La Comisión por la Justicia y la Verdad acaba de certificar más de 10 mil víctimas del terrorismo de Estado bajo el puntofijismo. Luces y sombras en esta labor. Memoria selectiva para el ayer, omisiones del presente.
Lunes 27 de febrero de 2017 00:00
Fotografía: Exigiendo juicio y castigo por la Masacre de El Amparo
El 27 de febrero de 2013 fue creada la Comisión por la Justicia y la Verdad, presidida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y conformada por diputados, personalidades que se destacaron por la defensa de los Derechos Humanos en los años de los gobiernos de AD y COPEI, así como familiares y víctimas de la represión estatal de la época.
Este miércoles 22, en reunión plenaria, la comisión aprobó su Informe Final, según lo anunció la Fiscal, en el que se certifica oficialmente la existencia de 10.071 víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre torturas, asesinatos y desapariciones perpetrados por las fuerzas represivas del Estado durante los gobiernos del período 1958-1998.
En el marco de este acto, según relata una nota de la página oficial de la Comisión, “fue firmada la providencia administrativa N° 001-2017 en la que se reconoce a 283 personas identificadas y 176 sin identificar como muertos-desaparecidos”. Es decir, sumarían más de 400 los reconocidos oficialmente como desaparecidos en este período “democrático”.
Según el Informe, la labor de esta comisión ha incluido investigaciones en los expedientes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), extintas DIGEPOL y DISIP, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la Corte Marcial, así como en los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones. A partir de estos trabajos se lograron ubicar e identificar los restos de decenas de desaparecidos.
Las atrocidades de un régimen profundamente antidemocrático
Estos datos vienen a constatar oficialmente el carácter fuertemente represivo y antidemocrático del puntofijismo, que con la excusa de combatir la insurgencia armada de mediados de los 60’s llevó a cabo políticas de terrorismo de Estado contra dirigentes de izquierda, dirigentes sindicales, estudiantiles, barriales y campesinos, inaugurando en América Latina la nefasta práctica de los desaparecidos en democracia. Políticas que continuaron aplicando mucho tiempo después de haber sido derrotada la insurgencia, bien fuera por “pacificación” o por la derrota militar.
Durante los años en que cundían las dictaduras militares en Latinoamérica, amparadas por el imperialismo norteamericano, al puntofijismo se le presentó como "show window" (ventana de exhibición) de lo que deberían ser las democracias en la región. Sin embargo, desde su primer gobierno, Rómulo Betancourt, bautizado como “padre de la democracia”, reprimió con fuerza las organizaciones populares y de izquierda. Mucho antes de la existencia de la lucha armada, el “demócrata” Betancourt inauguró su arsenal represivo y asesino: 3 trabajadores muertos, 70 heridos y otros tantos presos, fue el resultado de la represión ordenada por este a una manifestación de desempleados en la plaza La Concordia (Caracas), en agosto del ’59. Supo acuñar la tristemente célebre frase de “disparar primero, y averiguar después”. Todo un demócrata.
La antiguas DISIP y DIGEPOL (hoy SEBIN) modernizaban las prácticas de la dictadura con las "refinadas" técnicas ¬–no menos brutales¬- importadas de la Escuela de las Américas, para abrir los novísimos "Teatros de Operaciones", que llegaron a ser inspeccionados personalmente incluso por el propio Betancourt, y administrados por otros mandatarios del período como Rafael Caldera.
Estos centros de tortura, cinco de los cuales fueron creados por el puntofijismo, funcionaban como verdaderos campos de concentración, los nombres Guarataro, Cachipo y Tacarigua (o Isla del Burro), alojan los más crueles actos perpetrados contra las personas, de las que no estuvieron a salvo mujeres, estudiantes, docentes, periodistas, cultores, congresistas, obreros, campesinos, sospechados de apoyar a la insurgencia o sencillamente por ser luchadores y opositores por izquierda al gobierno.
Personas lanzadas vivas desde helicópteros, detenidos torturados hasta morir y lanzados al mar (como Alberto Lovera), violaciones de esposas e hijas de los guerrilleros detenidos en su presencia para hacerlos delatar a sus compañeros, ajusticiamientos, y un largo etcétera de atrocidades “en democracia”. Asesinatos de pescadores y campesinos mostrados luego como “guerrilleros” (masacre de El Amparo y los “amparitos”), ajusticiamientos de militantes de izquierda desarmados presentados como “enfrentamiento” (Yumare), están entre los crímenes del puntofijismo, ya estando en los años 80’s. Decenas de estudiantes asesinados en manifestaciones en los 90’s, bien lejos de las décadas de la lucha armada. Sin olvidar la gran masacre que significó la sangrienta represión a la rebelión popular del Caracazo en el ’89, con miles de muertos a manos de las Fuerzas Armadas.
Los partidos políticos de la época como AD y Copei, que se terminaron reciclando y ramificando en otros partidos como los actuales Primero Justicia y Voluntad Popular, que tienen su origen en Copei, o Un Nuevo Tiempo en Acción Democrática, defienden esta política invocando lo que en países como Argentina se denomina la teoría de los dos demonios, pretendiendo que las prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos era la acción del Estado en "legítima defensa" frente a acciones equiparables por parte de la insurgencia armada de los 60’s. Además de ser una falsedad e insostenible tal comparación, esta no es sino una malhadada manera de querer justificar un terrorismo de Estado que antecede a la lucha armada, y que se sostuvo en el tiempo hasta mucho después de derrotadas y desmovilizadas las guerrillas.
