El ataque a los normalistas, y la posterior desaparición de 43 estudiantes sacude a México y al mundo. En ese marco, y ante la gran presión internacional y las importantes manifestaciones del 8 de octubre, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a actuar. Cuatro detenidos por el caso informaron la ubicación de 4 fosas más.
Sábado 11 de octubre de 2014
Se estima que en estas fosas hay aproximadamente 15 cuerpos, que se suman a los 28 hallados en las primeras fosas. Es muy probable que se trate de los estudiantes desaparecidos, aunque el gobierno aun no hizo el anuncio oficial, según informa el periódico La Jornada.
Crisis en México
Con esta nueva masacre, el gobierno nacional afronta una importante crisis, sobre todo teniendo en cuenta que no sólo afecta la gestión de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeado recientemente por la masacre de Tlatlaya, Estado de México -también gobernado por el PRI, donde el ejército ejecutó a 22 jóvenes.
También han quedado expuestos los otros partidos del congreso: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna Guerrero a través de Ángel Aguirre y también el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna en Puebla, donde hace poco un niño fue asesinado por la aplicación Ley Bala que legaliza el uso de la fuerza armada para reprimir la protesta social.
Las vueltas de una investigación
Mientras tanto, Ángel Aguirre tuvo la desfachatez de convocar a una consulta popular que defina si debe o no renunciar a la gubernatura del estado de Guerrero, el mismo mecanismo que su partido propuso utilizar para que la población se expida sobre la reforma energética.
La Marina detuvo a Salomón Pineda Villa, de quien se sospecha es jefe de la organización delictiva Guerreros Unidos, y es hermano de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Según la investigación oficial Abarca, su esposa y su cuñado encabezaban este cártel.
El matrimonio Abarca continúa prófugo: así la estrecha relación del PRD con el narcotráfico queda cada vez más en evidencia.
La ONU intenta poner paños fríos mediante consejos de cómo llevar la investigación a Ángel Aguirre, profundamente cuestionado por el pueblo guerrerense, que exige su destitución.
La diletancia de las instituciones de gobierno para abordar la investigación de la masacre de Iguala son cuestionadas en las calles, con la lucha de los normalistas y los padres de los desaparecidos, y también por organismos de derechos humanos internacionales.
Es imposible creer en las declaraciones de Peña Nieto, que asegura que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias. Si la investigación de verdad se realizara, revelaría la profunda descomposición y decadencia de todos los partidos del congreso y de las fuerzas represivas que están a sus órdenes.
Cuando el actual presidente gobernaba el Estado de México fue responsable de la brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, que luchaba en defensa de sus tierras. El saldo: 2 muertos, 200 detenidos, 12 encarcelados por cuatro años, decenas de mujeres sometidas a violación tumultaria. ¿Por qué finge espanto ante la masacre de Iguala, si él tiene también las manos manchadas de sangre?
Juicio y castigo a los culpables de la masacre de Iguala
Sandra Romero, referente del MTS, declaró a este medio que “sólo una Comisión de Investigación Independiente encabezada por los padres de familia, e integrada por representantes de organismos independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, la FECSM, la CNTE y personalidades democráticas, que exija plenos poderes para llevar hasta el final las investigaciones sobre la masacre, puede permitir señalar a los responsables materiales y políticos y exija su castigo”.
