Desaparición y muerte. Fiscales del caso Facundo acusan a la jueza de “parcialidad” y exigen que deje la causa

“Se veía venir todo junto”, dijo a La Izquierda Diario una alta fuente judicial que interviene en el caso. Después de un tiempo en el que la causa pareció “no moverse demasiado”, en las últimas horas se produjeron tres hechos que pueden producir un vuelco de 180 grados en la investigación judicial por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Algo que, obviamente, preocupa a la Policía Bonaerense y a sus encubridores (empezando por Sergio Berni y Axel Kicillof) y que a su vez genera expectativa en la familia de Facundo. “Este viernes fue un día de muchas emociones encontradas, ahora es la jueza la que tiene que responder después de haber recibido estos cachetazos”, dijo Cristina Castro a este medio tras conocer las tres “bombas” judiciales.

Tres sorpresas al hilo

Como ya se detalló en otras dos notas publicadas ayer, por un lado la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó (aunque parcialmente) una resolución de la jueza María Marrón y ordenó allanar y peritar a fondo la comisaría de la localidad de Teniente Origone (donde se hallaron rastros de Facundo) y a la vez secuestrar y peritar los teléfonos de los cuatro agentes de la Bonaerense más complicados: Mario Sosa, Jana Curuhuinca, Siomara Flores y Alberto González.

Por otro lado, el ocupante interino de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, le presentó a la jueza un “planteo de inhibición” para, así, dejar de estar al frente de la causa. En un escrito cargado de provocaciones y chicanas contra la familia de Facundo, Martínez dice que si las querellas no le tienen “confianza” él no puede seguir. Y hasta dice estar sufriendo “violencia moral”. Se ve que ya hizo demasiado trabajo sucio en pos de la impunidad y ahora quiere un descanso.

En las últimas horas del viernes una tercera novedad perturbó a la jueza Marrón. Los otros dos fiscales de la causa, Horacio Azzolin y Andrés Heim, le enviaron a su juzgado un pedido formal de recusación. Es decir, piden que la magistrada deje de tener la causa a su cargo, toda vez que interpretan que no es imparcial y se entromete en la tarea que ellos llevan a cabo.

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Todo irregular

El escrito de 18 páginas (al que accedió este medio) arranca así: “venimos en legal tiempo y forma a plantear la recusación de la magistrada titular a cargo del Juzgado Federal Nro. 2 de esta ciudad, Dra. María Gabriela Marrón, en virtud de lo previsto en el artículo 55, 58, 59 ss. y cc. del Código Procesal Penal de la Nación”. Lo firman Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y de la Procuradoría de Violencia Institucional (Procuvin), respectivamente.

Como se sabe, ambos fiscales participan desde comienzos de septiembre en la causa por desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. Allí los designó la Procuración General de la Nación tras la denuncia de Cristina Castro contra Ulpiano Martínez, el fiscal “natural” de la causa.

El escrito (al que accedió este medio) detalla una serie de irregularidades y controversias protagonizadas por la jueza de la causa, todas tendientes a tomar posición por una hipótesis favorable a la Policía Bonaerense. Hipótesis a esta altura insostenible para los fiscales y ambas querellas (la de la familia y la de la Comisión Provincial por la Memoria).

El IADO en la mira

El primer hecho que marcan Heim y Azzolin refiere a una medida impulsada por ellos el 23 de octubre. Se trata “la realización de un estudio de mareas sobre el estuario de Bahía Blanca durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre”. El trabajo le fue encomendado al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO).

El objetivo del estudio era determinar qué tipo de movimientos tuvo el agua del estuario (qué profundidades alcanzó) en diferentes zonas: donde se encontró el cuerpo de Astudillo Castro el 15 de agosto; donde se apareció un mes después su mochila; y donde circuló un patrullero de la Bonaerense una semana después de desaparecido el joven, el 8 de mayo.

Durante dos meses y medio los fiscales no recibieron noticias sobre ese estudio. El 30 de diciembre los fiscales pidieron al IADO que informe qué resultados tuvo la tarea encomendada. Recién entonces la dirección del Instituto Nacional de Oceanografía, que conduce Eduardo López, dio dos tipos de respuestas, en diferentes momentos.

Primero, a través de un e-mail, el IADO informó los resultados del estudio pero además dio detalles de otra tarea realizada, que nada tenía que ver con lo ordenado. Se trataba de un relevamiento paralelo realizado con un dron sobre “un pequeño sector” donde las científicos “estiman” como “más probable” que Facundo “podría haber intentado cruzar el Canal Principal”.

Ese relevamiento, dice el IADO, “parte de la hipótesis que Astudillo podría haber caminado por las vías del ferrocarril desde el cruce con la RN3 hacia Bahía Blanca por aproximadamente unos 9 km (...) luego de transitar unos 2 km aproximadamente se habría encontrado con que debía atravesar aprox. 120 m de canal, en ese momento casi sin agua (marea baja), donde habría quedado atrapado por el fango ahogándose con la marea subiente, que en esa oportunidad superó los 4 m de altura. Con posterioridad, por acción del agua y viento el cuerpo podría haberse desplazado hacia sectores vecinos”.

Huelga decir que toda esa explicación es plenamente acorde a la hipótesis amañada que intentan instalar, desde que apareció el cuerpo de Facundo, la jueza, el fiscal Martínez, Berni, Kicillof y un grupo de mercenarios mediáticos defensores de la Bonaerense (sin “grieta” cuando de estos asuntos se trata).

