Esta semana estuvo signada por fuertes movilizaciones y acciones de lucha, entre las que destacó la marcha "Juntos Somos un volcán" en repudio al gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Este viernes la jornada de movilización terminó con un saldo de dos muertos por la represión a los estudiantes de la UNAN en Managua, represión en varios puntos de Masaya y detenciones ilegales.
Sábado 14 de julio de 2018 09:42
El gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, se niega a dejar la presidencia y adelantar elecciones. Su administración pierde legitimidad ante la opinión pública nacional e internacional, mientras mantiene la represión de las fuerzas militares, parapoliciales y paramilitares en todo el país.
La represión orteguista ha dejado más de 350 muertos en menos de tres meses desde las protestas de abril protagonizadas por los trabajadores del sector salud y jubilados que se opusieron a la reforma de Seguridad Social y se apostaron a las calles junto a miles de jóvenes y universitarios. La escalada represiva contra la población ha sido el principal motivo por el cual el llamado a “Diálogo Nacional” se encuentra estancado desde hace varias semanas, sin poder dar continuidad a la propuesta de “organizar una transición” pactada que nunca incluyó la renuncia de Ortega y Murillo, y que por el contrario solo ofrece un recambio institucional.
Ante ello, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que viene buscando una salida negociada junto a la patronal representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), se ha visto obligada a convocar una serie de acciones como medida de presión al gobierno, entre ellas el paro nacional patronal.
Esta jornada inició el jueves aglutinando a miles de personas en la marcha “Juntos Somos un Volcán” y que continuó el viernes con el paro nacional del 90% de los comercios en Managua y del sector del transporte público, pero donde sigue marcando pauta la participación de la población con tranques en las principales ciudades como Estelí, Granada, Matagalapa, León, Carazo y Masaya.
Cabe señalar que, el llamado de la COSEP y de la Alianza Cívica de “paro cívico nacional y pacífico” tiene como uno de sus principales objetivos desviar el descontento y contener cualquier iniciativa más a izquierda ligada a un verdadero paro activo nacional e impulsado desde las bases trabajadoras.
La finalidad es salvaguardad sus intereses –y si para ello tiene que utilizar o “montarse” en la protesta popular para presionar a Ortega, lo hará– buscando una salida con las élites y la burguesía nacional. Es decir, la COSEP busca a todas luces un pacto por arriba y en beneficio propio, al mismo tiempo que apuesta al desgaste y desarticulación de la movilización de las masas nicaragüenses.
Sin embargo, este viernes las protestas culminaron con la violenta represión a los estudiantes que se encontraban en toma de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, donde dos personas murieron. Además de la represión en algunos municipios de Masaya y la detención arbitraria de algunos dirigentes sociales, como la de Medardo Mairena y Pedro Mena en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y de quienes se desconoce su paradero.
Los estudiantes fueron baleados durante varias horas, mientras Daniel Ortega daba un discurso en un acto conmemorativo del “repliegue”que se dio como estrategia guerrillera contra el dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. “Invitamos a aquellos que tienen pensamientos políticos diferentes, a los productores y campesinos, las empresas, a la microempresa, a que tomemos el camino de la paz”, fueron las cínicas palabras de Ortega.
Las imágenes de la represión fueron transmitidas desde redes sociales por los jóvenes que resistieron en las barricadas durante varias horas, tras haber desalojado la UNAN; los vídeos mostraron el brutal operativo de elementos de la policía y paramilitares, mientras los comunicadores presentes, paramédicos y varios estudiantes hacían denuncia del ataque desde una parroquia cercana al campus universitario.
Después de las 22:00 horas los socorristas de la Cruz Roja pudieron acceder al lugar para atender a las personas heridas, esto luego de varias horas de tensión al no dejar acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ambulancias para atender a los lesionados. Según Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), varios heridos eran trasladados al hospital Vivian Pellas, pero fueron interceptados y detenidos por la policía.
