Tomando una ordenanza del rectorado de González del 2002, el rector de la UNC convocó a empresarios, burócratas sindicales y a una fundación ligada a empresas para conformar un Consejo Social Consultivo.
Jueves 23 de junio de 2016
El pasado Jueves 16 de Junio, mediante una resolución rectoral (RR 1047/2016), Juri puso en funcionamiento el Consejo Social Consultivo conformado por, hasta ahora, cinco miembros de diferentes organizaciones faltando decidir quién se sumará por la ONG “Fundación Inclusión Social”.
Los miembros de este órgano provienen de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), el Ente Intercomunal del Norte de Córdoba, la CGT Regional Córdoba, la Asociación de Psiquiatras Argentinos Regional Córdoba y Córdoba Technology Cluster. En una próxima nota desarrollaremos uno por uno quienes serían los representantes y qué intereses defienden estos espacios.
Esta medida sería parte de la reforma que busca implementar Juri donde se incorporarían transitoriamente al Consejo Superior tres miembros de los diferentes sectores (empresarios, sindicatos y fundaciones) con voz pero sin voto para luego, en Asamblea Universitaria, reformar los estatutos de la UNC y que sean miembros plenos de este órgano.
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La figura de Consejo Social Consultivo fue creada en el año 2002 bajo el rectorado de Jorge González mediante la Ordenanza 7/2002 pero desde hace años no viene funcionando. El órgano de consulta había sido creado con el objetivo de que la universidad, en un marco de crisis económica, pueda recibir fondos de diferentes empresas a cambio de pasantías gratuitas o aportes de conocimiento bajo el slogan de un compromiso social en donde los únicos beneficiarios son las mismas empresas que gozarán de un pago a cuentas de impuestos. Este beneficio a empresas que se da en un marco de brutal ajuste con aumentos en los servicios para la amplia mayoría de la población, está contemplado dentro de la misma ordenanza.
A su vez, la ordenanza afirma que “los sectores de la producción y la industria, de actividad comercial y profesional (…) interactúan con la Universidad directa o indirectamente sin que a la fecha esas vinculaciones dispersas se hayan organizado para diversificar su campo de actuación y aumentar su efectividad.” Es decir, busca que las empresas puedan aumentar sus vínculos con la universidad actuando, interfiriendo incluso en los conocimientos producidos. No es casual que se base en la menemista Ley de Educación Superior que prevé “consejos sociales” para interferir en la educación universitaria.
Hoy, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, alineado con el radicalismo y el PRO, trae una medida de esta gestión en la que, según el reglamento de este Consejo Social Consultivo (resuelto por Resolución Rectoral 1546/02 y aprobado por el Consejo Superior en el 2002) son designadas diferentes personas por las propias instituciones convocadas por el rector pudiendo integrarse nuevos miembros de dichas instituciones. A su vez, estos “Consejeros Sociales”, según su denominación, tendrán como función asesorar a las autoridades universitarias sobre “las necesidades específicas de la comunidad”. Siendo en su mayor parte sectores del empresariado, queda claro a qué necesidades se refiere. Incluso, en su Artículo 9, el reglamento establece que este Consejo Social “favorecerá todo tipo de acciones académicas, productivas y de investigación, extensión universitaria y transferencia tecnológica y científica, en acuerdo con distintas organizaciones”.
No conforme con ello, la medida sostiene que una de las funciones de este Consejo Social es “Contribuir a generar convenios para que los alumnos de la Universidad puedan realizar prácticas, pasantías, estadas y/o sistemas de alternancia con las organizaciones de la comunidad (políticas, económicas, productivas etc.) tanto del ámbito privado o público (nacional, provincial o municipal)”. Es decir, un nuevo avance en el plan de mayor precarización laboral al estudiantado en el marco de la reciente aprobación del “Programa de Compromiso Social Estudiantil” que abre la puerta a nuevas pasantías en el ámbito privado, algo que Juri y la Franja Morada se esfuerzan por negar pero demuestra todo lo contrario.
De la resistencia al pacto
Uno de los principales sectores que se jactaron de su oposición a Juri como es el kirchnerismo de Cambio Universitario con La Bisagra como su pata estudiantil aún no han dicho nada respecto a esta medida siendo que esta fuerza estudiantil conduce siete Centros de Estudiantes y tienen tres consiliarios. “No dicen nada porque hay un gran pacto entre kirchneristas y radicales donde muchos empresarios y burócratas sindicales que se suman a este Consejo son del propio kirchnerismo como es el caso del burócrata repudiado por las y los docentes Juan Monserrat. Aún La Bisagra con sus siete Centros de Estudiantes es servil a este avance neoliberal de Juri y no pone estos espacios a disposición de la lucha por la educación pública. Sólo podemos contar con nuestra autoorganización y la lucha para que este plan neoliberal dé marcha atrás” sostuvo Candela Guzmán, consejera directiva por la Juventud del PTS en la Facultad de Filosofía y Humanidades.
A su vez, la consejera de izquierda repudió esta resolución afirmando “Esta medida que proviene del rectorado de González, sólo busca meter aún más a las empresas y burócratas sindicales en la universidad, poniendo a su servicio nuestros conocimientos. Esta política es lo que viene impulsando a nivel nacional el gobierno de Macri reduciendo el presupuesto a la educación con un ajuste brutal, mientras los empresarios son los grandes beneficiaros. En lugar de exigir un aumento de presupuesto al 10% como venimos planteando desde el Frente de Izquierda, buscan que las empresas sean quienes financien nuestra educación y, a cambio, reciban pasantías y mano de obra gratuita de parte del estudiantado. A su vez, esta medida es la continuidad de las alianzas entre la universidad con las empresas que existen hace varios años y se profundizaron bajo las gestiones kirchneristas para que ahora Juri avance aún más mercantilizando la educación”.
Las y los jóvenes de la izquierda universitaria convocaron a movilizarse a la próxima sesión del Consejo Superior a realizarse el martes 28 a las 17 h en repudio a esta medida.
