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Juicio. Fernando Báez Sosa: entre un crimen atroz y un clamor punitivista

El juicio por un homicidio atroz, televisado por múltiples cámaras como un gran espectáculo nunca antes visto, llega a su fin. La bronca frente a la brutalidad del crimen y la saña con que fue cometido abre paso a un clamor punitivista donde, lejos de buscar justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa, instituciones y personas de dudoso accionar hacen un lavado de imagen.

Octavio Crivaro

Octavio Crivaro @OctavioCrivaro

Viernes 3 de febrero de 2023 18:05

Ph: Télam

Ph: Télam

El 18 de enero de 2020, mientras la propagación del Covid-19 comenzaba a modificar el mundo a un ritmo vertiginoso, un grupo de 11 jóvenes de Zárate, algunos de los cuales jugaban al rugby, protagonizaron una pelea en un boliche, que fue continuada por una golpiza a traición contra uno de los chicos del otro grupo, a la sazón, Fernando Báez Sosa. Lo que pasó ya es sabido probablemente por gran parte de la población y de los lectores: Fernando fue atacado por varios flancos, inmovilizado y pateado con una brutalidad tal que su vida fue apagada para siempre. La marca de una zapatilla en la mandíbula de Fernando es el sello de una muerte cobarde, la anulación de una vida en 60 segundos.

Luego se supo que esa actividad, las golpizas en patota, eran el deporte predilecto de la banda de jóvenes de Zárate. Durante las jornadas del juicio oral se conocieron los detalles de las precuelas de este ataque que culminó en el homicidio de Fernando.

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Apenas ocurrido el crimen, surgió una primera controversia sobre un tema: los presuntos valores del rugby, discusión no exenta de humo, que se acrecentó luego del tercer puesto de Los Pumas en el Mundial de Rugby del 2007. ¿Recuerdan aquella discusión que decían algunos de que Los Pumas sí cantan el himno, no como Messi? Bueno, eso.

Desde no pocos lugares, empezando por el propio club donde algunos de los imputados jugaban el deporte de la pelota ovalada, defendieron que el rugby promueve valores solidarios, de unidad, de amistad, de fraternidad. En no pocas ocasiones se afirmó eso mientras se contrabandeaba un pedido de impunidad para los agresores.

En honor a la verdad, ya lo hemos dicho, mayoritariamente los clubes de rugby no transmiten valores propios del deporte sino que aceitan los valores de los sectores sociales de donde provienen sus jugadores. En Argentina, a diferencia de lo que sucede en Nueva Zelanda, Australia y otros países, el rugby es practicado no exclusivamente pero sí muy mayoritariamente, por varones de clase media alta, alta o muy alta. Las excepciones (nuevos clubes de sectores populares, de mujeres, en el NOA, de personas privadas de su libertad, de jugadores gays, datos auspiciosos para un hermoso deporte ensombrecido) no tuercen esa regla.

Los valores que se promueven no son los de la solidaridad o al menos no el de la solidaridad tal cual la entiende quien escribe esto o la mayoría de la sociedad. La solidaridad que se promueve se asemeja más a un espíritu de cuerpo, a defenderse como sea de lo que sea. A algo muy, muy parecido a la impunidad, que es lo que se vio durante el juicio y que los medios televisivos, más afectos muchas veces a los títulos resonantes que a la información, llamaron con pompa “pacto de silencio”.

Lo dicho: los valores del rugby no difieren, sino que ratifican, el ethos de las clases de las que provienen, parafraseando al tantas veces mal citado sociólogo alemán Max Weber. Y ese cúmulo moral, en general, promueve una exaltación del hombre rudo, del macho que va de frente, del que se la banca. Del que se planta en una pelea, frente a una chica, frente a un “negro de mierda”, en la cancha, con Fernando. Es una moral profundamente patriarcal y machista, que no significa, claro, que solo la ejerzan los varones: es una moral fundamentalmente de clase. Los tuits de varios jugadores, incluido el capitán de Los Pumas en aquel entonces, Pablo Matera, derrochando racismo, misoginia y clasismo hacia las empleadas domésticas, ratificaban que esa sensación de “yo puedo” es pavoneada en el altar sacro de la religión de la opinión pública: las redes sociales.

