Inflación. "Expropiar empresas" que especulen con los precios: ¿Caló se hizo de izquierda?

Antonio Caló es el jefe de la UOM. Un hombre siempre moderado, por no decir conservador. Siempre oficialista. En estos meses apoyó el acuerdo del gobierno con el FMI y acaba de firmar las paritarias metalúrgicas 10 puntos por debajo de la inflación estimada. Pero este jueves “dio la nota”.

Primero, dijo que “voy a acompañar al Presidente en la guerra contra la inflación”. Su primera batalla, dijo, será “sentarnos con los empresarios con responsabilidad sin sacar ventaja para encontrarle la vuelta”.

Pero como se dio cuenta que para las vísperas de “la guerra” sus declaraciones eran muy tibias, les subió el tono. Y sorprendió a propios y extraños.

“Si alguna empresa no cumple con el acuerdo de precios, hay que expropiarla”, dijo en radio El Destape. Chan! Y después apuntó, valga la metáfora en medio de este clima bélico, contra los empresarios de la carne. “Si no van a entregar los cortes baratos, no pueden estar en la Argentina. Hay que expropiarlos. Hay que poner mano dura”. Chan-chan!

En medio de su arenga, Caló se dio cuenta que estaba planteando medidas “anticapitalistas”. Entonces cerró su intervención: “Y yo no soy de izquierda”.

Es cierto. No hacía falta la aclaración. Pero también es cierto que si Caló tuvo que usar esa frase es porque la crisis económica y social obliga a pensar medidas radicales. Es cierto, como dice, que “hay que hacer lo que haga falta para defender la mesa de los trabajadores y de la gente”. Y ante la degradación de las condiciones de vida y el hambre de millones a los que nos han llevado los gobiernos macristas y peronistas, solo la izquierda propone medidas realistas en defensa del bolsillo popular.

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El Frente de Izquierda Unidad viene denunciando a los que amasan fortunas con la pobreza nacional, y plantean medidas de emergencia que efectivamente tocan esos intereses. Es la caja fuerte de unos pocos, o los bolsillos y las mesas de millones.

Entre esas medidas están un aumento salarial de emergencia para el conjunto de la clase trabajadora y los jubilados. Ayer la Junta Interna Ate Indec anunció que la canasta de consumos mínimos ya superó los 136 mil pesos. ¿Los sindicatos van a seguir sosteniendo un salario mínimo de hambre y las paritarias a la baja? Eso no es de izquierda.

Además planteamos el control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores. Solo los trabajadores de cada empresa pueden enfrentar eso, junto a comités de consumidores y consumidoras en cada barrio. ¿Van a hacer eso los capos de la CGT o prefieren que sus afiliados se conformen con las migajas que se le caen a los empresarios que lucran con los alimentos y servicios?

La izquierda plantea esas medidas, así como la apertura de los libros contables de las empresas, para mostrar a la población cuánto ganan. Pero estamos convencidos que no se puede resolver el problema de la inflación y los bolsillos populares sin medidas todavía más profundas, como las que “amaga” Caló. Si los empresarios no paran de remarcar y amenazan con desabastecer especulando con el hambre de las mayorías, no alcanzan los comités de control de precios: hay que avanzar con la expropiación y nacionalización de las grandes alimenticias. Lo mismo con la expropiación de los 4.000 principales terratenientes, los puertos en manos privadas y los complejos cerealeros, lo que impediría que jueguen con los precios de los alimentos, a la vez que permitiría reorientar la producción hacia el mercado local para evitar la presión de establecer precios internos según los precios internacionales.

Para eso son necesarias también otras medidas, como la nacionalización del comercio exterior y del sistema financiero, como explicamos acá.

Caló no va a firmar el programa de la izquierda, aunque es el único que realmente rescata la mesa popular que él dice defender. Es puro “chamuyo” antes de sentarse la semana que viene en el “pacto social” con los empresarios. Pero hay que seguirle exigiendo a los sindicatos que rompan con este pacto de ajuste, con el FMI y los dueños del país, convocando asambleas para que las y los trabajadores puedan discutir un plan de lucha para defender sus bolsillos y los de las grandes mayorías.