Esta semana se conoció que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará llegar a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Del menú de opciones que ofrece el Fondo para esquilmar a los países, el acuerdo de facilidades extendidas es el más duro en condicionalidades. Con un nuevo acuerdo, el país estará sometido al menos hasta 2030, de manera directa, a las directivas de Washington y al monitoreo por parte de los funcionarios del organismo, que tomarán el timón de la economía. Con este anuncio se consolidó el giro de un gobierno que exhibe grados crecientes de ortodoxia en la política económica.

Esto se expresa en varias medidas: un Presupuesto 2021 que establece un ajuste del 10 % en términos reales; reducción coyuntural de las retenciones en favor del capital agroexportador; mayor libertad a los “mercados” para la operatoria financiera del dólar paralelo; emisión de deuda en favor de los fondos especulativos y, su contraparte, limitación del financiamiento por parte del Banco Central; el anuncio de un plan plurianual de “consolidación fiscal” (en el barrio le dicen ajuste); la interrupción del magro Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); la reducción de la lista de Precios Máximos; y la intención de descongelar tarifas de los servicios públicos.

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El brutal ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador que encara el Gobierno de Alberto Fernández ahora pretende ser disimulado con la votación tardía de un “aporte extraordinario” de las grandes fortunas, que en el mejor de los casos recaudará U$S 3.000 millones. Esa suma contrasta con lo que pagó de deuda en lo que va del año: más de U$S 5.000 millones. Mucho más contrasta con los U$S 17.000 adicionales que ofrendó Guzmán a los lobos de Wall Street entre su primera oferta de abril y la última de agosto, con la cual acordó la reestructuración de la deuda con acreedores privados. No solo eso: el proyecto del Frente de Todos propone destinar casi la mitad de los recursos a recaudar para subsidios empresariales y a la extracción de hidrocarburos, fracking incluido. De este modo, el proyecto oficialista termina siendo un “aporte extraordinario” que, en su mismo articulado, retorna parte de lo recaudado a la misma clase social que tendría que aportar.

En una sesión del 13 de mayo en el Congreso Nacional el oficialismo y Juntos por el Cambio votaron en contra de debatir un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el que presentó el Frente de Izquierda-Unidad. Con este proyecto se podría recaudar entre U$S 15.000 y U$S 20.000 afectando los intereses de los bancos y las grandes empresas, algo que la iniciativa oficial no plantea. De esta forma, se podría otorgar un IFE de $ 30.000, fortalecer el presupuesto de salud y construir 100 mil viviendas. Se trata de dos orientaciones opuestas: mientras el proyecto oficial busca encubrir un robo a las mayorías en favor de unos pocos, el proyecto del FIT-U se ubica en un planteo de reorganización general de la economía en función de atender las necesidades sociales, atacando los intereses del gran capital.

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No es casual que el anuncio de la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que enviará el Ejecutivo al Congreso haya coincidido con la llegada de la misión del Fondo a la Argentina. La primera actualización de marzo del año próximo se hará en función de la evolución de la recaudación y de los salarios del último semestre del corriente año, afectados por la recesión. Es decir, arrancará con el freno de mano puesto y robando nuevamente a los jubilados, como ya se hizo este año: el IARAF estimó en $ 72 mil millones el latrocinio ejecutado gracias a la suspensión de la movilidad jubilatoria que votó el Congreso en diciembre de 2019. Los jubilados no serán compensados por la pérdida del poder de compra en la era Macri, que además les robó un trimestre de actualización en 2018. Mucho menos por la pérdida de este año. Pasan los años, pasan las fórmulas, pasan los gobiernos, quedan las jubilaciones de miseria. No obstante, para el Fondo será insuficiente: querrá una reforma que, por lo menos, eleve la edad jubilatoria.

La política de la pobreza

Noemí Brenta es doctora en Economía de la UBA. En su libro Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006, destaca que:

El acuerdo stand by de 1976 por primera vez y única vez estableció como condicionalidad la limitación de los aumentos salariales y el mantenimiento de la libertad de precios. Estas son medidas usuales de los programas del Fondo, para disminuir la demanda agregada reduciendo el salario real, pero su impopularidad generalmente las disimula en los memorándums de política económica” [1].

Justamente, uno de los mayores logros de la dictadura fue la destrucción del poder de compra del salario.

