El gobierno brasileño presentó un proyecto de ley que busca esquilmar a los trabajadores para pagar la deuda a los banqueros multimillonarios.
Isabel Infanta @isabel_infanta
Miércoles 6 de noviembre de 2019 01:12
Foto I El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (c), se dirige al Congreso Nacional para entregar la primera parte de un nuevo paquete de reformas, este martes en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes, fueron personalmente al Congreso a entregar el nuevo proyecto de ataques con el que pretenden estrangular a los empleados estatales, los servicios públicos, todo el presupuesto público en nombre del "ajuste fiscal", que permita seguir pagando la deuda pública y enriqueciendo el bolsillo de banqueros multimillonarios.
El proyecto de reformas, que busca recortar miles de millones del presupuesto público y liberarlos para el eterno saqueo del pago de intereses de la deuda pública, comienza a delinearse. Desde la aprobación de la reforma previsional en el Parlamento, el gobierno de Bolsonaro se prepara para avanzar en el desguace del Estado. Guedes hace mucho venía anunciando la monstruosa proporción de ajustes fiscales y privatizaciones pero solo ahora con el proyecto cerrado es posible empezar a visualizar concretamente las dimensiones del ataque pretendido.
Este martes fueron presentadas tres propuestas de enmiendas constitucionales. Una enmienda de emergencia, que busca reducir gastos obligatorios, una enmienda al pacto federativo, que modifica la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios, y una enmienda que busca revisar los fondos públicos.
La enmienda de reforma administrativa, que modifica las reglas del empleo público, quedará para los próximos días. También serán presentadas más adelante un paquete de estímulo al empleo, un proyecto de ley para acelerar las privatizaciones y la primera fase de la reforma tributaria, que creará el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) dual.
Enmienda constitucional de emergencia
El techo de gastos aprobado durante el gobierno de Michel Temer preservó los gastos obligatorios, es decir, salarios, inversiones en salud y educación. La nueva medida de Bolsonaro profundiza los cortes. Están previstas la reducción temporal de la jornada laboral y de salarios a los empleados públicos, así como la anticipación de las medidas emergenciales de ajuste en caso que no se cumpla el techo de gastos.
Se crea el "estado de emergencia fiscal", un mecanismo de "estado de excepción" en el que los gobernadores podrán arbitrariamente congelar pagos, incluso reajustes salariales y reducir jornadas y salarios.
Otro escándalo es la maniobra contable que metieron para que los gastos en jubilaciones de empleados de la salud y educación sean incorporadas en el presupuesto de las áreas. Esta medida significa un brutal recorte ya que ocuparía buena parte del presupuesto de esas áreas.
Cambios en el pacto federativo
El pacto federativo es el acuerdo entre Nación, estados y municipios que establece la manera en que se dividirán deberes e ingresos.
Uno de los puntos principales del paquete es el denominado "DDD": desvincular, desindexar y desobligar. A través de una flexibilización mayor del presupuesto, el gobierno busca desvincular el mayor porcentaje posible de los gastos obligatorios, casi 90% de los recursos presupuestarios. Entre las partidas obligatorias están las inversiones en salud y educación.
Enmienda de los fondos públicos
Esta enmienda revisa 281 fondos públicos actualmente no constitucionales, cuyos recursos tienen un destino específico. La medida permitiría su uso para el pago de la deuda pública. Entre los que pueden ser afectados están el FunPen (Fondo Penitenciario Nacional), el Fust (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones).
Distintas medidas, un objetivo: el desguace del Estado
Todas estas iniciativas buscan promover el desguace del Estado para liberar recursos al pago de la deuda pública. En la agenda neoliberal de Guedes, la misma que provoca el enorme repudio de la población chilena en enormes movilizaciones, las imposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del techo de gastos no son suficientes para drenar recursos del Estado hacia el capital financiero, por eso busca desangrar a los empleados públicos y al conjunto de la población.
