Mendoza sufre una prolongada sequía. Sin embargo, Cornejo y los partidos mayoritarios avalan el fracking petrolero. Las asambleas por el agua resisten y el FIT quiere nacionalizar la Ley 7722.
Lunes 19 de agosto de 2019 16:53
Mendoza se encuentra en permanente crisis hídrica. A finales de 2018, un grupo de investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), perteneciente al Conicet, declararon que “en los últimos años (2010-2018) esta región montañosa ha sufrido la sequía más extrema y prolongada del registro instrumental, intensificando los conflictos por el uso de los escasos recursos hídricos disponibles”.
Poco antes, uno de ellos, Juan Rivera, especialista en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, declaró en diálogo con Radio Mitre: “Hay un componente de cambio climático generado por efecto invernadero que contribuye a estas condiciones de estos últimos años”, e instó a “pensar una estrategia a largo plazo, porque hay que garantizar el agua en la provincia y no es algo que a uno se le ocurra hacerlo en tres meses. No, tiene que ser una estrategia a muy largo plazo porque pone en jaque el agua para la sociedad”.
Sin embargo, el Departamento General de Irrigación decidió no declarar la emergencia hídrica. Es en este contexto en el que retoma una vital importancia la lucha de las asambleas por el agua, que resisten ante los intentos del Gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) y los partidos mayoritarios para habilitar la megaminería y avanzar con el fracking petrolero.
La lucha desde abajo en defensa del agua
A través de asambleas y organizaciones, los vecinos de Mendoza pelean desde el año 2013 contra el fracking. Gracias a su lucha, ese año cuatro departamentos consiguieron prohibir el fracking luego de que se establecieran las primeras ordenanzas municipales. “Es un hecho político”, aseguraron desde la Asamblea Popular por el Agua. Doce años atrás consiguieron que se aprobara la ley 7722, que frenó la megaminería.
El período actual de lucha comenzó en 2017 a raíz del decreto 248/18 del gobernador, que reglamentó el uso de la técnica del fracking, que ya estaba permitido a nivel nacional por el gobierno kirchnerista (cuando firmó el 16 de julio de 2013 el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta).
¿Qué es el fracking?
La fractura hidráulica es una técnica no convencional de extracción de petróleo y gas. Se basa en hacer estallar, mediante mucha presión de agua y productos químicos, a la roca de esquisto (o roca madre) que no explotó naturalmente y donde se formaron petróleo y gas (hidrocarburos). El método convencional, por el contrario, consiste en extraerlos de la superficie, ya que provienen de una roca que se rompió por el movimiento de la tierra.
El fracking es muy criticado internacionalmente por sus riesgos de contaminar el ambiente, la salud y el agua. En 2014 un grupo de especialistas, Maristella Svampa, Roberto Ochandio, OPSur y Eduardo D’Elía, entre otros, publicaron el libro 20 mitos y realidades del fracking. En Tierra Arrasada, de Darío Aranda, Eduardo D’Elía, ingeniero en petróleo, explicó: “No podemos saber de antemano hasta dónde llegan estas fracturas. Y tampoco se puede asegurar que no se comunicará con formaciones de agua”. Francia y Bulgaria son sólo dos ejemplos de países donde el fracking está prohibido.
“Rechazamos profundamente el decreto. Es inconstitucional”, afirmó Marcelo Giraud, profesor de geografía y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, que a su vez forma parte de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP). En mayo de 2018 los vecinos entregaron 50.000 firmas en su contra ya que viola la Ley 25.675 General del Ambiente, tratados internacionales y el art. 41 de la Constitución Argentina que garantiza el derecho a un ambiente sano.
“El decreto no es más reaccionario o peor que la reglamentación nacional que dejó (Axel) Kicillof. Ahí no previó ni audiencia pública, ni control ambiental, ni nada”, aseguró Lautaro Jiménez, senador provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Mendoza y hoy candidato a diputado nacional.
Proyecto de ley Mendoza Libre de Fracking
Cada miércoles, día en que sesionan los diputados provinciales, la Asamblea Popular por el Agua y otras organizaciones se manifiestan frente a la Legislatura de Mendoza capital para exigir el tratamiento de un proyecto de ley presentado en mayo de 2018 que tuvo iniciativa popular con 42.851 firmas (más del 3 % del padrón electoral) para que se declare la provincia libre de fracking.
“La mayoría se niega a tratar el proyecto. Desde el FIT siempre nos apoyaron y firmaron el apoyo en respaldo a nuestro proyecto. Después, más que partidos, algunos candidatos nos apoyan. Como las firmas no son vinculantes a diferencia de otras constituciones provinciales donde la recaudación de firmas obliga a que sea tratado, se nos ríen en la cara”, sentenció Giraud y resalta que la junta de firmas es “un hecho político”.
“Los dos partidos mayoritarios -el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- están a favor del fracking”, remarcó Giraud, y detalla que hay pocas excepciones. En el mismo sentido, Jiménez enfatizó: “No hay oficialismo y oposición cuando se trata de minería y fracking”.
Por su parte, Maira Massa, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, trabajadora social y luchadora de estas causas desde que era una estudiante, señaló en diálogo con La Izquierda Diario, que en las concentraciones también hacen una “parodia porque los medios de comunicación están silenciando estos temas, así que llevan cámaras, hacen videos en vivo, le informan a la gente acerca de la lucha que están haciendo en contra del fracking”. Maira agrega: “Necesitamos frenarlo cuanto antes, después de las elecciones va a ser más complicado”.
