En Vaca Muerta, las empresas petroleras facturan entre 1.300 y 1.400 millones de pesos diarios. Sin embargo, se llegó a la segunda ola de contagios sin la inversión necesaria para garantizar el acceso igualitario y universal a la salud de la población.
Miércoles 2 de junio de 2021 19:52
Es inadmisible que en la provincia de Vaca Muerta donde las empresas petroleras facturan entre 1.300 y 1.400 millones de pesos diarios y se espera este año una facturación de entre 400 a 500 mil millones de pesos anuales, haya personas que no tengan acceso a un respirador, a una cama en terapia intensiva y a una atención de calidad.
Garantizar una atención universal y de calidad a la población es posible si se tocan las ganancias de las empresas petroleras y las clínicas y laboratorios privados.
Se llegó al estallido de la segunda ola de contagios, que tanto el gobierno nacional como el provincial sólo reconocieron ante el colapso sanitario generalizado, pero sin tener ningún plan, sin previsión, sin tomar ni una medida de fondo para fortalecer la salud de la población, ni el sistema de salud.
Las medidas que continúa proponiendo el gobierno provincial, en consonancia con el de Alberto Fernández nacionalmente, ponen el énfasis en la circulación, estableciendo horarios y restricciones; sanciones o multas consecuentes para quienes incumplan con dichas resoluciones.
En defensa de la salud de la población
Las trabajadoras y trabajadores de la salud proponemos una salida. Porque así como la población nos acompañó y peleó con nosotros y nosotras por condiciones salariales y laborales para la atención en los hospitales y centros de salud, ahora somos nosotras y nosotros quienes seguiremos estando en primera línea en defensa de la salud de la población.
El Gobierno dice que las “medidas de cuidado” son para que la población no llegue a los hospitales, que se encuentran colapsados con las camas de terapia intensiva con 100 por ciento de ocupación y sin el recurso humano necesario.
Sin embargo, esas medidas se limitan a responsabilizar a las personas de su autocuidado, a imponer ciertas restricciones en la circulación, el uso obligatorio de barbijo, distanciamiento, lavado de manos y multas a quienes no acaten esas resoluciones.
Pero para que las personas no lleguen a los hospitales, los gobiernos nacional, provincial y municipales, deben tomar algunas medidas mínimas y elementales que permitan realmente la prevención y protección de la salud de sus familias.
Algo elemental, es la distribución masiva de barbijos quirúrgicos, elementos de higiene a todos los barrios y ciudades de Neuquén.
En Neuquén más de 30.000 familias viven en tomas en condiciones precarias, la mayoría sin acceso al agua potable y a la red de gas natural. En el camino de la realización de las obras públicas necesarias, los gobiernos tienen que garantizar el acceso al agua potable y el gas.
Para prevenir la proliferación del virus, es necesario realizar testeos masivos para conocer verídicamente cual es el número de contagios y garantizar las condiciones para que las personas puedan aislarse.
Junto con esto es necesario ampliar el plan de vacunación para toda la población. Argentina tiene la posibilidad real de producir la vacuna en el país para abastecer también a toda América Latina.
Es urgente que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience, del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman, donde se produce el principio activo de la vacuna contra la covid-19, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para concluir el proceso de envasado en el país. Así se podría garantizar que toda la población esté vacunada. Sin embargo, el gobierno nacional sigue privilegiando los negocios amigos y las directrices de los organismos financieros internacionales.
Estos días vimos al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, haciendo demagogia junto al director del hospital Castro Rendón, Adrian Lammel, donando barbijos para la unidad Covid y poniéndose a disposición del sistema de salud. Pero no hizo ni un anuncio para garantizar condiciones mínimas de prevención e higiene en los barrios de la capital neuquina. Que ponga los recursos municipales para la población más vulnerable, si quiere aportar a la emergencia sanitaria y social.
La desocupación en la provincia es del 8,4 por ciento y la subocupación del 12,7 por ciento. Es decir, el 21,1 por ciento de la población activa tiene problemas laborales.
Con la pandemia esta situación se agrava generando una profunda crisis laboral. Los gobiernos tienen que garantizar un salario de cuarentena de 40 mil pesos para quienes no puedan salir a trabajar y tienen trabajos informales o que han sido despedidos en medio de las restricciones. El decreto nacional de prohibición de despidos y suspensiones, queda en papel mojado cuando se trata de la informalidad en la que gran parte de la población trabaja.
¿Qué hacer frente al colapso de los hospitales públicos?
Cuando la población se enferma y tiene que acudir a los hospitales es necesario que estén en condiciones para garantizar el derecho de todas las personas a ser atendidas.