Según los datos de un documento del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), entre 1974 y 1977 el salario real retrocedió 41 % [2]. Fue un golpe terrible del cual el poder de compra no se repuso nunca. En las décadas posteriores se observan retrocesos notables en los períodos de crisis aguda (1982; hiperinflación de 1989; quiebre de la convertibilidad de 2001-2002) sin que las recuperaciones posteriores, en los momentos de crecimiento económico, el salario se recupere del ataque histórico iniciado en 1976. En 2006, donde concluye la serie de ese documento del CEPED, el salario real era un 44 % inferior al de 1974. Existe otro documento del CEPED [3] que permite empalmar la serie hasta 2017. A pesar de la recuperación del poder de compra que se registró en el período posconvertibilidad, en 2017, el salario real era casi un 20 % más bajo que en 1974.

Desde 2018, cuando regresó el FMI al país, las estadísticas públicas del Indec registran un nuevo derrumbe, que hasta la actualidad suma otra caída adicional que se aproxima al 20 %. El alza de la inflación, que en octubre de 2020 fue de 3,8 %, en un contexto donde el Gobierno anuncia más liberalización de precios y contiene los aumentos paritarios, profundiza el ataque al salario. La CGT y la CTA están actuando como cómplices del derrumbe salarial aceptando paritarias miserables: llegan al extremo en el 7 % de (des)aumento otorgado en la administración pública nacional. El derrumbe del poder de compra del salario es una medida que de alguna manera resume el alcance de largo plazo de las políticas fondomonetaristas: es el resultado del ataque a las condiciones laborales, el avance de la precarización y la flexibilización laboral.

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Durante la pandemia, Argentina fue uno de los países que menos gasto público realizó para atender la emergencia por el Covid 19, no solo en comparación con potencias económicas, sino en comparación con varios países de la región (muchos de los cuales tienen un sistema de salud pública mucho más débil que nuestro país). El porcentaje de recursos comprometidos en relación al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó por detrás del “esfuerzo” realizado en El Salvador, Chile, Perú, Brasil y Paraguay.

El IFE de Argentina por $ 10 mil fue bimensual, resultando de una cifra detrás de lo que otorgaron gobiernos derechistas de la región que tuvieron una política sanitaria desastrosa. En Brasil, el “Coronavoucher” (el IFE brasileño), convertido a pesos argentinos, originalmente fue de $ 16.800, aunque en los últimos meses Jair Bolsonaro acordó recortarlo. Los números grafican los efectos de enfrentar la pandemia operando bajo las restricciones del sometimiento a la reestructuración de la deuda con los lobos de Wall Street y a la negociación de la hipoteca fraudulenta que dejó Mauricio Macri con el FMI. De este modo, no es casual que la CEPAL haya informado que la región sigue siendo la más desigual del planeta y que Argentina es uno de los tres países donde más creció la desigualdad durante la pandemia. En estas condiciones, la pobreza se acerca peligrosamente al 50 % de población. No solo eso. UNICEF estima que en diciembre el 63 % de la infancia estará en situación de pobreza: habrá 8,3 millones de niñas y niños pobres a fin de año.

Deuda, privatización y extranjerización

El endeudamiento latinoamericano durante la década de 1970 fue una política de los centros financieros imperialistas que poseían una gran masa de capital disponible (los petrodólares y eurodólares) sin saber dónde colocar de manera rentable. La colocaron en la región para aumentar su influencia: la deuda pasó de U$S 20.900 millones en 1970 a ser U$S 243.000 millones en 1980 [4]. Ligado con este fenomenal endeudamiento aumentó la injerencia del FMI y el Banco Mundial. El endeudamiento se había acordado a tasa de interés variable. A fines de la década de 1970, el aumento de la tasa de interés decidido por la Reserva Federal de los Estados Unidos provocó una espectacular crisis de deuda, hizo volar por los aires todo el esquema económico y condujo a la denominada “década perdida” de los años 1980.

Varios gobiernos de la región, incluido el de Raúl Alfonsín al inicio de su mandato, coquetearon con la idea de un “club de deudores” para negociar en mejores condiciones. Estados Unidos desarticuló esa iniciativa con el Plan Baker en 1985. Luego habría otra iniciativa: el Plan Brady en 1989. Para que no quede ninguna duda sobre quién manda, los planes llevaron los nombres de dos secretarios del Tesoro: justamente, Baker y Brady. De ese modo, la deuda fraudulenta que había contraído la dictadura y que había crecido al calor de la nacionalización de deudas privadas (Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona –Impsa–, Ford y la familia Macri) fue reciclada en una reestructuración comandada por el Tesoro yanqui en asociación ilícita con el FMI y el Banco Mundial. Baker prometió un “programa para un crecimiento sostenido”. A todas luces, se trataba de un “anuncio engatusador”, tal como lo define Brenta [5]. Con esos planes se benefició a los bancos imperialistas (que eran los acreedores), se profundizó la implementación de políticas neoliberales y el despojo de los bienes públicos.

