A propósito del traslado de Alejandro Echevarría Zarco y cuatro docentes más al Cereso "Mil Cumbres", Andrés Aullet, integrante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, maestro en derechos humanos.
Viernes 26 de enero de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado en múltiples ocasiones qué debemos de entender por criminalización a la protesta social contra defensores de Derechos Humanos.
En el segundo informe sobre la situación de defensores de DDHH de noviembre de 2015, la CIDH señala: “las defensoras y defensores con frecuencia son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento, con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas. Esto, a su vez, los hace más vulnerables a las agresiones y ataques en su contra. La instauración de estos procesos se lleva a cabo con base en tipos penales que tienen una formulación genérica o ambigua, tales como “inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o resistencia a la autoridad pública”, los cuales tienden a ser utilizados de forma arbitraria por las autoridades”.
Sin embargo, el señalamiento que hace la CIDH es extensivo para luchadores sociales, ya que toda persona que defienda un derecho humano o ejerza directa o indirectamente un medio para su defensa, incluyendo los derechos laborales más elementales, hace que los luchadores sociales sean considerados también defensores de derechos humanos.
Este criterio ha sido también acogido por las comisiones de DDHH y en especial la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en las recomendaciones 9, 10 y 11 del año 2015, sobre el contexto de la protesta social que se desarrolló el 1° de diciembre de 2012 (1DMX).
Así, las pretensiones para el incumplimiento de obligaciones y garantías sobre las responsabilidades sociales y laborales por parte del Estado, en particular, hoy del Gobierno de Michoacán a cargo del perredista Silvano Aureoles, hacen patente que estamos ante un claro ejemplo de criminalización de la protesta social, donde un reclamo de orden laboral por el incumplimiento del gobierno michoacano a los maestros de la Sección 18 de la CNTE, es politizado a través de la judicialización, con la incriminación de delitos políticos a los actores del derecho humano y/o laboral, sobre la base de acciones, primeramente represivas, como lo fue con el desalojo del plantón.
Es recurrente esta actuación del gobierno mexicano, como vimos con Ignacio del Valle, durante la lucha de Atenco, y con cientos de casos en todo el país.
Así se imputan delitos políticos y de carácter federal a luchadores sociales, por exigir el respeto y cumplimiento a sus derechos laborales y humanos.
Es precisamente el caso de Alejandro Echevarría y cuatro profesores más del magisterio que fueron trasladados la noche del 25 de enero al penal “Mil Cumbres” en Michoacán, bajo el cargo de "sabotaje" .
Sin embargo, el delito debe cumplir rigurosamente los supuestos señalados por los códigos penales, tanto el nacional, como el del estado de Michoacán, pero ninguno de los supuestos es aplicable al caso de los maestros trasladados a dicho penal. Al contrario, se muestra cómo históricamente emplean estos delitos contra una protesta de carácter laboral, tal como la CIDH define el contexto de la criminalización a la protesta social y la judicialización de ella con delitos de carácter político y cuya tipicidad es muy ambigua o difusa.
A esto se suma lo que también han definido la CIDH y otras comisiones, además de decenas de organizaciones de DDHH, que la persecución política y la judicialización están acompañadas del linchamiento mediático, como vemos hoy con la “desempolvadura” de la imagen de Alejandro Echevarría y el tergiversado mote del “Mosh” como exmiembro del CGH de la UNAM. Muestra del mecanismo para empezar a aceitar la maquinaria represiva ante las próximas elecciones.
Esta es una burda y feroz campaña contra el magisterio de Michoacán por parte de Aureoles y sus comparsas del régimen antidemocrático de la Alternancia y el Pacto por México del PRI-PAN-PRD.
Encarcelan luchadores sociales, al mismo tiempo que realizan una masacre contra las comunidades de la entidad, por el solo hecho de defender sus derechos y sus recursos, como mostró otro perredista como Mancera en la CDMX.
Es necesario plantear la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Alejandro Echavarría y demás profesores detenidos e impulsar la más amplia movilización democrática en las calles para exigir su liberación y el cese a la campaña de linchamiento del magisterio michoacano y los cinco presos.
¡Todos al mitin por su liberación!
Andrés Aullet
Abogado y maestro en Derechos Humanos
