecho.
Por ello, es vital que las luchas educativas que se emprendan contra los actuales y futuros planes de ajuste y mercantilización de los distintos gobiernos vayan de la mano con la organización de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, para recuperar sus sindicatos de las manos de las burocracias, democratizarlos y ponerlos al servicio de los intereses de la clase trabajadora en su conjunto.
Sólo así e impulsando la unidad con el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres, se podrán frenar la avanzada neoliberal y el vaciamiento de la educación pública, el ajuste y los tarifazos, provenientes de la casta política gobernante.
