Coronavirus. Escandaloso: Gobierno permitirá a empresas extranjeras lavarse las manos ante eventual riesgo sanitario por vacunas

Esta semana, el gobierno de Chile firmó contratos que liberan de responsabilidades legales a los laboratorios que se les compró millones de dosis de vacunas contra el covid. “No hubo alternativa” dicen. De forma más puntual, los laboratorios quedan eximidos de enfrentar demandas u otras acciones legales ante los eventuales efectos secundarios y riesgos que sean producto de la vacuna, pero será el Estado quien responderá. Los fabricantes quedan protegidos. Lo mismo pasó con el gobierno británico, ahí, el director general del laboratorio Pfizer “rehusó explicar por qué la compañía necesita una protección legal”.

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Frente a esta situación, desde el Ministerio de Salud (Minsal), no hubo otra opción, pues los fabricantes de las vacunas establecieron las mismas condiciones en todos los países donde han hecho contrato. Las excepciones son en caso de negligencia o dolo por parte de la farmacéutica, es decir, en el caso de que un laboratorio detecte, ya sea en su fase de investigación, ensayo, producción o el seguimiento posterior una vez iniciada la comercialización de la vacuna, que ésta fue producida bajo estándares incorrectos, o que acuse un potencial efecto dañino y no se tomen medidas o que no se le avise a los gobiernos compradores.

Cuando se comience a vacunar se informará a las personas los eventuales efectos del fármaco. En dicha situación, las personas al inocularse no deberán firmar ningún tipo de documento que exima de responsabilidades a los fabricantes, ya que los contratos de compra que ya ha firmado el gobierno les blindan judicialmente a las farmacéuticas, además de que estas vacunas serían voluntarias. Las vacunas contra el COVID-19 se han hecho en 11 meses, en comparación con los años que toman estos procesos. Por ejemplo, luego de diez años, un prototipo de inmunización contra el VIH ha llegado a la última fase de ensayos, pero en el 2009, los ensayos de aquel entonces tuvieron que ser cancelados, ya que descubrieron que sólo evitaba un 30% las infecciones.

Pandemia, vacunas y el negocio de la salud

Este jueves, el diario The Independent del Reino Unido, destacó en su titular, que el gobierno británico protegió al laboratorio Pfizer de acciones legales en su contra. El medio relató en una rueda de prensa que Ben Osborn, director general de Pfizer en ese país, se negó a explicar por qué la compañía necesita protección legal en cuanto a lo que pueda pasar como consecuencia de la inoculación.

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Resulta curioso que sea en este tipo de situaciones, que el empresariado del mundo farmacéutico busque la presencia o mediación del Estado, que es cuando requiere que éste tome la responsabilidad legal de posibles efectos secundarios adversos de las vacunas que ellos como industria producen. Más aún, mirándolo desde otra perspectiva, resulta aún más curioso que los distintos gobiernos, en especial el de Piñera, estén dispuesto a hacerse cargo de estas consecuencias, de la aplicación de una vacuna muy reciente, pero no de sostener un sistema de salud público de calidad y de acceso irrestricto que sea capaz de responder y dar abasto al tratamiento de las y los contagiados de Covid, o de siquiera idear o aplicar planes sanitarios acorde a la necesidad del pueblo pobre y trabajador (en vez de represión y estado de excepción extendido) y no de los empresarios que no están dispuestos a dejar de ganar un peso, aunque eso cueste la vida de miles y millones.

Enfrentar esta crisis sanitaria y buscar una solución a la pandemia, no se harán de la mano con los empresarios, los mismos que ven este derecho básico y la misma vacuna como un negocio, sino la organización del conjunto de las y los trabajadores, tanto de salud como del resto de los sectores, quienes son las y los que viven las miserias de un sistema precarizador heredado de la dictadura de Pinochet.