Por otro lado, Giraud aseguró que el Gobierno no cumplió “ni siquiera en el aspecto laboral” ya que “los pocos ingresos de trabajo eran para gente que traía la empresa de afuera”.
“Dicen que es para generar trabajo, pero mienten. En Malargüe la minera Vale dejó a miles de trabajadores en la calle y estos mismos políticos hipócritas reprimieron las protestas contra los despidos”, señaló Macarena Escudero, diputada provincial por el FIT, en un spot de su fuerza que llamaba a defender la 7722. En el mismo, Jiménez proponía “un plan de obras públicas y el desarrollo de energías renovables, nacionalizando todos los hidrocarburos y creando una empresa estatal para la generación y distribución energética”.
“Una empresa eficiente, gestionada con transparencia por sus propios trabajadores, junto a profesionales del Conicet, universidades públicas y las asambleas socioambientales”, agrega Escudero. “Esto sí podría generar nuevos puestos de trabajo, registrados y permanentes, y terminar con el saqueo de los tarifazos, el fracking y el peligro de la megaminería”, sentencia Noelia Barbeito, senadora provincial.
Consecuencias del fracking
Los defensores del agua también sufrieron agravios por parte del gobierno. “El gobernador nos trató de mentirosos. Un ministro, un secretario y un subsecretario dijeron que hacíamos terrorismo, salió en la prensa del Gobierno, todo por mencionar el aumento del riesgo de toxicidad cuando hay cantidad de investigaciones científicas que hablan de eso”.
Sobre los riesgos del fracking, Giraud explicó que el del “agua es el más temido”. También, está “la contaminación del aire por componentes orgánicos volátiles que muchos de ellos son cancerígenos” y las “emisiones” contaminantes que afectan al “cambio climático”. Además, contó que están aumentando los sismos en Neuquén y que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica los está analizando.
Ley 7722: un freno a la megaminería
Otro de los reclamos en las manifestaciones frente a la Legislatura es aquel en defensa de la ley 7722, lograda en 2007, que prohíbe sustancias químicas en la minería que son perjudiciales para la salud y el ambiente, como el cianuro.
El año pasado hubo un intento de modificar esa ley, pero “no tenían el apoyo suficiente” señaló Massa. “La 7722 es para la minería metalífera” explicó Giraud y por eso hay proyectos mineros que son “inviables”. El más “emblemático” es San Jorge, pero también hay otros como Cerro Amarillo. Debido a esto “la quieren bajar, quitarle operatividad y estamos resistiendo la embestida”.
Jiménez aclaró: “Hay un lobby minero muy fuerte”. Sobre un nuevo intento de modificación de la ley aseguró que “se está especulando” y que se puede tratar “de una semana a otra”.
La propuesta del FIT para extender la ley 7722 a nivel nacional
Por su parte, Jiménez adelantó que desde el FIT están trabajando en un anteproyecto para extender la ley 7722 a nivel nacional, que se va a basar “en poner las mismas condiciones a la actividad minera, la prohibición del uso de sustancias peligrosas en el proceso de la explotación minera y la exigencia de que cada proyecto tenga que contar con el aval legislativo y audiencias públicas que nosotros le pondremos carácter vinculante antes de comenzar”.
Decretos y ataques
Además de las concentraciones frente a la Legislatura, “hay un grupo de vecinos autoconvocados de Alvear y ahora se están sumando los Jóvenes por el Ambiente de Alvear”, según relató Massa, que cortan una ruta nacional (la 143 y calle 0) cada miércoles que organicen. La semana pasada realizaron un corte con mucho acatamiento y hasta llegó un saludo a través de las redes sociales de la joven activista sueca Greta Thunberg en apoyo a la lucha de Mendoza contra el fracking.
Al día siguiente “llegaron notificaciones de la justicia federal al domicilio de tres directores de escuelas secundarias, dos privadas y una del Estado, donde se los citaba al departamento vecino para dar los nombres de los chicos que faltaron a clase y fueron a la ruta. Por lo que sé, no han dado nombres. Se han negado”, relató Massa.
Desde el año pasado, Giraud aseguró, que “la situación viene siendo bastante complicada”. Cornejo, quien ya tiene dos denuncias penales en su contra por el decreto mencionado, también sacó otros dos “decretos tremendamente vergonzosos”. Uno es de baja de regalías para beneficiar a las empresas petroleras. El senador Jiménez explicó que “las baja para tratar de traer inversiones a Mendoza porque la mayoría se van para Neuquén” a otra zona de Vaca Muerta. El otro decreto pretende impedir que los trabajadores tomen medidas de fuerza (huelgas) en operaciones de fracking. Lo que demuestra una “flexibilización”. Para Giraud, Cornejo “se ha acostumbrado a manejarse por decreto”.
La lucha continúa
“Creemos que con el movimiento de la gente se puede llegar (a conseguir la ley antifracking), así como se hizo 12 años atrás con lo de la ley (7722)”, concluye Maira Massa. “Con la conciencia de la gente y la participación se pueden lograr grandes cosas”.
