Violencia Machista. Femicidios y fuerzas de seguridad: cuando el poder de policía está en el hogar

La medida del aislamiento social obligatorio que tomó el gobierno para intentar evitar el colapso del sistema de salud por el contagio masivo de COVID-19 llegó acompañada de una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, policías federales y provinciales, gendarmería y prefectura, como garantía de hacer cumplir lo que indicaba el decreto presidencial.

El aval que desde el gobierno se le dio a estas fuerzas para que aseguraran que nadie infringiera la cuarentena derivó en un ciberpatrullaje sobre todo en los barrios de los sectores más vulnerables.

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Este comportamiento abusivo de las fuerzas represivas no se limita a los momentos en los cuales están en servicio. Por el contrario y quizás por patrones sociales y culturales del “cumplimiento del deber” y el “estado policial” la mayoría de los policías, por ejemplo, llevan su arma reglamentaria, aún cuando están de franco.

“La portación de armas no es solo un elemento de fuerza física, también es simbólica: se utilizan para ejercer hostigamiento y amenazas. No es problema privado de un policía, es un problema institucional, por lo tanto el Estado tiene responsabilidad”, explicaba Juliana Miranda, integrante del equipo de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al medio digital Cosecha Roja.

El aislamiento obligatorio generó un aumento notable de violencia machista en todos sus niveles, hasta culminar en su expresión más brutal que es el femicidio. Desde el 20 de marzo hasta la fecha, 22 mujeres fueron asesinadas a manos de varones que, considerándolas objetos de su propiedad, dispusieron de sus vidas.

Unos de los informes de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) señala que en el año 2018 uno de cada cinco femicidios fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con sus armas reglamentarias.
En este sentido Correpi señala que los femicidios por agentes uniformados se convierten en la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal.

En los casos en donde el femicida utiliza su arma reglamentaria la responsabilidad del Estado es doble, primero por no arbitrar los medios necesarios para garantizarle a esa mujer alguna alternativa de salida del círculo violento en el que se encuentra. Y segundo porque esa arma reglamentaria es entregada por el Estado para que ese agente de seguridad la utilice dentro de su esfera laboral.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Nilda Garré, al frente del Ministerio de Seguridad elaboró algunas medidas regulatorias en cuanto a la portación de armas. Una de ellas establece que si un efectivo tiene una denuncia por violencia de género se le deberá retirar el arma reglamentaria al finalizar la jornada laboral. Solo durante el 2016 hubo 222 efectivos de fuerzas de seguridad a quienes alcanzó esta restricción.

Es importante señalar que de lo que estamos hablando no es solo de varones violentos sino de una institución que avala y en muchos casos encubre estos comportamientos. Muestra de ello es que las propias mujeres de la fuerza denuncian situaciones de violencia por parte de sus compañeros o superiores. Así mujeres policía de Rosario hicieron pública una carta donde visibilizan algunas de las situaciones que deben enfrentar diariamente “desde abuso de autoridad, hostigamientos, amenzas y persecución hasta casos de abuso sexual, utilizando reglamentación sancionatoria para tergiversar la real causal de la imposición de un mensaje disciplinador para las demás mujeres policías”.

El recrudecimiento de la violencia machista producto del aislamiento social se vio reflejado en el aumento de llamados a la línea de asistencia telefónica 144. Entre varias medidas que está tomando el gobierno nacional, y también el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se hizo público un comunicado del Ministerio de Defensa en donde se publican números de teléfonos de las Fuerzas Armadas para asistir a mujeres en situación de violencia.

Una campaña que llama la atención sobre todo si tenemos en cuenta la actuación que tuvieron durante la cuarentena estos efectivos y los reclamos constantes del movimiento de mujeres sobre la revictimización que sufren aquellas que se animan y concurren a una comisaría, por ejemplo, a denunciar una situación de violencia.

Si bien esta información fue publicada en la página oficial del Ministerio de Defensa, no queda del todo claro si ese material público es solo para denuncias de los efectivos que integran esas fuerzas, para las víctimas de violencia que trabajen ahí o como campaña masiva y nacional.

La sola posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones de violencia machista debería encender una señal de alarma. Por un lado por su actuación en lo que va del aislamiento y por el otro porque desde el año 1983 no pueden intervenir en problemas de seguridad interior.