Fue Carlos Menem quien llevó las políticas neoliberales lo más lejos que pudo. En un acto fallido, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, sentenció que "nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Así fue. Las empresas de servicios públicos fueron regaladas al capital privado a precios de remate, situación que mayormente pervive en la actualidad. Entre otras tareas, una de esencial importancia para la clase trabajadora es recuperar esos recursos estratégicos mediante la nacionalización de todo el complejo energético bajo gestión de trabajadores y usuarios populares. Lo contrario es preservar el régimen de las privatizadas que ahora vuelve al ataque con los tarifazos que anticipa el descongelamiento que anuncia el Frente de Todos.

Los bancos públicos se redujeron de 33 en diciembre de 1994 a 15 en diciembre de 2000. Los bancos privados de capital nacional se redujeron de 66 a 33. Los cooperativos de capital nacional pasaron de ser 38 a quedar solo 2. Y los privados extranjeros crecieron en número de 31 a 39: además, pasaron de controlar el 16 % de los depósitos a concentrar el 39 % [6]. El desembarco a bandera desplegada del capital extranjero abarcó a toda la economía. Perdura hasta la actualidad. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que elabora el Indec, en 2018, de las 500 grandes empresas del país, 313 tienen participación extranjera.

El Tesoro de los Estados Unidos tiene el voto mayoritario en el Directorio del FMI: 16,51 % del total. De este modo, posee poder de veto. Brenta cuenta que en 1983 el Congreso estadounidense aprobó una ley que instruyó a sus representantes en el Fondo para lograr que los países firmantes de acuerdos “eliminaran restricciones al comercio y a las inversiones extranjeras” [7]. El mandato es claro: promover una mayor extranjerización de las economías dependientes, algo que a todas luces lograron en Argentina.

Como si esta historia no existiera, el Gobierno de Alberto Fernández fantasea con la hipótesis de que el triunfo de Joe Biden mejorará las condiciones de negociación del nuevo acuerdo con el Fondo. Claro que parece lógico querer evitar negociar con el piromaníaco Donald Trump. Pero, tanto el republicano como el demócrata, son partidos de la burguesía imperialista. Todas las figuras que se nombran para ocupar el Tesoro del nuevo gobierno de Biden provienen del mundo de las finanzas. Incluso llegó a circular que uno de los postulados es Laurence “Larry” Fink, el titular de BlackRock. Este fondo especulativo maltrató a Martín Guzmán durante la negociación de la reestructuración de deuda privada: uno de sus negociadores dijo que ellos podían esperar a que haya un nuevo ministro que haga más concesiones. No fue necesario. Las concesiones las hizo el propio Guzmán.

Los tiempos del Fondo

El 8 de mayo de 2018, en un mensaje de menos de tres minuto, Mauricio Macri anunció el regreso al Fondo. En junio, el préstamo que firmó el equipo económico fue un stand-by, con condicionalidades en el terreno fiscal y el monitoreo general de la economía. Ese acuerdo se tuvo que readecuar en varias ocasiones por las turbulencias económicas. Ahora Guzmán negociará un préstamo de facilidades extendidas. Según la página web del FMI, se trata del tipo de préstamo más duro en condicionalidades: comprende exigencias de reformas estructurales (laboral, previsional y tributaria) y condiciones cuantitativas (ajuste) en las cuentas macroeconómicas [8]. Éric Toussaint integra el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). En una conversación con Ideas de Izquierda explicó que la relación de Argentina con el FMI sigue la misma secuencia que con Grecia, que en 2010 firmó un acuerdo stand by para luego, en 2012, verse obligada a negociar un acuerdo de facilidades extendidas.