Ya son públicas las resoluciones del Comité de Ética del Ministerio de Salud que transforma la falta de recursos en un criterio clínico para decidir quién recibe atención y quién no. Explican que en el ámbito clínico, el principio “de maximización de los beneficios” se traduce en “el deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos”.
Las guardias y terapias intensivas están colapsadas pero decidir a quién se atiende y a quien no, no es una salida.
El colapso del sistema sanitario es estructural y para revertir el vaciamiento de la salud pública es necesario realizar una inversión presupuestaria de emergencia.
Para revertir el vaciamiento de la salud pública es necesario realizar una inversión presupuestaria de emergencia
Argentina es uno de los países que más bajas regalías cobran a las empresas petroleras. Apenas el 12 % que significa 5 mil millones. Si se les cobrará un 30 % como en el resto de los países de Latinoamérica los ingresos casi se triplicarían ingresando alrededor de 12 mil millones al mes. Pero ni siquiera esta medida elemental que toman otros países capitalistas están dispuestos a tomar los gobiernos.
Este es sólo un ejemplo que demuestra que recursos para invertir en salud hay. Sólo es necesario tener la decisión política de afectar las ganancias millonarias de las multinacionales.
El Gobierno de Neuquén tienen que establecer un impuesto extraordinario a la facturación de las petroleras mientras dure la emergencia sanitaria.
Esto es posible y con esa medida mínima se podría atraer al recurso humano que se necesita en condiciones laborales, salariales y de estabilidad, invertir en aparatología, compra de insumos, respiradores y todo lo necesario para garantizar la atención a la comunidad.
También, se podrían poner en pie hospitales modulares con unidades de terapia intensiva en todas las ciudades, que hoy no tienen camas equipadas suficientes para el nivel de contagios y de cuadros críticos.
Según declaraciones de los empresarios de la salud privada, las clínicas facturan 150.000 pesos por paciente por un día de internación en terapia intensiva. Aunque hoy esos establecimientos anuncian que también se encuentran colapsados, es necesario no otorgar ni un peso para las privadas.
Nuestra propuesta es clara: que todos los recursos de salud disponibles (públicos y privados) pasen a la órbita estatal con control de trabajadores y usuarios del sistema de salud, incluyendo laboratorios, vacunatorios, espacios de la universidad de las carreras afines, para garantizar la atención, ampliar el sistema de testeos y la vacunación. La salud es un derecho no un negocio.
La primera línea se cuida, no se ataca
En medio de esta catástrofe que se vive en los hospitales y centros de salud, los y las trabajadoras deben contar con condiciones laborales y de cuidado para estar en la primera línea de atención.
Hoy, los y las trabajadoras estamos haciendo frente a esta situación padeciendo sobre nuestras espaldas, la falta de personal, el destrato y la precarización laboral, el cansancio producto de las extenuantes jornadas laborales sin descanso, con licencias suspendidas.
En medio de este contexto, el Gobierno provincial intenta disciplinar el triunfo de nuestra lucha, con descuentos en nuestros salarios, inicio de causas penales y sumarios administrativos. Intenta callarnos a quienes denunciamos las condiciones en las que estamos trabajando con despidos como el del compañero camillero del hospital Heller.
Ganamos una primera batalla pero la pelea por condiciones laborales para hacer frente a esta pandemia continúa. No puede haber ni un solo compañero o compañera precarizada en la primera línea. Exigimos el pase a planta permanente de todo el personal eventual, contratado o tercerizado sin excepción ni listas a discreción de la burocracia de ATE.
Es urgente exigir la reincorporación del camillero despedido Carlos Aigo y el cese de las persecuciones. La anulación de todos los sumarios y causas penales y la restitución de los días de paro descontados.
No nos vamos a callar. Basta de perseguir a quienes nos ponemos al frente de la defensa de la salud de la comunidad.
Con la organización, la fuerza y la unidad de la clase trabajadora hay una salida
Los trabajadores y trabajadoras de salud autoconvocados con nuestra lucha mostramos dónde están los recursos pero también dónde está la fuerza para dar una salida a la crisis sanitaria, económica y social que vivimos.
La unidad de los trabajadores y trabajadoras junto a la población es una fuerza imparable para luchar por las condiciones laborales de la primera línea e imponer al Gobierno estas medidas que planteamos para dar una respuesta a la altura de la grave emergencia que vivimos.
Sin tocar los intereses y las ganancias de los grandes empresarios, no hay una salida a favor de la vida de los trabajadores, las trabajadoras y la población.
Así como lo hicimos los y las elefantes, hay que empezar a organizarla desde abajo, poniendo en pie cuerpos de delegados por lugar de trabajo, recuperando las juntas internas y los sindicatos, imponiendo un plan de lucha por un plan de emergencia a todos los sindicatos en el camino de la huelga general por la conquista de todas nuestras demandas.
