Mientras las grandes fortunas incluso redoblan su patrimonio, como Luksic o Angelini, la nueva encuesta CASEN revelo que en Chile la pobreza extrema se duplico, y el indice que le sigue, el de pobreza, supero el 10%, abarcando a mas de 2 millones de personas
Martes 6 de julio de 2021
Que la pandemia se gestione, con mayor fuerza, mediante orientaciones políticas y no por especialistas en temas de salubridad (que Paris ha demostrado en cada intervención pública que no lo es) tienen sus repercusiones más profundas en aquellos que menos tienen. Los trabajadores informales, subcontratados, vendedores ambulantes y comerciantes no pueden hacer teletrabajo como el resto. Esto ha conllevado que, producto del complejo escenario sanitario y las tardías medidas económicas, la pobreza en Chile aumente por primera vez en 20 años, llegando a un 10,8% (2.112.185 personas).
Lo que algunos ya preveían se hace realidad debido a la incompetencia del gobierno para contener el aumento de caso y paliar los problemas económicos con bonos que tienen más requisitos que un crédito bancario. Que la pobreza extrema se haya casi doblado (4,3% actual, 2,3% en el 2017) demuestra las nulas garantías que entrega el estado en términos de protección social.
Las justificaciones en base al contexto pandémico, que argumentan una recesión económica y menor recaudo fiscal, llevan a autoengaños y a hipocresías que carecen de fundamentos cuando vemos que las principales fortunas del país (Angelini, Luksic, Matte, Saieh) han seguido aumentando sus patrimonios y generando utilidades aún mayores que antes que iniciara la pandemia (Angelini, por ejemplo, duplico su fortuna en el último tiempo). Por otro lado, el cobre se encuentra en un máximo histórico sostenido y no se visualiza que el súperciclo del metal vaya a interrumpirse en el corto plazo, entregando una base importante del presupuesto nacional en base a Codelco y los miserables royalties a la megaminería.
No es falta de recursos para enfrentar la crisis el problema que nos aqueja, sino la nula voluntad política tanto del gobierno como de parlamentarios de distintos sectores para acordar medidas que afecten los recursos de los ricos y las empresas transnacionales (prohibición de despidos, impuesto a las grandes fortunas, flexibilización de las jornadas laborales, entre otros).
Ni la lucha formal parlamentaria, que busca la canalización e institucionalización del malestar social a través del congreso, ni las improvisadas tácticas de desgaste dirigidas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, ni tampoco los movimientos populistas con consignas acotadas y circunstanciales, han podido torcer la determinación de Piñera y los empresarios para terminar con los abusos.
Por eso, las expectativas respecto a la convención constituyente son altas para sentar bases distintas de la sociedad, no manejadas por lo que dicte el mercado y los intereses de privados, para así dar un piso mínimo de garantías sociales a los estratos económicos de menores ingresos. En desmedro de esto, el alto porcentaje de abogados/as que dirigen el proceso constitucional en curso han tomado posturas legalistas que limitan el poder y la injerencia de este mecanismo, conformándose con aparentar una “fiesta de la democracia” que buscara acuerdos con sectores aún más obtusos que el del actual gobierno.
Que esta convención tenga un carácter soberano parece cada vez más lejano, a no ser que la movilización exija que se cumpla con las demandas que terminaron desatando la revuelta del 18 de octubre.
Importante es que mientras la inversión siga creciendo para las fuerzas de represión policial, el malestar y la confrontación seguirá acrecentándose, al igual que la pobreza en el país.
