Conversamos con Víctor Calvo, padre de María José, quién nos comenta sobre su lucha por justicia frente a la inoperancia del Poder Judicial.
Martes 5 de octubre de 2021
En noviembre se cumplirá un año desde que sucedió el femicidio de María José Calvo, quien fue encontrada un día después de ser asesinada en su casa, en Desamparados. El primer sospechoso, un hombre con el que María José mantenía una relación sentimental, provocó un incendio en su casa con el fin de eliminar la evidencia. Hoy, él se encuentra en su hogar, bajo arresto domiciliario.
La familia sigue exigiendo justicia para María José. Y es que para el padre de la víctima es absurda la medida que tomó el juez encargado del caso: “¿Por qué un juez después de que a un ciudadano de este país la matan, le roban, le queman la casa con todos sus bienes adentro, que sea como sea, es una cantidad bastante también, se le ponga un brazalete y lo manden a la casa?”.
El femicidio es la expresión máxima de la violencia patriarcal, pero se debe tomar en cuenta que las familias de las víctimas sufren también de esta violencia. El padre de María José cuenta que ni los bomberos, ni el IMAS ni la municipalidad de Desamparados les han querido brindar ayuda después del incendio de su casa. “[Los bomberos] no me quisieron dar el parte para ir al IMAS o la municipalidad. El IMAS me cerró las puertas, la municipalidad también. Habiendo un incendio de por medio de totalidad”, comentó, describiendo su situación como un “desgaste psicológico”.
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El Estado responsable
Durante la pandemia y el confinamiento, las probabilidades de que una mujer sufra violencia doméstica pueden aumentar, pues no todos los hogares son seguros para las mujeres: en ellas recae el trabajo de la casa y además deben convivir más tiempo con su agresor. Entonces, ¿qué han hecho el Estado o las instituciones encargadas respecto a este problema?
El Estado y sus instituciones no garantizan la seguridad ni la vida de las mujeres y de las niñas, además de instaurar un papel revictimizante para las mujeres y ejercer violencia contra sus familias.
En el caso de María José, su padre recuerda que los investigadores no realizaron una inspección completa de su vivienda y fue él mismo quien encontró las prendas del sospechoso. Asimismo, denuncia la ineficacia de Homicidios, donde se debe esperar todo un fin de semana para poder denunciar un femicidio o cualquier otro crimen. Además, hay que esperar 48 horas desde la desaparición de la persona para hacer una denuncia.
No podemos seguir confiando en las leyes, y estas no representan tampoco una única salida para acabar con el sistema patriarcal. Se debe crear un Comité independiente de investigación, conformado por familiares de las víctimas de femicidios, organizaciones sociales, políticas y de mujeres. Es necesario exigir la creación de refugios para las víctimas de violencia de género; otorgar salarios de cuarentena para que las víctimas de violencia puedan tener independencia económica y no dependan de su agresor; y, garantizar atención psicológica y de calidad para las mujeres y familiares víctimas de violencia patriarcal.
La familia de María José recuerda que ella fue una de las primeras en buscar a Luany Salazar: “Ella fue la que empezó a luchar y a luchar por buscar a Luany y la encontraron se podría decir gracias a mi hija, por la lucha de mi hija”.
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Durante este año y el pasado, se han realizado diferentes movilizaciones de mujeres en el país, todas exigiendo lo mismo: una justicia verdadera. No podemos olvidar la movilización espontánea del año pasado en solidaridad con el caso de Allison Bonilla y, más recientemente, la peña feminista contra la impunidad del pasado mes.
En todas estas actividades, se manifestaron demandas contra la policía y denuncias contra el Estado ante los casos de femicidios y las demás violencias hacia las mujeres y cuerpos feminizados. Por María José, Allison, Luany, Nati, Fernanda, Raisha y muchas más que han muerto por la violencia patriarcal y estatal, el movimiento de mujeres deberá seguir luchando por garantizar una justicia verdadera.
