El “gobierno más progresista de la historia” profundiza la escalada represiva para impedir todo cuestionamiento a una gestión de la crisis que no hace más que profundizar las contradicciones y padecimientos sociales en medio de la pandemia. ¿Podrá la represión contener el malestar de una juventud sin nada que perder?
Viernes 19 de febrero de 2021
Las movilizaciones en defensa de la libertad de expresión y por la absolución de Pablo Hasél cuestionan por izquierda al Gobierno del PSOE-UP. Fuego real en Linares, maniobras para devolver a los presos políticos catalanes a prisión, el encarcelamiento del rapero, la expulsión del periodista de TVE, la prohibición de las manifestaciones de pensionistas y grupos de izquierda, las cargas policiales, y la detención de manifestantes… El “gobierno más progresista de la historia” profundiza una escalada represiva sin precedentes para impedir todo cuestionamiento por izquierda. ¿Podrá la represión contener el malestar de una juventud sin nada que perder?
El “Gobierno progresista” ha seguido la línea del conjunto de los países europeos de gestionar la pandemia con medidas restrictivas y policiales, sin reforzar la sanidad pública y dejándolo todo a la responsabilidad individual. El carácter de clase del ejecutivo y su gestión de los intereses imperialistas del capital español en terceros países se expresaron con toda su crudeza ante la negativa del Gobierno de liberar las patentes de las vacunas y expropiar la sanidad privada en un contexto de crisis sanitaria con miles de fallecidos evitables. Asimismo, a esto se le suma toda la política de rescate directo e indirecto de las empresas del IBEX-35 y de blanqueamiento de la monarquía, mientras, se deja a su suerte al conjunto de la clase trabajadora.
El miedo a la pandemia y la política conciliadora de las direcciones sindicales parecía estar conteniendo toda expresión de malestar. Sin embargo, el encarcelamiento de Pablo Hasél (el enésimo condenado por un delito de libertad de expresión), ha sido el detonante que ha movilizado a numerosos jóvenes en las principales ciudades del Estado. Una juventud a la que se ha echado la culpa de los contagios y que alcanza niveles de paro del 50%, a la que de la noche a la mañana se le ha prohibido todo, en la que cada vez se extiende más la depresión y la ansiedad y cuya segunda principal causa de mortalidad, después de los accidentes de tráfico, es el suicidio.
Es en este contexto en el que hay que enmarcar las declaraciones de Pedro Sánchez en las que afirmaba este viernes que "en una democracia plena resulta inadmisible el uso de la violencia", sus socios de gobierno también han amparado la actuación policial, el secretario general del PCE afirmaba en Twitter que la Policía Nacional de su Gobierno tiene que “evitar que una pequeña manifestación acabe en un caos”. El cinismo progresista omite no sólo la violencia estructural que padecen los jóvenes día a día, sino la política policial y la escalada represiva de su gobierno.
Estas protestas ponen en evidencia la impostura del gobierno “progresista” en una de sus promesas más elementales, acabar con la Ley Mordaza y otros artículos del Código Penal que son instrumentos para la persecución de la libertad de expresión, como el de injurias a la Corona o enaltecimiento del terrorismo. Ni siquiera estas demandas democráticas básicas han sido aprobadas por el “gobierno más progresista de la historia”. Por eso hay raperos en la cárcel o el exilio, periodistas y tuiteros multados en el banquillo, y un largo etcétera.
Tampoco puede este Gobierno separarse de la represión a los luchadores. Son ellos los responsables directos de buena parte de la represión. La Delegación del gobierno en Valencia, el martes, o en Madrid, el miércoles, fueron las que dieron la orden para que la Policía Nacional reprimiera a los manifestantes.
Los medios hegemónicos, siempre detrás del escudo de los antidisturbios, se han unido a esta campaña de criminalización de la protesta y la juventud, cerrando filas junto a la violencia policial. Los distintos argumentos demagógicos sobre la “democracia” y la violencia omiten que ha sido la Policía Nacional la que disparaba con fuego real el pasado fin de semana contra vecinos de Linares, que protestaban ante la paliza impune de dos policías a un vecino en un bar, y ante su acoso a la hija de este mismo vecino.
Lo sucedido en Linares no tiene nada de “caso aislado”. Las semejanzas con el caso de Altsasu (donde por una pelea de bar varios jóvenes vascos terminaron presos varios años) no son desdeñables. No olvidemos tampoco los recientes vídeos que circularon por redes sociales de agentes golpeando a un grupo de jóvenes “por su estética” que paseaban por las calles de Madrid. No son casos aislados de agentes concretos, sino el papel que realmente cumple la policía como cuerpo represivo del Estado.
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Por si estas buenas dosis de democracia burguesa no fueran suficientes, no se puede dejar de abordar el caso catalán. A estos casos se le suma el que hace unos días la Fiscalía del Gobierno reclamara el ingreso inmediato en prisión de los presos políticos catalanes y la anulación ipso facto del tercer grado. Otra intromisión de la justicia dentro del proceso electoral catalán. De esta forma, la Fiscalía del "gobierno más progresista de la historia" continúa con la represión judicial del pueblo catalán. Los presos políticos habían salido de prisión disfrutando de tercer grado al haber cumplido el 25% de su condena. Es decir, nada de libertad, sino que se hace efectivo un derecho que tiene cualquier persona presa. Pero este derecho parece que no es posible para los Jordis y los antiguos consejeros del gobierno de Carles Puigdemont. La venganza del Régimen del 78 contra el mínimo movimiento del pueblo catalán se hace patente.
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Durante la pandemia la Delegación de Gobierno del PSOE y UP también ha prohibido las manifestaciones de la izquierda social mientras permitía las de la derecha. Las últimas manifestaciones de grupos falangistas y neonazis han causado enorme indignación, mientras el Gobierno prohibía una manifestación de pensionistas y otra en defensa de los servicios públicos, convocada por más de 100 organizaciones. Gobierno progresista y ultraderecha se hacen el juego mutuo: la ultraderecha se muestra como la única oposición al gobierno y el gobierno como la única oposición a la ultraderecha. Sobra decir que es el mismo gobierno social-liberal el que alimenta a la ultraderecha con su política de salvataje a las grandes empresas, mientras hace crecer el malestar social para la clase trabajadora y los sectores populares.
Tenemos un Congreso de Diputados que no investiga al emérito, un gobierno que cubre su fuga y además paga sus gastos. Mientras el conjunto de los ministros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos secundan la brutal represión de su Policía Nacional. Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios tampoco dicen nada, ni hacen nada. Las organizaciones sindicales de la clase trabajadora, las organizaciones políticas de izquierda como la CUP y las sociales no podemos permitir estos atropellos y deben ser enfrentados en las calles. La iniciativa de ocuparlas no se le puede regalar a la derecha.
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Urge pelear en las calles y en centros de trabajo por la construcción de una izquierda anticapitalista y con independencia de clase, que pelee junto a la juventud, las mujeres, los migrantes y los y las trabajadoras por la superación de este sistema capitalista que nos conduce a cada vez mayor represión como única forma de contender el malestar originado por él mismo.
