El 11 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la expropiación de más de 2 millones de metros cuadrados en el estado de Quintana Roo para la construcción del Tren Maya.
Jueves 20 de enero de 2022
La expropiación se hizo oficial tras los resultados técnicos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) misma a la que, junto con la Marina, le han sido otorgadas las megaobras del actual gobierno; tales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía y el de Tulum, con el “objetivo de que no sean privatizadas en caso que vuelva el conservadurismo”, según mencionó el presidente López Obrador en conferencia de prensa.
Además de afirmar que las utilidades recaudadas por estas megaobras se destinarán en un 25 % al pago de pensiones de trabajadores del Estado y el 75 % restante a las fuerzas armadas, incrementando el excesivo poder que le ha otorgado a las mismas durante su gestión, en la que había prometido desmilitarizar al país.
Protestas contra el impacto ambiental del Tren Maya
En esta nueva expropiación el presidente intenta justificarse diciendo que los propietarios dieron su aval para llevarla a cabo, pero se tratan de hoteleros y cierta población urbana que ven al tren como una vía de acceso al turismo del que serían beneficiarios.
Sin embargo, el megaproyecto ha provocado un impacto ambiental que a su vez afecta el desarrollo de las comunidades indígenas en cinco estados del sureste mexicano por donde atravesará con mil 500 km de recorrido: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin contar el impacto que causará cuando ya se encuentre en funcionamiento.
Las consultas ciudadanas realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2019 arrojaron los siguientes resultados, según informó el gobierno federal: 92.3% votaron a favor de la realización del proyecto, mientras que sólo el 7.4% votó en contra.
No obstante, en enero de 2020 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció la simulación de las consultas y se pronunció en contra por la destrucción de la naturaleza y de los pueblos indígenas que generan este tipo de proyectos.
En octubre de ese mismo año, se realizó el “Primer foro de Mujeres en Defensa de la Vida y Territorio en la Península de Yucatán”, con mujeres de todo el país, para difundir las problemáticas que implica la construcción del Tren Maya desde una perspectiva de género.
De igual forma, a finales de 2021, el Consejo Nacional Indígena (CNI) declaró que, contrario a los dichos del presidente de que no habría afectaciones a la selva, ya había decenas de hectáreas deforestadas.
Hasta ahora se han presentado 25 amparos y juicios promovidos por parte de las comunidades y organizaciones sociales por violación de derechos ambientales, derechos a la consulta a los pueblos indígenas y de la salud, cantidad confirmada por el anterior director del proyecto, Rogelio Jiménez Pons.
El proceso de respuesta a los recursos jurídicos se ha ido alragando y además, con el decreto presidencial del 22 de noviembre, por el cual el gobierno declaró los proyectos de infraestructura como prioritarios y de seguridad nacional, Jiménez Pons afirma que no habrá ningún obstáculo para la construcción del Tren.
Aún “con total adversidad, el proyecto está avanzando bien” dijo el extitular de la megaobra en entrevista con El Sol de México y previó que su sucesor, Javier May Rodríguez, tendrá un excelente desempeño por su experiencia para “lidiar con conflictos y reclamos sociales”. De igual forma vaticina y apoya la entrada del ejército para comenzar con las obras de los tramos 6 y 7 a partir de marzo de este año y cuyo término se prevé a finales del año 2023.
Por su parte, la ONU-Habitat realizó un análisis del impacto del Tren Maya en el 2020, sacando conclusiones a favor de su construcción sin tomar en cuenta las demandas de las comunidades indígenas y las organizaciones ambientalistas que defienden la selva.
Aumento de presupuesto y violación del Tratado Escazú
La obra ha incrementado cerca de 74 mil millones de pesos al precio inicial de 156 millones, incluida la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por los 18 mil hallazgos arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya.
Mientras el presupuesto asignado a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el 2022 será tan sólo de 2 mil 827 millones 939 mil 445 pesos, un poco más de los recursos que tuvo en 2020 y 2021, que ya se demostraron insuficientes.
Ante esta situación, el abogado Jorge Fernández, de Equipo Indignación. Promoción y defensa de los derechos humanos, de la península de Yucatán, afirma que este año será clave para conocer cuál es el proyecto real del Tren Maya, del que el gobierno mexicano se ha negado a entregar información que considera como “reservada”, violando el Acuerdo de Escazú –al no entregar información completa sobre este megaproyecto que tiene un impacto ambiental y social– tratado ambiental para América Latina que entró en vigor el año pasado y que tendrá su primera conferencia en abril próximo.
Por ello, frente a la política de la 4T que eleva el presupuesto para este megaproyecto en favor de las empresas hoteleras y constructoras, urge que nos organicemos en defensa de los recursos naturales y la vida, que son mucho más importantes que las ganancias de unos cuantos beneficiados.