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La otra respuesta del IADO se produjo el 2 de febrero, a través de un escrito titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Lo firman el Instituto de Oceanografía junto al Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y al Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (Conicet-UNS).

Los fiscales afirman que ese nuevo informe “presenta irregularidades” y que además no se “identifica a las y los profesionales que participaran en las tareas” ni tampoco está firmado por “aquellas personas que hubiesen intervenido en los trabajos técnicos especializados”.

Entre las graves irregularidades de ese informe, Heim y Azzolin remarcan que el estudio no se hizo sobre las mareas registradas entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, sino sólo sobre el día en que desapareció Facundo. Algo deliberado. El 5 de febrero los fiscales le exigieron al IADO que subsane a la brevedad esas irregularidades y cumpla con lo ordenado el 23 de octubre.

La cosa no termina allí. Junto al informe sin firmas el IADO presentó otro texto, firmado por el director Eduardo López, que sorprendió a los fiscales. “El documento presentaba la llamativa e inusual particularidad de que un profesional que integra la citada institución (...) decidiera sin que se lo haya peticionado y sin control alguno de las partes, realizar tareas de campo” sobre la zona, incluso con fecha anterior al pedido de estudios por parte de la Fiscalía.

En ese texto, el director del IADO Gómez elaboró “hipótesis y conclusiones que no guardan relación con el objeto del estudio oportunamente encomendado” y “sin tener siquiera acceso a la totalidad de la información obrante en la causa”, aseguran Heim y Azzolin.

Ante las irregularidades, los fiscales le devolvieron los “informes” al IADO y le llamaron la atención al doctor Gómez “recordándole que su actuación se debe ajustar a los parámetros legales que todo auxiliar de la justicia debe atender” y que su actuación se debe limitar “a las directivas encomendadas expresamente” por la autoridad judicial.

Pero no es que Gómez y el IADO se “cortaron solos”. Su actuación, al menos por lo que expresan los fiscales, es un servicio prestado a la jueza Marrón. Tan es así que el 10 de febrero (sin consultarles siquiera a los encargados de la investigación) la magistrada dispuso realizar peritajes específicos en el estuario y la ría con el objetivo de sumar “pruebas” en favor de su (endeble) hipótesis de que Facundo “murió ahogado” allí sin participación de terceros.

Hipótesis que, con claroscuros e incertezas, también abonan los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que cumplieron un rol protagónico en la autopsia al cuerpo de Facundo (más allá de la coordinación del mismo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense).

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¿Imparcialidad?... Te la debo

Los fiscales cuestionan duramente a la jueza Marrón, entendiendo que su accionar choca con prerrogativas ineludibles de la Constitución Nacional, con fallos de la Corte Suprema, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hasta con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU todos referidos a la obligada “imparcialidad” que deben tener jueces y tribunales en todo proceso.

Para los miembros del Ministerio Público, la jueza hace lo que hace porque la guía un pensamiento concreto e inamovible: que “los hechos investigados ocurrieron de una sola manera” y es que “Facundo Astudillo Castro se ahogó accidentalmente en las aguas del estuario de Bahía Blanca luego de haber pretendido transitarlo a pie”.

Tanto por interferir en la tarea de investigación delegada formalmente a los fiscales como por ordenar una pericia (sin facultades para hacerlo) que implicaría una sola hipótesis posible de investigación, a Heim y Azzolin la decisión los “hace pensar que la jueza ya no es imparcial”.

Finalmente, tras detallar un conjunto de circunstancias que, por acción u omisión, ubican a Marrón en una posición negativa respecto a la investigación de los hechos, los fiscales concluyen: “la jueza ya erigió su versión de los hechos en el horizonte y destino de la investigación: Facundo Astudillo Castro, en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y, a la postre, se ahogó”. Lo que evidencia que “carece de imparcialidad e independencia”.

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El Estado es responsable

A casi diez meses de desaparecido Facundo y habiendo sufrido tanto desprecio del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) en su búsqueda de verdad y justicia, Cristina Castro no puede evitar mostrarse “sorprendida de tantas buenas noticias juntas”.

“Fue un día de muchas emociones encontradas”, dice a La Izquierda Diario al comentar cómo tomó las tres noticias al hilo (la orden de allanamiento en Origone y el secuestros de teléfonos, el pedido de inhibición del fiscal Martínez y la recusación a la jueza).

Es que no hay que perder de vista que estas medidas elementales de prueba llegan con una impune demora. Allanar las comisarías y secuestrar las herramientas de comunicación de los policías involucrados era algo de primer orden apenas denunciada la desaparición de Facundo. Tanto como evitar que Martínez no esté al frente de la investigación desde el principio. Pero nada de eso se hizo desde el Estado. Se prefirió palmearle la espalda a Cristina con falsas promesas mientras se les garantizaba amplia cobertura a los responsables.

Los avances que se den en esta pelea serán por la tenaz lucha de la familia de Facundo, de sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, de las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria, de un puñado de organismo de derechos humanos, de la izquierda y de las miles de personas que se movilizan exigiendo justicia.

“En estos días los amigos de Facu no dejaron de llamarme, porque decir ‘carnaval’ es decir Facundo, batucada, que suene el ‘redo’”, dice Cristina con su voz calma y firme. Y remata con una frase que ya recorre todo Pedro Luro: “que suene el ‘redo’ del Changuito, que les retumbe la conciencia y que los deje sordos con su pedido de justicia”.