La industria de la salud privada se encuentra en estos momentos en una de las mayores crisis que ha enfrentado, esto producto del fallo emitido en noviembre de 2022 por la Corte Suprema en que ordena a las instituciones de salud previsional (ISAPRES) devolver a los afiliados los cobros excesivos aplicados a través de las tablas de riesgo que discriminan a mujeres en edad fértil, ancianos y enfermos crónicos o catastróficos.
Jueves 12 de octubre de 2023
Esta cifra fue estimada inicialmente por la Superintendencia de Salud en 1.400 millones de dólares, los cuales debían ser devueltos a sus afiliados en un plazo de 6 meses según lo dictaminado por la Corte, sin embargo la semana pasada la Tercera Sala de la Corte Suprema accedió a la petición de prorrogar por seis meses más la aplicación del fallo del máximo tribunal del país.
Dentro de las ISAPRES más afectadas están Banmédica y Cruz Blanca, dos de las instituciones con mayor cantidad de afiliados en el país (699.472 y 588.211 respectivamente). En palabras del médico internista y master en salud pública Juan Carlos Said, “los montos a devolver equivalen a 17 veces el promedio anual de las utilidades que tuvieron entre el año 2012 y el 2019. A cualquier empresa le puede llevar a la quiebra”.
Este martes el comité técnico asesor, del cual es coordinador el ex ministro de salud Emilio Santelices, entregó el informe ante la comisión de salud del Senado en el cual cifró la deuda en US$451 millones, una disminución de US$949 millones, es decir tan sólo un 32,2% (un tercio) del monto calculado previamente, y además propuso un plazo de 10 años para su entrega de forma de “evitar los riesgos de imcumplimiento y quiebra”.
El objetivo de este documento era presentar propuestas que permitieran a las isapres cumplir con el fallo de la justicia sin colapsar. Es un informe no vinculante confeccionado con representantes del ministerio de Hacienda y Salud, Fonasa, de la asociación de ISAPRES, clínicas de chile, facultad de economía y negocios de la U de chile, entre otros, con el objetivo de darle “viabilidad” al sistema de salud.
La ministra de salud Ximena Aguilera buscó rápidamente desmarcarse de toda acusación señalando que “no es un perdonazo”, pero ¿Cómo se le llama a una medida que es explícitamente realizada con el objetivo de salvar de la quiebra a las ISAPRES, instituciones que le robaron miles de millones a sus propios cotizantes? Estamos ante un verdadero y descarado perdonazo, una medida de salvataje para instituciones criminales que lucran con nuestro derecho a la salud.
Las 4 medidas para evitar el colapso del sistema privado de salud
Cotización por el 7% de las remuneraciones, sin excedentes, lo cual se ajusta al mínimo de cotización establecido por ley y señalan que un 30% de los afiliados paga un plan menor a esta cantidad. Este aspecto es mencionado como una de las principales causas de la reducción en el monto calculado previamente por la Superintendencia, sin embargo estas cifras no coinciden con la reducción del 67% de la deuda realizado por la comisión técnica.
Alza de la prima GES (Garantías Explícitas en Salud). Mientras las y los afiliados de FONASA tienen aseguradas las prestaciones en acceso, oportunidad, protección financiera y calidad para 87 de las patologías más frecuentes en Chile que contempla la ley GES, las y los afiliados de ISAPRES deben pagar una “prima GES” es decir un monto aparte a su plan el cual es determinado por cada ISAPRE.
Subir el precio base a la totalidad de afiliados al sistema privado, un reajuste según normativa vigente además de uno extraordinario, lo cual en suma representa un aumento en el plan de las y los afiliados entre el 0% y el 39,4% según ISAPRE.
La última medida es la contención de costos a través de una reducción de un 10% aproximado del gasto en administración y ventas. En síntesis, medidas que llevan a que la crisis la paguen nuevamente las y los usuarios.
Es fundamental entender que cada ISAPRE debe contar con un “encaje”, una reserva financiera de depósitos en una cantidad equivalente a las deudas con sus prestadores y beneficiarios. Según datos publicados por CIPER, para el año 2022 la mayoría de las ISAPRES contaban con montos que bordean el mínimo estándar del 100% mostrando una tendencia a la baja en comparación con 2021, de manera que todas se encuentran al borde del incumplimiento, lo cual implicaría la intervención directa en la administración de estas por parte de la Superintendencia al encontrarse en una situación de inviabilidad e insolvencia.
