Mientras voceros del gobierno se esfuerzan por sostener que no se estaría despenalizando el aborto, las Iglesias y los autodenominados "pro vida" se movilizan contra los derechos de las mujeres.
Jueves 25 de mayo de 2017
Mientras voceros del gobierno se esfuerzan por sostener la simpatía del poder eclesiástico aclarando enfáticamente y como si de un logro se tratara que la modificación al art. 152 (art. 157 en el Proyecto de Ley) del Código del Sistema Penal no despenaliza el aborto, en diversos departamentos del país se presencian marchas de manipulación e hipocresía bajo el incoherente denominativo “pro-vida”, que buscan ocultar la condena a muerte impuesta por el Estado y las Iglesias sobre cientos de mujeres año tras año.
Pues sí. Para tranquilidad del fanatismo religioso e influyente sobre este Estado que en los hechos poco tiene de laico, el aborto en Bolivia no ha sido despenalizado y menos legalizado. El gobierno de Evo Morales está igual de comprometido que obispos y cardenales por sostener la criminalización del básico derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y en última instancia, sobre el curso y continuidad de sus vidas.
Esta modificación en el Código de Sistema Penal se ha limitado a ampliar las causales de aborto no punible, restringiéndolo a 8 semanas –tiempo menor al establecido y recomendado incluso por la propia Organización Mundial de la Salud– y sosteniendo que será permitido “por única vez” para determinados estatus socioeconómicos. Las mujeres que venimos luchando por la legalización del aborto, no les creemos nada a los plásticos discursos de “despatriarcalización” instrumentalizados por el MAS. No se ha alcanzado ningún derecho cuando se determina amañadamente ejercerlo solo una vez en la vida y restringidamente para quienes de forma ambigua el Estado apruebe.
Lo que no quieren ver fanáticos jerarcas de la Iglesia, así como opositores y oficialistas, es que con consentimiento o no, legal o no, esta práctica se realiza y se continuará realizando por cientos cada día. Según datos del CIDEM, alrededor de 80.000 mujeres abortan anualmente, de las cuales más de 480 mueren en la clandestinidad. Es decir, durante los casi 12 años del denominado “Proceso de Cambio”, habrían muerto más de 5500 mujeres por la ilegalidad de ésta práctica (cifras aproximadas sobre los casos visibles, sin contemplar aquellos relegados al desconocimiento).
La gran diferencia radica en las vidas de tantas mujeres que pueden ser salvadas si dejamos de criminalizar a aquellas que deciden, bajo cualquier circunstancia, interrumpir su embarazo, sabiendo que son las más pobres las que mueren expuestas a la precariedad de prácticas insalubres. Hablamos de la lucha constante por romper con el tutelaje sobre nosotras: se expone con total claridad que las mujeres no hemos dejado de ser consideradas propiedad privada sobre la cual regir e imponer voluntades morales y económicas, viéndonos como generadoras de mano de obra en un sistema que además de no ofrecernos condiciones para una maternidad digna, nos llama asesinas siendo toda su estructura la que relega a millones al hambre, miseria y muerte.
Sabemos de sobra que detrás de esas retrógradas consignas anti derechos, seguramente marcharon cientos de mujeres que secretamente se practicaron un aborto, aunque lo hayan hecho con el remordimiento inculcada por el pastor evangélico; marcharon niñas y niños obligados por profesores y directores que jamás discutirán los casos de pedofilia abundantes en la Iglesia o la historia de abortos escondidos bajo hábitos y sotanas; marcharon bajo listas de asistencia, adolescentes a quienes además de decirles que el sexo prematrimonial y el uso de anticonceptivos las convierte en pecadoras, se les juzga tanto si son madres jóvenes como si deciden interrumpir su embarazo, con el violento y falso rótulo de “asesinas”. Marcharon también adeptos del gobierno –pese a que hoy su partido tome utilitaria y parcialmente la lucha por el derecho al aborto– junto a opositores, quienes comparten lado a lado y cada vez con mayor ímpetu el banquillo de la derecha.
Nada esperamos las mujeres de quienes se atribuyen oportunistamente nuestra representación y demuestran no solo tibias posiciones ante la grave situación de aborto en el país, sino más aún refuerzan y alientan la impunidad del machismo entre sus correligionarios, como el reciente caso de las concejalas brutalmente golpeadas por personeros del gobierno. Reivindicamos que si algo hemos obtenido hasta el día de hoy en esta lucha, no ha sido un regalo ni una concesión, sino una conquista alcanzada tras años de exigencias.
Quienes militamos en Pan y Rosas luchamos por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, garantizado por el Estado como parte de la salud pública, acompañado de una verdadera educación sexual científica y laica, así como la accesibilidad real a métodos anticonceptivos, de distribución pública en todos los centros de salud.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! ¡Separación efectiva del Estado y la Iglesia!
Sabemos que nuestra verdadera emancipación solo encontrará respuestas en una lucha sin tapujos contra los sostenes tanto de la penalización del aborto como del conjunto de nuestra opresión y la explotación de cientos de miles de mujeres y hombres: el matrimonio capitalismo y patriarcado. Por eso, así como luchamos por el derecho al aborto, proponemos además librar una lucha estructural.
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*La autora es politólogo y dirigente de Pan y Rosas
