La semana pasada más de 33 ciudades del Estado amanecieron con una campaña publicitaria en contra del aborto. Carteles al estilo de una reconocida cajetilla de tabaco con la frase “Rezar frente a una clínica está genial”. Promovida por Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la campaña fue retirada por algunos ayuntamientos. Grupos de mujeres y plataformas feministas no han tardado en dar sus propias respuestas señalando las atrocidades de la Iglesia y el continuo acoso al que se ven sometidas las mujeres que deciden abortar.
Lunes 24 de enero de 2022
Nuestros derechos no se negocian. Nuestras decisiones no se cuestionan.
💚 Derecho al aborto libre, gratuito y en la pública 💚 pic.twitter.com/6wgd7nLjyL
— Feminismos Madrid (@FeminismosMad) January 21, 2022
🔥Respuesta feminista🔥 del barrio a aquellos que intentan arrebatarnos el derecho a decidir.
¡Basta de ❌ACOSO❌, aborto libre y gratuito!💪💪 pic.twitter.com/sn6ph1O3u8
— Feminismos Tetuán (@tetuan8m) January 23, 2022
A mitad del pasado año la ministra de igualdad Irene Montero mostró la intención de realizar una reforma en la Ley del aborto para regular algunos de los aspectos más controvertidos como el uso de la objeción de conciencia, el permiso parental para menores de entre 16 y 17 años o los tres días de reflexión previos a la realización de la intervención. Aunque sin duda el punto que más polémica ha suscitado es la posible penalización a los grupos y personas que se manifiestan frente a las puertas de los centros o que difunden información engañosa o sesgada. Este punto es apoyado por los distintos grupos parlamentarios excepto PP y Vox.
Los procedimientos de estas campañas normalmente financiadas por grupos ultra católicos y de extrema derecha son amplios y variados. Organizados a nivel internacional pretenden influir en la política para frenar los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres y del colectivo LGTB.
Lejos de “rezar para salvar vidas”, los grupos que se presentan frente a los centros realizan todo tipo de actuaciones para acosar y presionar a las mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo. Desde clásicas pintadas y manifestaciones frente a los centros hasta presiones mucho más preparadas y costosas como la de la “ambulancia vida” para realizar ecografías y test de embarazo que comenzó a sacar la calle una diputada de VOX.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) cerca del 90% de las mujeres que acuden a estos centros reciben presiones o acoso. Lejos de hacerlas cambiar de opinión, las mujeres que se encuentran con estos grupos llegan a la intervención en un estado de estrés y alteración que complica aún más el proceso. Desde ACAI llevan años reclamando medidas a los organismos públicos ya que las pacientes son normalmente derivas de la sanidad pública a estas clínicas.
Solo aproximadamente el 6% del total de IVE se realizan en centros públicos, y es que a parte de las trabas emocionales que supone tomar tal decisión, existen un gran número de barreras materiales que impiden el acceso efectivo al aborto