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Recordemos que en el negocio de las ISAPRES están principalmente involucrados grandes capitalistas y grupos económicos internacionales, United Health Group capitales estadounidenses, dueños de clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar, Biobío, los centros médicos Vidaintegra, HMC y HELP, además de las Isapres Banmédica y Vida Tres, o el grupo BUPA-sanitas capitales británicos en el caso de Cruz Blanca, dueños también de Seguros Bupa, atenciones ambulatorias a través de Integramédica, Bupa Sport y Sonorad, y atención hospitalaria con las clínicas Bupa Santiago, Bupa Reñaca, Bupa Antofagasta, y la Clínica San José de Arica.
Estos grupos ya se mostraron a la ofensiva en noviembre del año pasado, señalando que “en su carácter de accionista extranjero, iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país”, amenazando con recurrir a tribunales internacionales buscando que la crisis la costee cualquiera menos ellos que la generaron, utilizando como recurso los tratados de libre comercio firmados entre Chile y Estados Unidos en 2003 por Ricardo Lagos como presidente y reafirmados actualmente por Gabriel Boric.
El modelo neoliberal y el negocio de la salud
Las millonarias utilidades obtenidas por estas instituciones los últimos años, sólo se pueden comparar a las de las AFPs, consolidándose como unos los negocios más rentables del país. No fue hasta la crisis sanitaria del COVID-19 que se vieron perjudicados en su negocio, manteniendo aún en este contexto ganancias millonarias.
Fue a punta de fusil que durante la dictadura militar de Pinochet se instauró un nuevo modelo en el cual, lo que antes eran considerados derechos sociales (como salud, educación y previsión), se transformaron en bienes de consumo, instalando la idea de que para obtener una buena salud había que pagar. Con los años este se ha vuelto el sentido común, y es que es sabido que hay quienes pueden pagar por una atención oportuna y de calidad en instituciones privadas, mientras otros se tienen que conformar con lo que ofrece un sistema público de salud que ha sido constantemente debilitado, favoreciendo al privado durante los gobiernos que siguieron a la vuelta de la democracia.
El principio regulador que justificaba estas decisiones, es que los privados podían realizar una mejor gestión de los recursos cuando se compara con el estado, sin embargo la actual crisis de las ISAPRES es la demostración más clara del fracaso del modelo neoliberal que disfrazó por años el abuso a través de cobros excesivos y discriminación a grupos de riesgo.
El actual Consejo Constitucional no solucionará nada. La propuesta de texto de nueva constitución, escrito por la “comisión de expertos” señala en su artículo 17 que “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, pero que “Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado” dejando la puerta abierta a que sigan existiendo las ISAPRES, instituciones criminales profundamente cuestionadas, y un FONASA que seguirá desviando recursos al sector privado, con el 7% (ó más) del salario de millones de trabajadores y trabajadoras. Hay que ponerle freno al gasto privado, a la lógica del seguro individual aplicado a un derecho y un bien social como debería ser la salud.
Una alternativa por izquierda
Es necesario desde ya prepararnos ofensivamente para que la crisis no la paguen las y los usuarios y trabajadores. Desde la dirigencia nacional CONFUSAM y la FENATS se han remitido sólo a declarar “estar en contra de que la crisis de las ISAPRES la paguen usuarios y trabajadores”, y la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines (FENASSAP), cuyas socias y socios se ven directamente involucradas en el actual conflicto, no ha emitido comunicados públicos hasta el momento. No es suficiente decir que están en contra, hace falta que desplieguen su potencial de coordinación para unificar y movilizar a sus afiliados y afiliadas a tomar el sartén por el mango, imponiendo un plan de soluciones aun en contra de lo que opinen los políticos del régimen.
¡Fin al negocio de la salud! Para que la salud sea realmente un derecho necesitamos un Sistema de Salud Único Público. Si no queremos que siga existiendo una salud para ricos y otra para pobres, es necesario que la gestión del sistema de salud esté en manos del estado, gestionado por sus trabajadoras y trabajadores, no de empresarios que ven en nuestras necesidades básicas un nicho para generar ganancias. Sabemos que esto podría significar que la minoría que representan los usuarios del sistema privado vean una desmejora en su atención de salud por un tiempo, pero esto debe ser un impulso a mejorar un sistema público y la salud de todas y todos.
El problema de infraestructura que golpea a trabajadoras y trabajadores de la salud, pero por sobre todo a usuarias y usuarios del sistema público, podría solucionarse si expropiamos sin indemnización todas las instituciones de salud privadas, incluyendo clínicas, hospitales de FF.AA y carabineros, centros de atención ambulatoria y de imagenología para ponerlas al servicio del sistema público, disminuyendo rápidamente la brecha y dando la oportunidad de enfocar los recursos económicos en contratar trabajadores profesionales y no profesionales para resolver de una vez la histórica deuda que son las listas de espera.