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¿Porqué hacen lo que hacen? Golpear, decir barbaridades, ostentar poder, no percibir siquiera que su propia libertad estaba en riesgo, como en una alienante nube de impunidad. Es sencillo: porque pueden hacerlo, porque en el lugar de donde provienen está permitido, es deseado, es impulsado hasta cierto punto. A tal punto quedó mancillado ese ethos rugbier, que se sostuvo incolúme durante tantos años (y tantas palizas), que uno de los mayores íconos de ese deporte, Agustín Pichot, tuvo que salir a cuestionar lo que se “enseña” en el verde césped custodiado por dos grandes haches. Pero no. No es el rugby, ni siquiera los rugbiers en sí mismos: es el lugar de donde provienen la mayoría de esos rugbiers. Nos adelantamos a críticas posibles: ¿acaso esto significa que jugadores de fútbol, de tiro al blanco o de patinaje sobre hielo no puedan cometer hechos de violencia? Por supuesto que sí pueden hacerlo y de hecho ocurren. Acá simplemente señalamos desde qué moral, discurso, lazos sociales ocurre este crimen, perpetrado por jóvenes de sectores pudientes que miran a una parte de la sociedad desde una parte alta de la ladera de la pirámide social. Y eso hace que estos hechos se emparenten más con el rugby que con otros deportes.

PNT: Pudientes Pero no Tanto

Ahora bien. Si los jóvenes que golpearon (en el rol que haya jugado cada uno y con una intencionalidad que el autor no se atreve a definir con el facilismo temerario de varios panelistas de TV) actúan desde un escalón alto de la pirámide social, no escriben desde el más alto, ni mucho menos.

Tienen “nombre”, sí, pero no tanto como para que su portación de apellido les abra algunas puertas o le cierre flancos de ataques. Tienen influencia, pero esa influencia se disipa a medida que se aleja de los límites de Zárate. Tienen la posibilidad de contratar un ávido abogado penalista de su ciudad natal, seguramente el mejor, pero no la de pagar a un bufet de los mejores y más caros del país.

Eso quizá explica la manera en que este caso fue tratado por algunos medios de comunicación. El autor de estas líneas arriesga una hipótesis contrafáctica y, por consiguiente, imposible de ser probada. Si los autores del homicidio de Fernando Báez Sosa hubieran provenido de un sector social de los que miran desde arriba de la pirámide social a jóvenes como los de Zárate, muy probablemente la cobertura del crimen hubiera sido otra, no tan espectacular (en el sentido literal de la palabra: de promover el espectáculo) tan ubicua, tan condenatoria sin atenuantes. Los acusados son pudientes pero no tanto.

Eso quizá explica la cobertura de algunos medios televisivos, tan proclives a naturalizar, explicar, fundamentar y legitimar el accionar impune de los dueños de todo, y que aquí dictan clases de moral en paños menores.
La cobertura amarillista y (como veremos) el clamor punitivista desplegado con suntuosidad alrededor de este caso, contrasta con la permanente y militante búsqueda de impunidad de los que más tienen, con la incansable defensa de los beneficios de los que tienen la sartén por el mango, y que son dueños del mango, de la sartén y de la hornalla. Desde los mismos estudios que reclaman piedad con los “pobres viejitos” presos por organizar el golpe de 1976, se ladra como única salida posible la perpetua para todos los participantes del crimen. Manifiestan molestias elocuentes cuando muchos de los invitados, en no pocos casos abogados penalistas, defienden técnicamente que consideran que no existe prueba suficiente para una sentencia de ese tipo. El autor de estas líneas insiste: no tiene elementos para definir si corresponde una cosa o la otra, porque sobre derecho y medicina prefiere no opinar por una cuesión sencilla, no es abogado ni médico. Como dice una bella canción de Hermética: “solo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no”.

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Cabe preguntarse: ¿porqué sectores tan afectos a silenciar los crímenes de las clases pudientes cantan como tenores heroicos su indignación ante este crimen? Quizá sea por una genuina indignación ante un crimen atroz, filmado, con un nivel de espectacularización de un crimen nunca vista, un hecho que ni al Gran Hermano de George Orwell en 1984 se le hubiera ocurrido. Peo quizá sea, también, porque los imputados son pudientes pero no tanto, realidad que permite actuar una exaltación de la indignación ya que, saben, se trata de unos desconocidos rugbiers (a lo sumo) de clase alta o media alta de Zárate, nadie que uno se cruce en el country club de Nordelta o en los tablones de un partido del CASI. Eso tendría otro precio.
Así como algunas empresas contaminantes hacen “green washing” para parecer amigas del medio ambiente o algunas corporaciones hacen “pink washing” para vender misiles aclarando que son gay friendly, algunos medios hicieron “class washing” con el crimen de Fernando: por una sencilla razón. Porque ningún miembro de la clase dominante está involucrado. No nos confundamos. No los condenan por ser ricos impunes, sino por no ser lo suficientemente ricos.

Comámonos a los caníbales

Tal como adelantamos en una nota hace tres años que lleva como un título igual al de este apartado, al crimen brutal de Fernando le siguió, como los autos conducidos por vivillos que se pegan atrás de las ambulancias para safar de un semáforo, un clamor punitivista que se fue haciendo más sólido, más insistente, más inquietante, más desagradable.

