Crímenes de odio. Feminicidios de Nohemí y Julissa en Ciudad Juárez despiertan amplia indignación

Nohemí y Julissa vivían en Ciudad Juárez según algunas fuentes, aunque otras señalan que vivían en el Paso, Texas. Eran dos mujeres jóvenes, lesbianas y madres de dos niñas y un niño.

Karla Arvizo, presidenta del Comité de Diversidad Sexual de Chihuahua, declaró que:

“Fue un crimen exageradamente violento y por las situaciones que se marcan parece ser que es un crimen de odio porque hubo agresiones de tipo sexual, entonces por eso lo estamos considerando aparte de dos feminicidios, crimen de odio por diversidad sexual”,

Mientras tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) llamaron a que en la investigación se aplique el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de Instancias de Procuradurías de Justicia en el País, en todos aquellos casos que involucren orientación sexual o identidad de género.

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Sin embargo el Fiscal General del estado declaró que no hay razones de que se trate de un crimen de odio e intentó adjudicarlo a “la actividad económica y el entorno”. Esto en consecuencia de que en el estado, los crímenes de odio no están tipificados como delitos, por lo que estos no se investigan como tal, a pesar de que según cifras de Letra S -una publicación online, independiente y enfocada en temas LGBT+- Chihuahua es el segundo estado después de Veracruz, en el que se cometen más crímenes de odio hacia la diversidad sexual.

Si bien el matrimonio igualitario es legal así como el reconocimiento de las identidades trans ante el Registro Civil, las “terapias de conversión” tampoco están prohibidas.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, repudió el doble feminicidio antes de que los cuerpos fueran identificados y aseguró que se haría justicia. Son conocidas por la comunidad LGBT+ del estado fronterizo, las posiciones anti derechos de la panista, quien desde que era diputada estaba en contra del matrimonio igualitario defendiendo “el matrimonio natural”, haciendo referencia al conformado por un hombre y una mujer. Además de declarar que solo el 1% de la población en Chihuahua es homosexual.

Para este martes, ya se contaban 10 feminicidios en el estado. En el 2021 hubo un incremento del 34.7% de feminicidios en la entidad, siendo que Ciudad Juárez concentró el 39.13% del total de casos.

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Es en este contexto, que el gobierno federal, a través de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen el cinismo de anunciar que bajo la gestión de López Obrador, el feminicidio ha disminuido en un 7% en el país, siendo que tan solo en diciembre del 2021 hubo un incremento del 11% de este crimen en comparación del mes de noviembre, según información del propio gobierno.

La estrategia del gobierno de la panista Maru Campos es fortalecer la militarización a través del Operativo Juntos por Juárez que implica el incremento del patrullaje de la Guardia Nacional junto a policías municipales, estatales y federales. Esta estrategia ha demostrado una y otra vez su impotencia para resolver el problema de violencia, e inclusive ha sido una de las causales de su incremento. No sorprende que sea el PAN quien a pesar de esto quiera aplicarlo, pues fue el pionero en materia de militarización en el país, misma política que ahora impulsa Morena desde el gobierno.

Ciudad Juárez es lamentablemente, la ciudad icónica a nivel mundial cuando se habla de feminicidios y lo que ha demostrado su historia, es que las particularidades de ser una zona fronteriza donde la subordinación al imperialismo, son las mujeres trabajadoras las que la pagan, son el perfecto caldo de cultivo para la proliferación del feminicidio y la violencia patriarcal.

Nos referimos a lo que implica la importante feminización del trabajo en la industria transnacional, donde las empresas extranjeras, se aprovechan del bajo costo de producción, sometiendo a los trabajadores y principalmente a las mujeres trabajadoras a condiciones de precariedad. A esto se suman las políticas de militarización que ya mencionamos, las cuales han impulsado los lacayos gobiernos mexicanos obedeciendo las órdenes de la Casa Blanca.

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El enorme repudio que se ha expresado en redes a ambos lados del Río Bravo, es necesario que se convierta con organización y movilización en las calles. A ambos lados de la frontera, el movimiento de mujeres y LGBT+, debe luchar por la desmilitarización inmediata de las fronteras y de México, así como plenos derechos para los migrantes poniendo especial énfasis en la situación que viven las mujeres migrantes.

El movimiento de mujeres y de la diversidad sexual tiene que volver a salir a las calles a exigir derechos laborales, guarderías y centros de lactancia en los centros de trabajo y el fin a la precarización que tiene una carga doble sobre las mujeres y las personas LGBT+, así como plenos derechos para la diversidad sexual, empezando por el derecho al matrimonio igualitario, a las identidades trans en todo el país y al aborto para todas las personas gestantes.

Es urgente que haya presupuesto destinado a refugios para mujeres víctimas de violencia administrados de forma independiente al gobierno, cuyos policías y funcionarios en muchos casos están coludidos con las redes de trata.