Ni Una Menos. Femicidios: el Estado es responsable

Durante este fin de semana, cuatro mujeres fueron asesinadas, solo por el hecho de ser mujeres. Por eso hablamos de femicidios.

Palabras como violencia de género, machismo o femicidios lograron instalarse en el debate público gracias a la visibilización que le dio el movimiento de mujeres al desnaturalizar esas conductas violentas, sacándolas del ámbito de lo privado para ubicarlas como parte de un sistema patriarcal.

Por eso ante la noticia de los asesinatos de Navila, Vanesa, Cecilia y Cielo, la bronca invadió las calles de las ciudades donde ellas vivían.

Cielo, por ejemplo, era de Plottier, una ciudad en la provincia de Neuquén. Las calles sureñas se llenaron de gente. Más de veinte mil personas demostraron su enojo y la exigencia de que esto no puede volver a ocurrir. Algo similar ocurrió en Chascomús, un pueblo cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde había nacido Navila.

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Es notable la reacción de la gente que espontáneamente salió a las calles y la actitud mezquina e imprudente de algunos medios de comunicación que siguen haciendo eje en la vida privada de la víctima para culpabilizarla y hacerla responsable de su propio asesinato.

No es la primera vez que pasa. Lamentablemente ya hemos leído y escuchado frases como “era fanática de los boliches”, “tenía una vida sexual activa”, “no le gustaba estudiar”, “tuvo muchos novios”, “usaba ropa provocativa”, “se sacaba muchas fotos”, “tenía varios perfiles de Facebook”, “le mentía a sus padres”. Todos y cada uno de estos argumentos apuntan a construir ese sentido común que indica que por no ser como “debería” mereció la muerte. Nada más ni nada menos que la construcción sistemática de la mala víctima.

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Pero ese sentido común, que algunos medios ayudan a potenciar, trasciende las pantallas y las charlas informales y se instala también en los organismos que deben administrar justicia. Entonces un día nos encontramos con el brutal femicidio de Lucía Pérez y un juicio en donde prácticamente se la juzgó a ella, aunque claramente era la víctima.

Esa visión sesgada sin una perspectiva de género se repite también en comisarías, donde las mujeres que se animan a denunciar al agresor son “persuadidas” a dejar todo sin efecto y volver a la casa con quien las está violentando.

Cuando hablamos que la opresión hacia las mujeres es sistémica, queremos decir que la imposibilidad de acceder a derechos elementales o la discriminación, son partes que hacen al funcionamiento de una sociedad que, apoyándose en la desigualdad, se vale de prejuicios patriarcales para ocultarlas.

En este sentido la ausencia de políticas públicas por parte del Estado lo transforman sin más en responsable. Porque es el Estado quien debe garantizar las herramientas que permitan paliar, aunque sea mínimamente este flagelo que se cobra la vida de una mujer cada 32 horas.

Existe la ley de Educación Sexual Integral y solo se aplica en un puñado de distritos, cuando debería estar en todas las escuelas del país. Existe también la ley Micaela, que exige que todos aquellos que trabajen en cualquiera de los tres poderes del Estado deben recibir capacitación en materia de género.

Lo que no existe es la decisión política para avanzar en estos temas. Ni siquiera destinando las partidas presupuestarias necesarias para poder avanzar en algunos temas urgentes, como ya puede verse en el debate que se abre de cara a la aprobación del Presupuesto 2020.

Es cierto que este sistema hay que cambiarlo de raíz, pero eso no es posible hacerlo sin organización y lucha. Ningún gobierno ni parlamento ha concedido los derechos elementales para las mujeres. Lo mostró el Senado, votando en contra de la legalización del aborto, o garantizando la injerencia de las iglesias en la educación.

De cara a las próximas elecciones, es fundamental que la izquierda ingrese en el Congreso, ocupando bancas que estén al servicio de las luchas de las mujeres, los trabajadores y la juventud.

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