OPINIÓN. ¿Es posible que los recursos naturales los gestionen los trabajadores?

¿Por qué renacionalizar el cobre?

Los recursos naturales, en especial el cobre, tienen importancia central para el conjunto de la economía chilena, la actividad minera representa el 10% del PIB del país y casi el 50% de las exportaciones. Pero además es relevante en el debate del distrito 3, porque Antofagasta es la capital minera.

Cada día, miles de trabajadores en nuestra región extraen, trasportan y embarcan el oro rojo, que sólo ven pasar por sus manos, como los años y las huellas del trabajo pesado, sin que todo ese sacrificio les permita llevar una vida tranquila y sin necesidades, a la gran mayoría de ellos, a sus familias y sus comunidades. Es tan brutal el saqueo, que cientos de trabajadores finalizan su vida con enfermedades como cáncer y silicosis, además la población de Antofagasta vive la contaminación del agua, el mar y el aire, siendo una de las ciudades con más alto índice de cáncer y plomo en el cuerpo.

Antofagasta, es una de las ciudades más caras para vivir, con mayores índices de desigualdad y alta tasa de migrantes, que viven en condiciones de extrema pobreza.

Además, se puede señalar que la contaminación, la mala calidad del empleo para dos tercios de los trabajadores de la minería, la discriminación hacia las mujeres trabajadoras, ofreciéndoles los puestos más precarios con una brecha salarial que llega casi al 40%, el desamparo de los niños, la educación y la salud de mercado, y la delincuencia son parte de una realidad que está lejos de ser resuelta por la gestión del gobierno de turno.

Ese es el resultado de la gestión empresarial de los recursos naturales. El 71% de la producción minera está en manos privadas, desde trasnacionales como la británica Anglo American, dueña de Mantos Blancos, la anglo australiana BHP Billiton dueña de Escondida hasta Antofagasta Minerals, donde el Grupo Luksic es dueño del 70% de su propiedad. Desde que Pinochet comenzó a privatizar los recursos naturales, han saqueado salvajemente. Solo el 2016 las multinacionales sacaron de Chile más de US$ 22 mil millones de dólares y pagaron US$ 300 millones de dólares de impuesto, lo que equivale al 1, 3% de sus utilidades.

Esta situación está protegida por partidos políticos tradicionales que han gobernado por 27 años. La Nueva Mayoría y Chile Vamos, que son financiados por empresarios que dictan la letra de la ley favoreciendo su sed insaciable de ganancias, en desmedro de la calidad de vida de la clase trabajadora y sus hijos. La santa alianza que sale a la luz con los casos de Penta, SQM y otros, mientras en elecciones descarada y demagógicamente se paran frente al pueblo y les hablan de la distribución de la riqueza, eso sí, no considerar lo que saquean, sino solo la distribución de las migajas que dejan los grandes empresarios. Estos políticos son los encargados de la gestión empresarial.

De otro modo ¿cómo se explica que el Royalty en Chile sea sobre las utilidades y no sobre las ventas? Los empresarios siempre aseguran que reinvierten todo y que nunca tienen utilidades, por lo tanto, extraen las riquezas, dejan la contaminación, ofrecen trabajo pesado y precario para la mayoría de los trabajadores, a través del régimen de subcontratación, sin pagar impuesto reales en Chile y pero en su país de origen, como lo hace BHP Billiton, llegan a pagar impuestos de hasta un 40%. Es decir, riquezas hay para garantizar los derechos sociales de la región y del país, el problema es que son destinados a engordar los bolsillos de los capitalistas.

Por otra parte, cabe destacar que Codelco, la cuprífera estatal, no se queda atrás. Es el 29% de la minería y realiza el aporte más importante al Estado, sin embargo su distribución tiene lógica empresarial. Cada año realiza el aporte reservado del 10% de las ventas, directo a los bolsillos de las Fuerzas Armadas, y de paso a los fraudes y desfalcos de violadores de derechos humanos. El presidente de Codelco, Nelson Pizarro, recibe un sueldo bruto anual de $444.278.022 pesos.

