Femicidios: Cómo combatir el problema estructural

El miércoles 18 de agosto, el Tribunal Penal de Cartago calificó de homicidio simple el caso de Allison Bonilla, y absolvió de violación al asesino de Allison, sentenciándolo a 18 años de cárcel.

El femicidio de Allison Bonilla ha venido poniendo en marcha un fuerte cuestionamiento por parte del movimiento de mujeres a las instituciones judiciales del Estado, y la justicia que estas instituciones dictan. Este cuestionamiento ha quedado reflejado en las calles, como lo fue en la manifestación nacional espontánea el año pasado, en la que se rechazó la justicia patriarcal que receta el Estado y se exigió una verdadera justicia para las víctimas de femicidios. Esta exigencia también ha estado presente en el pasado 8M.

Luego de la sentencia del Tribunal Penal de Cartago, el movimiento de mujeres y familiares de Allison han manifestado su rabia e indignación, pues la institución judicial no está garantizando justicia. Desde Pan y Rosas manifestamos nuestra total solidaridad a la familia de Allison, y rechazamos la justicia que brinda el Estado.

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No es un caso aislado, es un problema estructural

Según datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres, del 2017 al 2019, se registraron un total de 355 femicidios. Para el 2020 se contaron 23 femicidios y 21 casos pendientes de calificar. En lo que llevamos del 2021, se han contabilizado 27 muertes violentas de mujeres.

La violencia de género, siendo el femicidio la más grave de la violencia hacia las mujeres, no corresponden a casos aislados, no son llevados a cabo por sujetos con patologías individuales, ni son perpetuados como resultado automático de la dominación masculina. El problema de las medidas punitivas, como aumentar las penas de cárcel, es que encasilla los femicidios dentro de estas categorías mencionadas, naturalizando o patologizando a los sujetos que los cometen, y con ello, ocultando el problema de raíz.

La violencia de género corresponde a un problema estructural del patriarcado, cuya estructura tiene legitimidad y es reproducida a través de las instituciones del Estado, como, por ejemplo, en el OIJ. En el capitalismo, basado en la explotación, la desigualdad y la opresión de millones de personas, la opresión de género y el patriarcado se convierten en aliados del modo de producción vigente, por lo que las instituciones del Estado y sus leyes están en función de reprimir y castigar, con el objetivo de mantener el orden normal de las cosas, en el que las mujeres de clase trabajadora tenemos las de perder. En palabras de Rita Segato “la normalidad del sistema es una normalidad violenta, que depende de la desmoralización cotidiana de los minorizados”.

Es por esta lógica que, de las 27 muertes violentas de mujeres en este año, solo 1 es catalogada como femicidio, y es por esto que ni 18 ni 50 años de cárcel son una verdadera justicia para todas las víctimas de femicidios, pues castiga al individuo, pero no desestabiliza el orden estructural de las sociedades capitalistas y patriarcales, por lo que se sigue reproduciendo violencia de género y se fortalece el Estado. Es la misma lógica que permite que las medidas punitivas no sean aplicables a personas como Óscar Arias, ex presidente por el PLN, que pese a haber sido acusado de múltiples abusos sexuales, nunca estuvo en tela de juicio cuántos años de cárcel tendría. Tampoco la institución de la Iglesia Católica.

Garantizar justicia por otros medios

Las instituciones del Estado no pueden garantizar una salida que rompa de raíz con el problema. Una verdadera justicia para todas las víctimas de femicidios pasa porque el movimiento de mujeres en conjunto con la clase trabajadora y sectores oprimidos pelee por garantizar refugios transitorios para las víctimas de violencia de género, por garantizar atención psicológica gratuita y de calidad a todas las mujeres que lo requieran.

Los casos de femicidio deben estar en manos de un Comité de investigación independiente, conformado por organizaciones sociales, políticas y de mujeres, junto con familiares de las víctimas. El Estado debe garantizar los recursos económicos para llevar la investigación adelante, además de abrir las carpetas de investigación para uso del Comité.

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