El telón de fondo ha sido la reunión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que anunció en Washington ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe y un proyecto de resolución sobre el aumento de la intensidad de la represión del Gobierno de Ortega contra los manifestantes. Dicho documento incluye –sin citar expresamente al poder ejecutivo encabezado por Daniel Ortega– la "condena" por los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Sin embargo, las medidas y declaraciones de “trabajar por un ambiente de paz” tanto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, como de los miembros de la Unión Europea (UE) y de la OEA, así como la propia “Comisión de Verificación y Seguridad” no han hecho más que dar aire al deslegitimado gobierno de Ortega-Murillo. La tregua que tanto beneficia a Ortega y que ha dado tiempo para recrudecer la represión contra la población que se opone a su gobierno, es un camino abierto para redoblar la injerencia imperialista por medio de estos organismos internacionales.
Por una salida obrera, campesina e independiente para enfrentar al régimen
Si bien los dos paros nacionales han demostrado una paralización de la mayoría de los sectores económicos, esta situación confirma nuevamente que la recuperación de estos métodos de la clase trabajadora –como el paro y la huelga– deben apostarse por jugar del lado de las clases oprimidas y explotadas de Nicaragua para imponer su propia agenda y no la de los empresarios y la patronal.
Por ello, es fundamental que la resistencia del movimiento social en su conjunto vea la perspectiva de impulsar un plan de lucha, para preparar una verdadera huelga general, que incorpore activamente a todos los sectores de la clase obrera e incluya en su programa las demandas más sentidas a partir de consignas inmediatas, tales como conformación de una Comisión independiente, formada por los familiares de las víctimas de la represión, para la investigación y la justicia de los crímenes cometidos por el régimen de Ortega y Murillo; plenas libertades democráticas y de organización sindical y política; la disolución de la Policía Nacional y los cuerpos represivos, así como de los grupos paramilitares y de choque del FSLN.
Junto con ello, las demandas de los trabajadores: por un salario digno, acorde al costo de la canasta familiar, al empleo y los plenos derechos laborales; de los campesinos: por la anulación de la Ley 840 del Canal y una nueva y profunda reforma agraria; de las mujeres: contra la opresión de género incluido el derecho a decidir sobre su cuerpo sin injerencia de la Iglesia ni el Estado; de la juventud trabajadora y del movimiento estudiantil que exige aumento al presupuesto educativo.
Frente al plan de transición pactada que ofrecen los empresarios, los obispos y bajo el “visto bueno” de los representantes del imperialismo yanqui, es necesaria la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, para que el pueblo delibere y decida democráticamente sobre todos los grandes problemas nacionales, mediante representantes libremente elegidos, revocables y que ganen lo mismo que un trabajador especializado. Una Asamblea de estas características y conquistada por la movilización –garantizando su extensión y fortalecimiento en todo el país– tendría el potencial de llevar hasta el final la tarea de cambiar de raíz las instituciones corruptas y afines al gobierno (bajo un claro carácter bonapartista), algo que la Alianza Cívica y las cúpulas de la Iglesia no quieren ni pueden hacer, porque han sido sus cómplices históricos para ayudar a recomponer el régimen nicaragüense a su medida.
Las grandes necesidades de los trabajadores, los campesinos y el pueblo –salario, salud, educación, empleo y vivienda– sólo podrán resolverse articulando demandas de carácter anticapitalista y antiimperialista, como la nacionalización de la banca y las grandes empresas bajo control y al servicio del pueblo trabajador. Por ello, para frenar toda medida que implique la injerencia del imperialismo y que, busca justificarse bajo un discurso cínico de “garante y defensa de los derechos humanos”, es necesario anteponer la necesidad de la movilización independiente, combativa y en las calles como vía para lograr las demandas del conjunto de la población y frenar la subordinación de Nicaragua a los intereses del imperialismo estadounidense y el capital financiero.
