Frente a las críticas recibidas por el decreto restrictivo de Urtubey que impide la interrupción del embarazo aún en casos de violación, el gobernador salteño decidió hoy adherir al protocolo elaborado por la Corte Suprema de Justicia para estas causales.
Jueves 24 de mayo de 2018 16:54
Una niña de 10 años fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por su padrasto. Este abuso sistemático provocó el embarazo de la nena.
Conocida la noticia el repudio no se hizo esperar. Organizaciones de mujeres, activistas y partidos políticos de izquierda se manifestaron a favor de la nena.
Presionado por las circunstancias, y seguramente muy a su pesar, Juan Manuel Urtubey adhirió hoy a través del decreto 584/18 al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado por la Corte Suprema de la Nación.
Un poco de historia
Desde 2008 el gobernador impuso el catolicismo como única religión oficial en todas las escuelas públicas de la provincia salteña. Era una rutina rezar a la entrada y salida de clases y bendecir la copa de leche de la mano del Padre Nuestro. Esto fue hasta diciembre pasado. Luego de años de acciones legales y movilizaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asestó un golpe al establecer como ilegal el dictado de religión en horas de clase.
Ahora bien, el Código Penal establece tres causales en donde la práctica del aborto no puede ser penalizada. Una de ellas es el aborto producto de una violación.
El gobernador salteño, mediante su decreto Nº 1170/12, ponía un límite de tiempo para esta interrupción, algo inaudito que no solo no se atenía al Código Penal sino al fallo de la Corte. De esta forma "su protocolo" se transformó en uno de los más restrictivos poniendo en riesgo la salud física y psicológica de la persona gestante. Más aún, si como en este caso, hablamos de una niña de tan solo 10 años.
Tan disparatado era este decreto, que obligaba a una mujer a hacer una denuncia policial o una declaración jurada antes de realizarse la práctica médica. Algo realmente cruel si tenemos en cuenta el contexto que rodea a una persona que se ha enfrentado a un hecho tan violento como una violación.
Según la organización Católicas por el Derecho a Decidir Salta, desde el 2012 hasta el 2016 en Salta se practicaron 19 abortos no punibles y hubo 21 muertes maternas por complicaciones de aborto. Salta es la quinta provincia del país con mayor tasa de embarazos adolescentes de menores de 14 años.
El caso de Juana, la ahora adolescente wichi a quién el gobierno de Urtubey le negó en el 2015 el acceso al aborto no punible luego de ser violada brutalmente por varias personas, siendo sólo una niña de 12 años, es un precedente que no se debe olvidar. Sobre todo porque pudo interrumpir su embarazo recién al sexto mes, luego de que se comprobara que el feto tenía anencefalia, una patología que impide la sobre vida fuera del útero.
De no haber sobrevenido esta patología, Juana hubiera tenido que padecer durante 9 meses un embarazo producto de una violación.
Aborto legal para no morir
Al respecto Daniela Planes, referente del PTS- FIT expresó: “Es una conquista de la lucha del movimiento de mujeres que desde hace años en la provincia pelea por todos los derechos como cuando salimos a las calles por Juana. Hoy Urtubey, aliado de la iglesia católica, dio a conocer por su cuenta de Twitter la derogación del decreto 1170/12. Cinismo total ante el aberrante caso de la niña de 10 años embaraza , forzada a ser madre por no tener el derecho a una salud integral y la interrupción legal del embarazo. Exigimos el aborto no punible”.
Por último, expresó: “Este 4J tenemos que ser miles en las calles contra la violencia machista, exigiendo educación sexual integral, aborto legal, que no haya injerencia de la Iglesia Católica en nuestras vidas. Sabemos que los derechos se debaten en el Congreso pero, como lo venimos demostrando, se ganan en las calles”.
