La noticia se supo horas antes de comenzar la feria judicial en la provincia. Las víctimas acusaron al arzobispo de Paraná, Juan Puíggari, de presionar a los sacerdotes que las respaldan. Si mantiene su “doble juego”, advirtieron que pedirán su renuncia.
Sábado 11 de julio de 2015
Inesperadamente, a última hora del viernes, la jueza Paola Firpo comunicó a las partes el procesamiento del cura Justo Ilarraz en la causa caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.
La decisión tomó a todos por sorpresa, dado el dilatamiento que venía imprimiéndole Firpo, quien, en las últimas semanas, había sumado otro hecho curioso a los anales de la relación entre la Justicia y la Iglesia, al entrevistarse, en la sede del Arzobispado de Paraná, con Juan Alberto Puíggari, para que éste confirmase la veracidad de una carta aportada por Ilarraz. La máxima autoridad del clero local, aunque no está acusada, se encuentra en el ojo de las críticas por haber colaborado en el encubrimiento de los delitos denunciados por siete exseminaristas.
Asimismo, como parte de su estrategia defensiva, el exobispo de Mar del Plata, recientemente, cuestionó a los medios de comunicación porque, a su entender, montaron “un show mediático” ante la visita de la magistrada. Una de las preocupaciones de Puíggari ronda en torno de su secretario privado, el cura Mario Gervasoni, a quien se le abrió una causa por falso testimonio, luego de no haber aportado todo lo que sabía del caso al momento de declarar.
Como una onda expansiva, el procesamiento de Ilarraz se difundió cerca de las 21 de ayer, a partir de la comunicación verbal hecha por el secretario del Juzgado de Transición N° 2, Carlos Hugo Ríos, al fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull. Según el sitio Entre Ríos Ahora, Montrull precisó que “el procesamiento implica probabilidad de existencia del delito. Es solamente una probabilidad. Pero esa probabilidad implica que se cierra otra etapa procesal, y deja habilitado el camino para que yo pida elevación a juicio. Esa será la pieza formal de la acusación contra Ilarraz”.
En el entorno de las víctimas lo tomaron positivamente en medio del escepticismo que los domina a raíz del vínculo entre la jueza Firpo y el Arzobispado de Paraná. A mitad de semana, el sacerdote Leonardo Tovar, párroco de San Benito Abad, había rezado frente a los Tribunales locales, como forma de manifestación para que la causa se active.
En diálogo con el periodista Ricardo Leguizamón, Tovar apuntó directamente contra Puíggari: “Quiero que la gente sepa, que sepa que hay cosas que no se dicen. Sé que esto causará dolor y división en el clero. Pero hay que decirlo, Puíggari está mintiendo. En mi caso, por intentar ir con la verdad, he sido implícitamente perseguido y excluido, y mi comunidad se ha visto resentida”.
Justamente, ante esta denuncia de persecución, fuentes autorizadas señalaron que el apoyo de las víctimas a los curas Tovar y José Dumoulín -clave a la hora de que se concrete la denuncia contra el sacerdote Marcelino Moya- es “total”: “Apoyamos a los padres en su búsqueda de la verdad. Si Puíggari continúa con el doble juego de decir algo a los medios y hacer otra cosa hacia adentro, como presionar a los sacerdotes, nosotros mismos, con muchos otros fieles, pediremos formalmente su renuncia”.
La causa
El 14 de septiembre de 2012, el caso vulneraba, por medio de la revista Análisis, el dique eclesiástico. Ilarraz era el centro de una denuncia de ex seminaristas -se estima que pueden llegar a 50- que manifestaban su preocupación porque el cura seguía en actividad, en ese momento, en Monteros, Tucumán.
Los hechos que constan en la causa se produjeron entre fines de los 80 y principios de los 90. Por los mismos, a mediados de esta última, el entonces arzobispo Estanislao Karlic llevó adelante un simulacro de juicio diocesano, por el cual envió a Ilarraz a estudiar a Roma en lugar de hacer la denuncia ante la justicia ordinaria.
A contracorriente de una institución en la que prima la opacidad y la lentitud, los sucesos se encadenaron vertiginosamente. El procurador general de Entre Ríos, Jorge García, abrió de oficio una investigación. A su vez, forzado, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado tratando de deslindar responsabilidades y reconociendo a regañadientes los hechos. Después, la pericia de la Iglesia en este tipo de situaciones y las estratagemas de los abogados del sacerdote, con la anuencia de jueces adictos, en una sociedad atravesada por la institución eclesiástica, lograron que su avance quede trunco. Hasta que a fines de 2014, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos determinó que los abusos no prescribían.
Este año Ilarraz estuvo dos veces frente a Firpo. En la primera oportunidad, se abstuvo de declarar. En la segunda, desmintió al cardenal emérito Karlic, quien había declarado que el cura le había reconocido los abusos y le había solicitado el perdón canónico.
En medio de una lluvia de denuncias por hechos del mismo tenor en diferentes diócesis, no sólo Ilarraz queda en el centro de la escena a partir de ahora, sino también la responsabilidad de la cúpula católica al encubrir este tipo de delitos.