Es evidente que la dictadura permitió el saqueo de los recursos naturales, pero también que la tendencia a la privatización del cobre ha ido en aumento en los años de democracia.

¿Es posible que los trabajadores controlen la producción y distribución de la riqueza?

Más allá de que es posible demostrar con hechos históricos que los trabajadores somos capaces no sólo de producir, sino de planificar y gestionar la producción, como con las experiencias de los Cordones Industriales en los años 70 en Chile, de la actuales fábricas recuperadas como Fasinpat (ex Zanon) en Argentina, que dio diputados obreros que usaron sus bancas parlamentarias como tribuna para las luchas de la clase trabajadora y sirvieron de ejemplo para otras empresas como la ex Donelley, ahora Madygraff y ¿por qué no nombrar el ejemplo que dieron en Rusia hace 100 años cuando se pusieron a la cabeza de dirigir una sociedad.

Incluso contra la autoridad de los expertos técnicos que cobran millones por asesorías de copy/paste, es una verdad indiscutible, que si mañana los patrones, los altos ejecutivos y los gerentes no van a la mina, la producción continúa. Sin embargo, no es lo mismo si son los trabajadores quienes se ausentan a su lugar de trabajo, ahí la producción se paraliza. Así lo demostró la larga huelga de Escondida con la que los medios de comunicación empresarial buscaron responsabilizar a los trabajadores por el débil crecimiento económico.

Lo que hace evidente es que los trabajadores son el motor de producción y las transnacionales son quienes, evadiendo impuestos y precarizando la vida de los trabajadores y la comunidad, se llevan toda la riqueza, dejándonos la miseria y la contaminación.

Quienes levantamos estas candidaturas independientes hemos acompañado las luchas de los mineros de Escondida, a los contratistas de Codelco, quienes luchando por actualizar el Acuerdo Marco recibieron cómo única respuesta a sus legítimas exigencias la represión y el asesinato de Nelson Quichillao a manos de Fuerzas Especiales de Carabineros.

En cambio, esos trabajadores que organizados luchan por sus intereses han sido los únicos que con sus grandes luchas y sacrificios han conquistado hasta el más mínimo derecho social.

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Por eso nuestra confianza no está en la alianza con los partidos que hacen privilegios de administrar la herencia de la dictadura, sino en quienes son el motor de la sociedad y, por lo tanto, quienes no sólo pueden garantizar que la producción continúe mañana mismo sin los patrones ni gerentes y bajo la dirección del trabajador más antiguo o con más experiencia, sino que pueden resolver íntegramente los problemáticas sociales de la mano de la organización con las comunidades y en relaciones de cooperación y no de competencia irracional.

Confiamos en “los viejos y viejas”, en los trabajadores de Escondida, en los de Los Bronces, que han ganado derechos colectivos para mujeres y la diversidad sexual; en los miles de contratistas de Chuquicamata Subterránea, que trabajan en condiciones de mala ventilación con polvo en suspensión y altas temperaturas, para montar la joya de Codelco; en los trabajadores de la industria que le sirve a la minería, los trabajadores de trasportan el mineral, a quienes lo limpian para su venta, a quienes lo embarcan en los puertos, a quienes producen el alimento para que se siga trabajando, en los docentes que ejercen con el hacinamiento, stress y agobio para preparar a las futuras generaciones, en todos aquellos que reciben un salario para vivir, que contribuyen para el funcionamiento de esta sociedad, en ellos tenemos puesta la confianza.

Y los llamamos a levantar una fuerza social para enfrentar a la derecha y a los empresarios, a tomar la política en sus manos, porque pueden hacerlo, porque es necesario para hacer frente a la expoliación de los recursos naturales, a la falta de derechos sociales y la depredación del medio ambiente.