Surge de los audios de una conversación entre el juez, Pablo Baca, y una mujer de su confianza que fueron publicados en el sitio El Cohete a la Luna. El escándalo de sus afirmaciones impunes confirma la denuncia del Ceprodh junto a organismos de derechos humanos y los diputados del PTS en el Frente de Izquierda: Morales armó un régimen policíaco en Jujuy.
Domingo 26 de enero de 2020 22:36
Se dio a conocer a través de un artículo de la periodista Alejandra Dandán publicado en El Cohete a la Luna una filtración de audios donde se escucha al Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), Pablo Baca, hablando con una mujer que mantuvo su anonimato sobre las causas iniciadas contra Milagro Sala.
Se trata de una confesión escandalosa de lo que desde hace ya 4 años se viene denunciando en la Provincia de Jujuy: su carácter de presa política y la finalidad de disciplinar a la clase trabajadora, a la juventud y a los opositores que se manifestaban en las calles, a través de múltiples procesos judiciales –absolutamente viciados de arbitrariedad y nulidad-.
Pablo Baca, asumió la presidencia del STJ en diciembre de 2019,como reemplazante deClara Langhe de Falcone una de las piezas claves del gobierno ya que contaba con mayoría propia, dejando a jueces del PJ en minoría dentro del tribunal, en su debut continuó la línea criminalizadora que viene teniendo el órgano, rechazando –entre otras causas de evidente inconstitucionalidad- las apelaciones hechas por la defensa de Milagro Sala en la causa conocida como “Pibes Villeros”, ratificando su condena.
Algo escandaloso considerando que, tal como queda expuesto en uno de los pasajes del audio, Baca no puede afirmar la existencia de la firma de Milagro Sala en ninguno de los documentos utilizados como prueba en el proceso abierto por desvíos de fondos del Estado.
Las declaraciones hechas por Baca, subidas en la nota antes mencionada, no permiten dudar del carácter arbitrario de la detención y encarcelamiento de la referente de la Tupac Amaru pero son a su vez muestra evidente de la finalidad que con ello se buscaba: disciplinar a los movimientos socialese ir haciendo extensiva la persecución contra los enemigos estratégicos de la casta política y empresaria, quienes reclamaban por derechos estructurales y todo aquél que pretendía cuestionar sus medidas reaccionarias.
A lo largo de los audios se puede escuchar claramente como en los fallos del Superior tenía “que estar acomodando, cosas difíciles de acomodar”. Algo que fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los juicios iniciados contra trabajadores, sindicatos, estudiantes y referentes de la oposición.
Es necesario recordar que fue a comienzos de 2016 que entró en vigencia el Código Contravencional, escrito por el peronismo durante el gobierno de Fellner y votado junto al radicalismo, una herramienta fundamental de disciplinamiento social que aún hoy sigue siendo utilizado contra todo reclamo estudiantil, popular y obrero. Frente al amplio repudio de este Código, los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto para su derogación, sin embargo, los legisladores del oficialismo y del PJ utilizaron su mayoría para que el proyecto no ingresase al recinto para su tratamiento.
Internas de un régimen policíaco
En la conversación también se alude a una interna abierta dentro del poder judicial local que ha ido en ascenso desde la creación del Ministerio Público de la Acusación (paralelo al Ministerio Público Fiscal), presidido por Sergio Lello Sánchez, quien estuvo detrás del armado de las causas penales contra Milagro Sala. Allí Baca confirma que la Ley que creó el organismo le otorgaba a Lello facultades completamente abusivas, pero ese no era el problema si no la presión que viene ejerciendo sobre la corporación judicial, “Hay un exceso. Hay que ponerlo en caja al Lello, un poco con el Superior Tribunal. Yo no quiero. Todos quieren ponerlo en caja, sometido al Superior. Pero yo no puedo dejar que lo maltraten mucho porque es del equipo”.
Mientras transcurren las internas entre los funcionarios de la UCR con cargos dentro de la justicia, el régimen policíaco sigue actuando –a través de sus fiscales, funcionarios administrativos con facultades de juez y la propia policía-, y con el aval del peronismo. Así persiguen a la juventud de los barrios populares, a los estudiantes como el caso de los CEIJA, a las y los vendedores ambulantes, los integrantes de las comunidades originarias y a los trabajadores, como salta a las claras con el juicio –próximo a realizarse- contra sindicatos y organizaciones políticas como el PTS en el Frente de Izquierda que salen a enfrentar al gobierno en las calles.
Como sostuvieron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.) cuya referente más reconocida es la actual diputada del PTS-FIT por la Ciudad de Buenos Aires Myriam Bregman, en el 2016 se daba inicio a un verdadero “régimen policíaco”, un denominado “laboratorio de la represión y el ajuste” que, cuatro años más tarde, los mismos jueces del Gobernador lo confiesan con total impunidad.
