El reportaje titulado: “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” publicado por la Revista PROCESO el 9 de mayo y el artículo: “Se apropian dealers de jardines de la FCPyS” en el diario Reforma publicado el 13 de mayo, vuelven a poner a debate público la situación de inseguridad y narcomenudeo al interior de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM
Sábado 16 de mayo de 2015
Dichas notas surgen después del enorme ascenso en la organización y movilización estudiantil que se dio como respuesta a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que destapó la asociación del narcotráfico y el Estado para efectuar medidas de represión contra los estudiantes que luchan. Es ante ello que consideramos necesario estas cuestiones se problematicen sin aislarlos de la violencia que vive el país y de la criminalización y represión sistemática.
Como refieren dichos artículos, desde hace varios años Ciudad Universitaria ha sido un lugar en donde la oferta de estupefacientes se convirtió en algo cotidiano. En esta ocasión, la denuncia del aumento de la presencia de dealers ha empalmado con una creciente inseguridad en la Facultad de Ciencias Políticas.
El aumento de la oferta de drogas en dicha facultad ha provocado un clima de tensión dentro de su comunidad. Autoridades cuyo interés es afianzar los planes contra estudiantes y trabajadores, y una comunidad poco cohesionada para dar respuesta a los problemas cotidianos de su entorno han sido un lugar adecuado para desarrollar actos que vulneran a su población.
Apropiación de espacios
En los últimos años la administración de la FCPyS avanzó progresivamente en transformar la fachada de presentación de la facultad. Ornamentos y jardinería que impide el tránsito y la ocupación de espacios abiertos, lugares techados para el acceso a red eléctrica, destrucción de áreas de la Reserva Natural para instalar piedras volcánicas que hacen intransitables algunas zonas, instalación de rejas que rodean los nuevos edificios construidos, etc, fueron las medidas que se ejecutaron bajo la justificación de desplazar a los vendedores de estupefacientes, lo cual no sucedió. Sin embargo, la transformación de estos espacios no ha estado acompañada de un proyecto de ocupación a través de actividades académicas, culturales y recreativas ni de mantenimiento y, en la mayoría de los casos han derivado en la acotación de lugares de convivencia de trabajadores y estudiantes.
Por ello la recuperación de espacios, a través de dar respuesta a los intereses y necesidades de comunidad universitaria, emanada desde amplios sectores estudiantiles debe ser exigida a la administración para la ampliación y el respaldo presupuestario de las actividades, lo que pone nuevamente en cuestión la necesidad de democratizar el uso del presupuesto para poner la facultad al servicio de las necesidades de su comunidad.
¿Para quién se vigila?
Ante los asaltos y la presencia incontrolable de dealers y consumidores que concurren a la facultad, la discusión gira en torno a cómo conquistar mejores condiciones de convivencia al interior de la FCPyS, sin elementos que pongan en riesgo la integridad y garanticen la preservación de la comunidad universitaria.
La propuesta de credencialización y de instalación de torniquetes impulsada desde Rectoría y la administración de la FCPyS ha hecho eco en un porcentaje considerable de la comunidad estudiantil. Esta propuesta, sin embargo, es un arma de doble filo debido a que las cámaras y la credencialización no garantizan la “seguridad” y por el contrario son utilizadas contra los estudiantes.
Como se plantea en una nota del 7 de mayo de La Izquierda Diario, existen ejemplos donde las autoridades universitarias se han negado a poner vídeos de seguridad al servicio de la investigación de asaltos, violaciones y asesinatos, como en el caso de Adriana Morlett o de Carlos Sinuhé Cuevas, activista de la FFyL y, en cambio han sido usados para el espionaje de la organización estudiantil y ofrecidos a la policía para coordinar la represión, mientras Narro afirmaba que Ayotzinapa no era un crimen de Estado.