Solo dos veces en la historia nuestro país firmó acuerdos de facilidades extendidas: uno en 1992, bajo la gestión de Domingo Cavallo; otro en 1998, cuando el ministerio de Economía lo conducía Roque Fernández, un Chicago Boy, es decir una figura de la ultraortodoxia neoliberal. El programa de 1992, detalla Brenta, promovió la privatización del sistema previsional en favor de las AFJP, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque), la eliminación del impuesto a las ganancias (que sería reemplazado por otro equivalente más favorable a los empresarios) y la supresión de las contribuciones patronales [9].

Estas dos últimas medidas no se aplicaron íntegramente, pero sí se redujeron sustancialmente las contribuciones patronales, un perjuicio al financiamiento del sistema previsional. En base a ese pecado original, hoy el establishment sostiene, perversamente, que el sistema jubilatorio no es sustentable. La maniobra es evidente: primero lo desfinancian, luego lo declaran insostenible. La consecuencia “irremediable” es reformarlo para que los jubilados sean más pobres. En simultáneo, aquel acuerdo de 1992 instrumentó el aumento del IVA, que era del 13 %, primero al 18 % y, luego, al 21 %, que es la alícuota que sigue hasta la actualidad. Es decir, de conjunto, se aplicó una reforma tributaria regresiva que cargó más la recaudación sobre los consumos populares. Otra pesada herencia que ningún gobierno cambió. Adicionalmente, el Fondo puso una condicionalidad “blanda”: la privatización del Banco Nación, algo que tampoco pudo concretar, pero le hubiese encantado.

Brenta indica que, entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81 % del tiempo bajo la tutela del FMI. El desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en abril de 2002. La pobreza, medida por ingresos, que en 1974 afectaba a mucho menos del 10 % de la población trepó hasta alcanzar el 55 % en 2002. La década de 1990, la más intensa de la economía comandada por el Fondo, concluyó en una de las mayores tragedias en la historia del país: la crisis de 2001. El Fondo logró superar su propio récord con la tragedia que provocó en Grecia luego de la crisis de 2008: allí se sufrió la peor recesión de la historia de un país que no haya estado en guerra [10].

Más reciente en el tiempo, varios países firmaron acuerdos de facilidades extendidas: Ecuador, Pakistán, Angola, Jordania y Etiopía. Ecuador firmó en 2019 un acuerdo que desató un enorme rechazo en las calles. Este año tuvo que firmar otro. Fue el 30 de septiembre. En esta ocasión, la actual titular del FMI, Kristalina Georgieva (la compañera Kristalina, como les gusta llamarla a algunos en el Frente de Todos) emitió un comunicado donde indica que el país tendrá que hacer una “reforma tributaria progresiva a mediano plazo”. En realidad, de progresiva no tiene nada: exige que suba el IVA en tres puntos porcentuales; además de una adecuación de los impuestos a las grandes sociedades y las rentas. El acuerdo también plantea una reforma laboral en el ámbito privado, que se recorten salarios y empleos en el ámbito estatal, y la racionalización del presupuesto destinado a la obra pública. Además, propone una reforma en favor de la autonomía del Banco Central, algo típico del dogma neoliberal.

El Gobierno de Fernández resaltará que un acuerdo de facilidades extendidas le permite obtener varios años de gracia en el pago de la deuda. De hecho, este tipo de préstamos “deben reembolsarse en plazos de 4½ a 10 años, con pagos en 12 cuotas semestrales iguales”, detalla la web del Fondo. Pero no serán años sabáticos, para tirar manteca al techo, sino donde deberá aplicar reformas antiobreras. Luego de cuatro años y medio, hacia 2025, empezarán los pagos fuertes, que podrían aproximarse a la friolera de U$S 10.000 millones anuales. A lo que hay que sumar el pago de la deuda con los privados. Para empezar a juntar los dólares que permitan afrontar esa hipoteca, desde ahora mismo todo el esquema económico estará sometido al rigor del FMI.

El “marketing” de Guzmán, el hombre de la calma infinita que no se altera ni cuando dice que les quitará el IFE a 9 millones de personas como ofrenda al FMI, publicita que ahora será él quien fije el programa económico. En realidad, el ventrílocuo de Guzmán es el propio Fondo, que requiere que los países se hagan cargo de asumir la tarea sucia para intentar limpiar su imagen. Así se entiende mejor porque el ministro buscará que el acuerdo sea aprobado en el Congreso. Un artículo del CADTM explica bien las “piruetas semánticas” de los organismos internacionales en la búsqueda fallida de una nueva identidad. Obviamente, no cambiaron la lógica neoliberal inscripta en su ADN [11].

