Los datos corresponden a los primeros tres meses del año y así lo confirmó el ministro de Salud, Federico Mangione. Según él, la causa de los decesos no es la desnutrición, si no la malnutrición. El gobernador Sáenz calla frente a esto y sigue negociando la profundización del ajuste con los gobernadores y Milei.
Viernes 22 de marzo 19:48
Crédito: Ignacio Smith / sub.coop
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, informó que 9 menores con bajo peso fallecieron en lo que va del año en la provincia de Salta. Cinco de ellos, pertenecientes a la comunidad Wichí Vertiente Chica y otras comunidades de Santa Victoria Este, murieron entre el 12 y el 16 de marzo. Cuatro tenían desnutrición.
Al mismo tiempo, afirmó a El Tribuno que si bien a las comunidades llegan los sobrecitos proteicos, que viene enviando el Gobierno nacional para que las y los niños puedan mejorar su estado nutricional, y la mayoría de las y los menores estaban controlados, “muchas veces las comunidades o las familias se resisten a consumirlo por desconfianza. Con esto debemos luchar nosotros todos los días. Nos debemos ganar la confianza de ellos. Enseñarles que eso no le va hacer daño, sino que le va hacer muy bien a su cuerpo”.
El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, por su parte denunció en Multivisión la situación del personal de salud y que no hay quién controle a las y los niños. Además, comentó que los cajones son de machimbre, porque no hay otros recursos.
Cinismo
Las palabras del ministro Mangione, que parecen sinceras, resultan cínicas viniendo de un integrante de un Gobierno que está al frente de la provincia hace más de 4 años mientras el agua potable sigue sin llegar a las comunidades del norte profundo, y a causa de esto y por el ajuste en curso que acrecentó la pobreza y la indigencia, los problemas nutricionales persisten.
Frente a esta problemática, el gobernador en lugar de resolver demandas históricas, o mínimamente estar junto a las familias y el personal de salud en momentos como este, sigue rosqueando con los gobernadores y el propio Gobierno nacional partidas presupuestarias que es poco probable que lleguen a las comunidades. Además, viene congelando los salarios de las maestras desde noviembre, habilitando los tarifazos y que el boleto de colectivo local esté a $490, y postergando los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras que están empleados en forma precaria, con salarios de hambre, o directamente fueron despedidos en los últimos meses, como los 40 obreros de El Tabacal.
Mucho menos hace el Gobierno nacional, y el silencio de las y los legisladores nacionales salteños de LLA Orozco, Moreno y Olmedo, persiste. No es de extrañar, para ellos directamente los pueblos originarios no deberían existir.
Frente a esta situación en las comunidades, que se va a agravar con el Pacto de Mayo y todo el plan motosierra del Gobierno nacional, que Milei negocia con los gobernadores como Sáenz, es necesario salir este 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976. Y a la vez, tenemos que seguir exigiendo que la CGT y la CTA rompan el impase con el Gobierno y convoquen a un paro nacional y plan de lucha por todos nuestros derechos, postergados y conquistados.