Algunas preguntas más se desprenden de la instalación de cámaras y al argumento de la administración de que “si a los estudiantes les preocupa el espionaje pondremos las cámaras en lugares abiertos”, y es ¿quién tendría control y resguardo de las grabaciones, la policía, vigilancia UNAM?, y ¿cómo se protegerá dicha información? en un país donde el espionaje, utilizado para la represión selectiva, hace uso de todas las instituciones estatales y, donde la policía y el ejercito coordinados con todos los niveles de gobierno asesinan a luchadores sociales, jóvenes, trabajadores, mujeres y niños, mientras se destapa cotidianamente la asociación entre el gobierno y las instalaciones estatales con el narcotráfico. Es por estos elementos que rechazamos y alertamos ante el posicionamiento de Narro que celebra y busca fortalecer la coordinación con la policía.
¿Medidas policíacas u organización?
Si de inseguridad se trata, la respuesta debe partir de protocolos colectivos de prevención y reacción bajo el control de la comunidad, en los que el movimiento estudiantil tiene una gran tradición de la cual abrevar. Junto a medidas como el aumento del alumbrado, ampliación del servicio de autobús interno y, los botones de pánico y las alarmas que actúan como elementos para romper el aislamiento ante un ataque, deben venir respuestas colectivas previamente consensuadas y aprehendidas que permitan inhibir la parálisis y el miedo ante una situaciones de riesgo.
Además, abordar conjuntamente el problema permite realizar una campaña de convencimiento entre la comunidad universitaria para frenar particularmente la compra de estupefacientes en los espacios universitarios, con la finalidad de disminuir la oferta.
De esta manera conquistar espacios de autoorganización donde estudiantes, académicos y trabajadores discutamos este y otros problemas, no solo dentro de la facultad sino en la universidad en su conjunto es el reto para ponernos en mejores condiciones de enfrentarlo.De aquí que una de las propuestas vertidas en la segunda sesión de diálogo informal entre estudiantes, el Director Fernando Castañeda y el Consejo Técnico de la FCPyS haya sido que estas medidas de prevención y acción frente a la inseguridad tengan que ser discutidas colectiva y ampliamente, en horas de clase y de forma obligatoria en todos los cursos para que de ahí emanen representantes que puedan avanzar en el consenso de las medidas con las de los trabajadores y los representantes académicos.
Una consideración necesaria
El aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en nuestro país es un fenómeno agudizado en la última década. La profundización del paradigma prohibicionista de los estupefacientes fue respaldada por la política de militarización del país y criminalización de su uso, ignorando las causas sociales del aumento del consumo de drogas y la inserción cada vez mayor en el narcotráfico, fenómenos extendidos sobre todo entre los jóvenes que son el sector más golpeado por el desempleo, la violencia y la exclusión escolar producto del avance en la privatización de la educación pública.
A la par de que se ha mantenido un discurso de combate al comercio y transito de drogas ha aumentando la asociación del Estado con el narcotráfico, donde el primero busca garantizar la reproducción de su dominio. Lo anterior a costa de la aparición de fenómenos cada vez más degradados, relacionados con el mercado del narcotráfico (feminicidios, trata de personas y órganos, etc.) y, relacionados con la descomposición de las instituciones del Estado y los efectos de la militarización (desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales, violación a derechos humanos etc.). Recomendamos revisar: http://www.laizquierdadiario.com.mx/Narcotrafico-dominacion-imperialista-y-militarizacion
¡No más militares! ¡Legalización!
La comunidad de la UNAM no está exenta de vivir las consecuencias de la descomposición dentro y fuera de las instalaciones universitarias, por ello consideramos que los estudiantes, trabajadores y académicos democráticos debemos levantar una campaña por: la desmilitarización inmediata del país, pues esta política fue empleada para disciplinar a los sectores sociales en lucha y favorecer con su intervención a algunos carteles frente a otros y; la legalización de las drogas. Bajo esa perspectiva es que el problema de las adicciones debería tratarse no como problema de seguridad sino de salud, donde el Estado garantice servicios médicos gratuitos para su atención, además esta medida opuesta al prohibicionismo permitiría eliminar el incentivo que existe para su producción y venta por parte de los carteles.