En las redes financieras

Brenta establece un estudio pormenorizado de las características de los acuerdos con el FMI. Hay un aspecto que ilustra lo sucedido en las últimas semanas: señala que el enfoque monetario de la balanza de pagos del Fondo indica que “los déficit fiscales deben financiarse con deuda pública en los mercados de capitales” [12]. La limitación de los préstamos del Banco Central al gobierno tiene el objetivo de que el financiamiento sea capturado por el capital financiero, que de otro modo se pierde un jugoso negocio. Es lo que piden los “mercados” cuando demonizan la emisión monetaria del Banco Central. Es lo que está haciendo Guzmán, incluso antes de que el organismo haya formulado un pedido.

Es notorio que, aunque todavía en una escala moderada, al poco tiempo de la reestructuración de la deuda con privados en el mes de agosto, se reinició el ciclo de endeudamiento. Las presiones devaluatorias de los últimos meses se moderaron gracias a las alquimias del ministro Guzmán. El resultado es una entrega progresiva del financiamiento del déficit público al capital financiero y la cancelación de deuda con el Banco Central. Además de la emisión de títulos públicos atados al dólar (lo cual es una invitación a presionar por más devaluación) y de títulos indexados por inflación (una cobertura que se les niega a los asalariados), este lunes 9 de noviembre, Economía emitió deuda por U$S 750 millones en favor de Pimco y Templeton. Es una operación gravosa en favor de dos fondos especulativos que vinieron al país a disfrutar de la “bicicleta financiera” en la era Macri: Guzmán les canjeó deuda en pesos, que emite el país, por deuda en dólares, que emiten los Estados Unidos y escasean en el Banco Central. No obstante, la paz cambiaria es sumamente inestable y se puede romper en cualquier momento.

El lunes 26 de agosto de 2019, luego de triunfar en las PASO, Alberto Fernández se reunió con la misión del FMI. El por entonces candidato fue contundente: "Junto al Gobierno [de Macri] son responsables por la catástrofe social”, les echó en cara a los enviados de Washington. También afirmó, en tono de denuncia, que el préstamo más grande de la historia del organismo se utilizó mayormente para financiar la fuga de capitales, algo que contradice sus propios estatutos. Es cierto, el préstamo se lo fumaron principalmente los grandes empresarios, que esconden sus riquezas en paraísos fiscales. En gran medida, ocurrió lo mismo con la deuda contraída por el Gobierno de Cambiemos con los lobos de Wall Street.

Así lo demostró un informe del Banco Central del mes de mayo: en total, U$S 86 mil millones se fugaron durante el macrismo. Lógicamente, el informe obvió los U$S 102 mil millones que se fueron en los gobiernos kirchneristas. El periodista Horacio Verbitsky develó que la fuga durante el gobierno cambiemita fue ejecutada por Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más empresas que figuran entre los 100 mayores fugadores. No obstante, tanto con la deuda con el FMI como con los lobos de Wall Street, el Frente de Todos decidió convalidar la estafa. En este sentido, hace honor a las mejores tradiciones peronistas. En 1989, en campaña electoral, Carlos Menem prometió repudiar la deuda externa, revolución productiva y salariazo. Una vez presidente, entregó el país servido al capital financiero internacional.

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En el 2001, el 75 % de los montos fugados en el medio de la crisis se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC (banco ahora contratado por Martín Guzmán para instrumentar la restructuración) [13]. Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo encerraban en el “corralito”. Ese ultraje lo perpetraron los bancos privados, mayormente los extranjeros, que, como se dijo, habían pasado a concentrar la mayoría de los ahorros de los argentinos gracias a las privatizaciones y la extranjerización.

Hoy, nuevamente, el sistema bancario y financiero actúa como el principal instrumento de la fuga y de las maniobras devaluatorias. La nacionalización de la banca mediante la expropiación de los bancos privados, la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales y cuidar el ahorro nacional. Además, constituiría una herramienta para financiar la obra pública (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.

Desde la dictadura hasta 2019 se pagaron más de USD 600 mil millones y la deuda no paró de crecer: ascendió de U$S 8 mil millones antes del golpe de Estado de 1976 a USD 324 mil millones en diciembre de 2019, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía. El desconocimiento soberano de la deuda odiosa es una medida esencial para terminar con la decadencia infinita a que somete la clase capitalista a las mayorías populares.

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