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En primer lugar instalando como única salida posible la perpetuidad de la pena, por lo que vienen abogando los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa a paso redoblado. Se ha logrado instalar en la opinión pública que cualquier otra condena que no sea perpetua, no sería Justicia.

Los medios televisivos y las redes sociales hicieron lo propio. El abogado Fernando Burlando, al que ahora referiremos, lanza una encuesta en Twitter para que los usuarios de la red social, no importa el trabajo que hagan, la profesión que tengan, o conozcan la prueba o no, opinen sobre qué tipo de condena debe haber. Un conocido medio televisivo de placas rojas hace notas en la calle para que transeúntes opinen (¿conocen la causa? Eso es apenas un detalle) sobre qué pena corresponde. Varios medios invitan casi en cadena nacional a varios presos o ex convictos que cuentan cómo serán recibidos, donde sugieren que serán violados, entre risas, chistes y mechando esos diálogos de una oscuridad infinita con la noticia de que nació un oso panda en algún zoológico de China.

Una argamasa que mezcla punitivismo, banalización de la brutalidad carcelaria, valorización de la cultura de la tortura y de la violación, acompaña, en muchos casos, al justo repudio frente al crimen de Fernando. Una Ley del Talión con anabólicos, donde a un crimen odioso le corresponde una condena mucho peor, los tormentos, los abusos sexuales y, para algunos, también la muerte. Al menos para la especialista en derecho penal Cintia Fernández, si se permite la ironía, es lo que corresponde.

Algunos panelistas claman por una “condena ejemplar” cuando la realidad es que el Código Penal (que el autor, que es socialista y marxista, cuestiona) sostiene que hay que buscar Justicia, no dar un ejemplo a nadie más. Una romantización de una cárcel medieval, que supuestamente tiene la función de la reeducación y reinserción en la sociedad, pero que es defendida como sede del horror deseable. Si Foucault, estudioso de todo el sistema carcelario, viviera, ojalá fuera invitado a alguno de los canales de televisión donde se mofan de las futuras violaciones.

Ya lo dijimos: cierta vez un periodista canchero le preguntó a un tal Jorge Luis Borges: “Señor Borges, ¿es verdad que en su país todavía hay caníbales?”. Borges le respondió: “Ya no: nos los hemos comido a todos”. Con los rugbiers pasa algo semejante: muchos quieren penar el crimen brutal de estos caníbales comiéndolos.

Una burla en sí mismo: Fernando Burlando como paladín de la Justicia

El colmo de las ironías que cruzan todo el tratamiento de este juicio, pero que no se mencionan es el propio abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, querellantes en la causa, Fernando Burlando. Que el defensor del padre Grassi aparezca como un mártir de la defensa de la Justicia, demuestra que en el tratamiento de este crimen atroz e injustificable, hay algunos cables pelados. Hasta en los detalles: en esa misma ciudad de Dolores donde Burlando se ha convertido en un paladín de la Justicia, ese mismo abogado defendió a los policías de La Banda de Los Horneros, responsables del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas ocurrido en otro enero, también en la playa, en Pinamar, cerca de Villa Gesell. Pero de eso no se habla. No solo Burlando hace un “lavado de frente”: patovicas que lloran en el juicio (cuando son los que sacaron a Fernando depositándolo en el ring donde fue boxeado), policías acostumbrados a la tortura en comisarías, a las coimas, a la protección de redes de trata, que se muestran repentinamente sensibles, muchos y muchas se agazapan detrás del cuerpo sin vida de Fernando y detrás del dolor irreparable de sus padres. ¿Será el turno de que una Justicia cuestionada y en la picota se lave la cara? Un abogado penalista lo decía sin vueltas: es momento de dar un mensaje para la reconciliación (sic).

Un juicio llega a su fin. Solo resta la palabra de los jueces del tribunal. Ni nos corresponde ni nos interesa especular sobre posibles penas eventuales, porque no es un asunto que nos convoque, ni que conozcamos. Hablarán los que sepan. Un crimen atroz, filmado hasta por los propios acusados, logró un consenso casi total de que una pena es inevitable. Las hamburguesas post mortem, los dedos chupados para limpiar, primero, la sangre y, luego, el ketchup, han preparado a una inmensa mayoría social para el repudio casi unánime. Más allá de eso, se cuela una campaña punitivista, un lavaje generalizado de protagonistas cuestionados y una banalización de instituciones atroces y personajes desagradables, que también se chupan los dedos luego de su accionar sistemático de impunidad estatal. No cuenten con nosotros para aportar a esa operación.


Octavio Crivaro

Sociólogo, dirigente del PTS y candidato nacional por el Frente de Izquierda-Unidad en Santa Fe.

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