El oficialismo quiere avanzar en el proyecto que legisla sobre el Poder Judicial y el Servicio Exterior. Sin embargo, no toca otros sectores privilegiados. Mientras tanto, avanza en achatar la pirámide salarial para la mayoría de los jubilados.
Miércoles 19 de febrero de 2020 12:11
El viernes pasado, casi en simultáneo con el anuncio presidencial sobre la suba en las jubilaciones, el oficialismo enviaba al Congreso un proyecto de ley destinado a legislar sobre las jubilaciones de privilegio.
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Presentado como un cuestionamiento a privilegios de algunos sectores, el proyecto no pone en cuestión algunas cuestiones esenciales. Por ejemplo, no tocará las jubilaciones de presidentes y vicepresidentes. Tampoco entrarán en la discusión las jubilaciones de la Corte Suprema, que figura en la misma ley que se pretende reformar. Esa punta de la pirámide queda intacta.
Se trata de cifras exorbitantes en algunos casos. El ejemplo paradigmático es el de Adolfo Rodríguez Saá, que ejerció la presidencia por solo una semana y, a mediados de 2017, aun cobraba $ 158 mil por mes.
Los ministros de la Corte Suprema tampoco serán alcanzados por la norma que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. A fines de 2017, un informa periodístico señaló que los magistrados jubilados de esa instancia percibían hasta $ 400 mil mensuales. En ese momento la cifra equivalía a 50 jubilaciones mínimas.
Actualmente, según distintos análisis, el promedio de las jubilaciones de magistrados y diplomático es de $ 289.000 por mes.
Desde el Poder Judicial rápidamente hubo una respuesta. Un documento firmado pro fiscales y jueces señaló que “la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes”.
El texto repite el histórico argumento de la casta judicial. Amparados en una formal independencia de poderes, magistrados y fiscales gozan de enormes prebendas. Desde salarios altísimos no afectados por el impuesto a las Ganancias, hasta un sistema de cargos vitalicios. La jubilación lo que hace es continuar ese conjunto de privilegios.
Desde esos sectores se pidió la “la participación en la discusión del Proyecto”, así como la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal del país quiere evitar entrar en el debate.