La reciente resolución de la SCJN que declara inconstitucional la penalización del aborto tiene un efecto retroactivo, por lo que serán inválidas las sanciones imputadas a las mujeres que interrumpieron su embarazo. El gobierno de Coahuila ordena su liberación inmediata.
Lunes 13 de septiembre de 2021
El martes 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional penalizar el aborto en México, lo que deja un precedente para luchar por legalización del aborto en todo el país.
Esta conquista es un triunfo del movimiento de mujeres, no podemos bajar la guardia, requerimos la unidad a nivel nacional del movimiento de mujeres para pelear sin tregua frente a grandes enemigos como son la iglesia católica, los grupos evangelistas, la derecha conservadora y el Estado.
Un precedente para todo el país
De forma unánime los 10 ministros de la Corte han invalidado el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual impone cárcel de hasta tres años en contra de aquellas mujeres que tomen la decisión de interrumpir de manera voluntaria su embarazo.
En el mismo ordenamiento jurídico, en su artículo 195, se entiende aborto para efectos penales de la siguiente manera: “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo.”
Debido al efecto retroactivo que tiene la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las mujeres que han sido sentenciadas bajo este delito penal deberán ser liberadas sin ningún cargo.
Dicho fallo ha generado jurisprudencia al existir 10 votos en el mismo sentido, haciendo posible que ninguna mujer sea criminalizada por la interrupción voluntaria de su embarazo en ningún estado.
En este sentido, en la declaratoria final que emitió la SCJN se indicó que: “La garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”.
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La lucha continúa
Este hecho histórico se produce dentro de un contexto importante, ya que el movimiento de mujeres a nivel internacional ha peleado en los últimos años fervientemente por conquistar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Han tomado las calles con sus pañuelos verdes en alto para exigir el derecho al aborto legal y gratuito, educación sexual e integral y separación efectiva de la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, esta lucha aún está lejos de concluir, ya que despenalizar implica dejar de tipificar como delito la interrupción del embarazo, pero no implica que el Estado garantice que se practique de forma segura, irrestricta y gratuita.
Así que, aunque es un avance, sigue sin estar garantizado por completo por el Estado. Para que el aborto sea un derecho, es necesaria su legalización.
Un fallo que fortalece la lucha por el derecho a decidir
Es de vital importancia continuar con la lucha a nivel nacional, se hace indispensable que el movimiento de mujeres no baje la guardia, es necesario mantener la movilización en las calles hasta que sea ley.
Solo un movimiento fuerte y organizado de mujeres podrá enfrentar las imposiciones de la iglesia, así como a los sectores empresariales y de la derecha conservadora que buscarán frenar el derecho a decidir y que hoy, ante estos avances, refuerzan su ofensiva contra sus derechos.
Aún hay mucho por conquistar en el terreno de los derechos de la mujer, como abortos seguros y gratuitos en todos los hospitales públicos, para lo cual es necesario un aumento al presupuesto del sector salud, mismo que podría basarse en impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.
Educación sexual laica, científica y no sexista en las escuelas públicas de todos los niveles. Porque el actual modelo educativo contempla esta cuestión de manera formal y no responde a la realidad y necesidades de las mujeres trabajadoras y pobres.
Acceso real y pleno a métodos anticonceptivos gratuitos para toda la población y particularmente para las jóvenes y adolescentes y que éstos sean acordes a las necesidades de cada organismo y puedan ser suministrados en centros de salud y clínicas públicas.
Legalización del aborto en todo el país. Que el Estado garantice que los abortos sean seguros y gratuitos para las mujeres que así lo requieran, para que no haya más muertas por abortos clandestinos y que las clínicas privadas dejen de lucrar con las necesidades de interrupción de los embarazos, lo cual representa un negocio millonario.
Ahora más que nunca es de suma importancia tomar esta lucha en nuestras manos, codo a codo con nuestras compañeras, en cada centro de trabajo y pelear contra la patronal que con sus ritmos extenuantes orilla a decenas de trabajadoras a tener abortos espontáneos. Asimismo, es necesario luchar frente a la injerencia de la iglesia en los planes y programas de estudio, para poder acceder a una educación sexual integral.
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