Este Viernes 31 de julio Piñera ordenó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, firmar el indulto que permite salir de la cárcel a dos militares condenados en Punta Peuco por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura.
Sábado 1ro de agosto de 2020
Los indultos fueron aplicados al brigadier Raúl Rojas Nieto (84) condenado a 7 años por el caso Caravana de la Muerte, y al oficial en retiro de la FACH, Victor Mattig Guzmán (81) condenado a 10 años y 1 día por secuestro calificado. Ambos tienen causas pendientes, no han cumplido dos tercios de la pena, tampoco han colaborado con la investigación ni han mostrado arrepentimiento por sus delitos. Desde el mal llamado ministerio de justicia evitaron referirse al hecho.
Ambos reos se encuentran internados en el hospital militar y en el caso de Raúl Rojas hace años por diversas patologías, los que en sentido estricto ya habrían salido de la reclusión y el indulto les permitiría pasar sus últimos días en sus casas. Mientras miles de presos políticos mapuche y de la revuelta están presos.
Luego de este agravio y burla del gobierno a la justicia y los derechos humanos, Piñera hipócritamente se atreve a hablar de respeto a los derechos humanos en plena cuenta pública. Una cuenta pública cargada a la criminalización de la protesta y los anuncios de inversión en logística y represión.
Un gobierno que calla las cientos de mutilaciones, torturas y violaciones perpetrados contra la protesta durante el estallido popular, y que niega las demandas del pueblo mapuche y sus presos políticos perseguidos por el Estado mientras libera a violadores de derechos humanos es un gobierno criminal que no debe estar presente en el proceso constituyente, ¡Porque sobre nuestros muertos y heridos no se negocia! Sólo una asamblea constituyente libre y soberana, sin Piñera, puede resolver las verdaderas demandas del pueblo pobre y trabajador que está pagando los costos de la pandemia y la crisis.
