Una junta consultiva e interna del gigante tecnológico se expidió sobre el bloqueo a Donald Trump en sus plataformas. Las limitaciones de la auto-regulación, los derechos humanos y la necesidad de un debate y una regulación democrática de Internet vuelven sobre la mesa. La problemática también se extiende a las formas de la protesta social en redes sociales.
Lunes 10 de mayo de 2021 21:09
Montaje: Mar Ned * Enfoque Rojo
En medio del conteo de votos de las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Facebook suspendió por tiempo indeterminado las cuentas de Donald Trump, presidente en funciones por entonces, tanto en esa red social como en Instagram, propiedad de la misma corporación. Los principales argumentos de esta decisión eran los peligros para la estabilidad social y el fomento a la violencia que las publicaciones de Trump representaban, según Facebook, en el contexto de toma del Capitolio que manifestantes republicanos llevaban adelante por esas horas.
La Junta de Supervisión de Facebook emitió recientemente un dictamen sobre la sanción de la mega-empresa al ex presidente de los Estados Unidos. Este organismo interno de la plataforma fue anunciado por Mark Zuckerberg en 2018 pero recién se conformó en octubre del año pasado y emitió sus primeros informes-decisiones en enero de este año. Los objetivos de este organismo consultivo son brindar transparencia a las decisiones, mejorar los procesos de apelación de los usuarios y cuidar que Facebook no viole, con sus decisiones, derechos humanos. Está compuesto por 20 integrantes, donde el 25% son estadounidenses. Dos de ellos son sudamericanos, con la participación destacada de Catalina Botero, colombiana ex Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH entre 2008 y 2014.
A más de tres meses de la decisión de Facebook de suspender por tiempo indefinido las cuentas de Trump, la Junta de Supervisión decidió publicar los resultados de su análisis del hecho y las recomendaciones que le hace a la corporación para solucionar la situación y avanzar en otros procesos similares. Una aclaración muy importante es que esta junta forma parte de Facebook, es financiada por Facebook y no tiene pleno poder para revertir las acciones de la corporación.
Lo primero que define la Junta es que los posteos de Trump violaban las reglas de las plataformas y legitimaban la violencia social. Por otro lado, también sostiene que Facebook incumplió sus propias reglas de funcionamiento al no determinar de manera precisa el plazo de la suspensión y no establecer criterios claros sobre cuándo tomar ese tipo decisiones. La Junta llama a la empresa a tomar una decisión y fijar un plazo para la sanción, o suspender de manera absoluta a Trump. Pero debe hacerlo con una nueva medida sancionatoria que sea clara y tenga fundamentos precisos. El informe resalta la importancia de que Facebook establezca reglas claras en materia de censura de contenidos y cuentas para que el trato para todos los usuarios sea el mismo.
Sin embargo, la Junta respalda que ante mensajes que pongan en riesgo la seguridad nacional o llamen a la violencia, Facebook suspenda y bloquee esos contenidos. Así sea un jefe de Estado. Para esto, la Junta aclara que el “interés periodístico” de las declaraciones o posteos de Trump, en este caso, no deben ser valorados por sobre el interés por proteger la seguridad nacional o social. “Instamos a Facebook a realizar una revisión de su contribución a la narrativa del fraude electoral y las tensiones políticas que llevaron a los eventos del 6 de enero (NdR: toma del Capitolio). Esto debería considerar prestar atención al diseño y las opciones en sus reglas que pueden permitir que se abuse de su plataforma”, finaliza el informe.
El interés de la Junta de Supervisión por la protección del orden y la seguridad social, y el rol de Facebook para eso, se alimenta con el particular cuidado que los comisionados llaman a tener con las regulaciones públicas que otorgan a los gobiernos grandes capacidades para dar de baja o censurar a políticos y manifestantes opositores. Es extraño que a la Junta “se le escapen” los contenidos que, en nombre de la protección de la seguridad pública, Instagram y Facebook bloquearon, por ejemplo, los últimos días sobre las manifestaciones en Colombia. Miles de historias en Instagram y posteos en Facebook, sin contenido violento, fueron bajados de las plataformas cuando llamaban a tomar consciencia sobre las distintas implicancias de las medidas del presidente colombiano, Iván Duque. Muchas de estas publicaciones denunciaban la violación de Derechos Humanos e instaban a los manifestantes a cuidarse. Las explicaciones de la megacorporación sobre sus sistemas de inteligencia artificial no alcanzan para fundamentar semejante ola de censura. ¿Sólo los gobiernos pueden manipular y censurar expresiones por intereses políticos? Parece que no.
La decisión de la Junta expone las grandes limitaciones que tiene Facebook para determinar y justificar sus procesos de sanciones ante la baja de contenidos. Aun cuando se trata de un organismo interno, es claro el señalamiento sobre la falta de transparencia en el funcionamiento de sus plataformas ante eventos como el sucedido con Donald Trump o en Colombia. Por otro lado, su conformación muestra a las claras la tardía preocupación de Mark Zuckerberg por la protección de los derechos humanos, en este caso, la libertad de expresión, en sus espacios de sociabilidad digital.
Por otra parte, el informe vuelve a exponer las limitaciones de la auto-regulación de las grandes plataformas digitales y su autoconcepción como empresas con capacidad de regulación sobre el debate público, con responsabilidades y capacidades que, las sociedades modernas, asignan a los Estados. Es decir, en ningún momento la Junta problematiza el hecho de una empresa privada tomando decisiones sobre el derecho a la libertad de expresión y las condiciones del debate público que diferentes convenciones sobre derechos humanos asignan como objeto de y competencia estatal. Aún para una junta de expertos, las competencias de Facebook se solapan con las de los Estados nacionales. Y no parece representar un problema.
Pero en los hechos, sí lo es. La no contemplación de las particularidades de la figura de Trump como sujeto bloqueado, la nula mención a procesos judiciales o legislativos que pudieran justificar o formar parte del proceso de censura, y el reconocimiento del poder de penetración de una plataforma con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, muestran las limitaciones de este tipo de organismos consultivos.
Las condiciones y limitaciones al debate público y la libertad de expresión deben ser definidas y discutidas en poderes públicos. Especialmente en el Poder Legislativo. La privatización del control sobre las condiciones a través de las cuales nuestros discursos y contenidos viajan en Internet es un paso atrás en las democracias digitalizadas. El informe de la Junta de Supervisión de Facebook expone, una vez más, que la protección de derechos humanos es una cuestión corporativa y de “responsabilidad social empresaria” para estas corporaciones. Si bien es sano que se generen estos órganos en grandes plataformas, no resulta suficiente su existencia para contar con condiciones democráticas en el funcionamiento de Internet y de sus grandes plataformas digitales, indispensables para garantizar el cumplimiento de distintos derechos humanos. En este caso, el derecho humano a la libertad de expresión.
* El autor es Dr. en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en medios de comunicación.