La impunidad se mantiene…
Sin embargo, con casi dos décadas de retraso es que el chavismo en el gobierno viene a dar con esta cifras oficiales, presentándolas como un gran logro, mientras la casi totalidad de los perpetradores y responsables de estos crímenes continuaron haciendo vida normal tanto en política como en los cuarteles y oficinas de los cuerpos represivos.
A pesar de destacar mucho la denuncia de este pasado, con el chavismo nunca se desarticularon estos organismos ni se hizo pagar sus crímenes a los responsables. Es muy importante, por supuesto, el reconocimiento oficial desde la Fiscalía de los centenares de desaparecidos, las miles de víctimas y la visibilidad de estas prácticas, pero hasta la fecha, después de casi 20 años en el gobierno, apenas unos pocos juicios se han adelantado, y no suman los dedos de una mano los responsables juzgados y encarcelados. Incluso en masacres tan masivas y recientes con la del Caracazo.
En pocas palabras: en nuestro país se mantiene la impunidad con los violadores de derechos humanos de los años 60’s, 70’s, 80’s y 90’s, peor aún, algunos continuaron haciendo vida política y exaltados como dirigentes del… chavismo: los casos más notables son los de Cordero Lara y Rodríguez Chacín.
Roger Cordero Lara, piloto de uno de los aviones que bombardeó en la Masacre de Cantaura (1982), elevado a diputado por el PSUV y dirigente regional de este partido, a quien Elías Jaua (hoy ministro de Educación) -para colmo, ex militante de la organización que sufrió la masacre (Bandera Roja)-, llegó a justificar diciendo que “a un piloto lo mandan a un objetivo determinado”, es decir, acudiendo a la lógica de la “obediencia debida”, principio que toda la izquierda y organizaciones de DD.HH. han rechazado a lo largo y ancho del continente, e incluso gobiernos han tenido que rechazarla oficialmente. A su vez, el para entonces Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín –actual gobernador de Guárico por el PSUV-, junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaban parte en el año ‘88 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) cuando este organismo llevó a cabo la masacre de los 14 pescadores en El Amparo, y de por lo menos otras 42 personas en operaciones previas conocidas como “Los Amparitos”, todos casos de “falsos positivos”. El gobierno se ha negado en todo momento a investigarlo.
La existencia en las filas de la oposición de responsables de los crímenes del período “democrático” del puntofijismo, es por supuesto mucho más común y amplia –entre otras cosas, he allí su total demagogia al hablar de “democracia” y “derechos humanos”.
Está bien mirar atrás… pero no para ocultar el presente
La Fiscalía se centra en investigar los crímenes del régimen político anterior, ignora conscientemente las violaciones y crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo el chavismo, que ya lleva casi 20 años en el poder.
Están impunes los asesinatos de destacados dirigentes obreros, como el de los tres dirigentes de la UNT de Aragua, Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena, triple asesinato sobre el que el chavismo se encargó de bloquear la investigación, Giovanni Vásquez, secretario de organización de SintraToyota, los dos obreros asesinados en la Mitsubishi por la represión policial de un gobernador chavista (¡hoy Defensor del Pueblo, Tarek William Saab!), los obreros de Civetchi presos en Tocuyito por orden del Ministerio de Industrias porque quisieron poner en pie un sindicato en esta empresa de capital mixto, y una larga lista de trabajadores acosados por los cuerpos represivos, enjuiciados y hasta encarcelados por ejercer derechos democráticos elementales.
En el campo, superan los 200 el número de campesinos asesinados por orden de terratenientes y ganaderos, complicidad de los cuerpos del Estado, verdugos también de la comunidad Yukpa, cuyo caso más emblemático es el del cacique Sabino Romero.
Las desaparición política volvió a surgir como la del dirigente popular Alcedo Mora y los hermanos Vergel (Mérida, 2015), ante lo cual el gobierno guarda total silencio. Y ni hablar de la oleada de crímenes y ajusticiamientos que se ha desatado contra decenas de jóvenes de los sectores populares con las nefastas “OLP”, y demás políticas represivas bajo la figura del Estado de Excepción, cuyo más reciente acto ha sido la "Masacre de Barlovento".
Entre tanto, este informe de la Comisión impulsada por la Fiscalía permite que centenares de rostros que permanecieron tantos años a la sombra y bajo anonimato, adquieran nuevamente visibilidad ante los ojos de la nación, reflejando a su vez la verdadera cara de sus verdugos que hoy por hoy aparecen en la MUD reciclados, aggiornados y hasta fortalecidos en buena medida por la debacle del proyecto del chavismo, además de los casos emblemáticos en las filas del oficialismo.
Pero más que nunca decimos, no se trata simplemente de una cuestión de memoria histórica, es importante que los organismos de derechos humanos y los familiares y todo el pueblo exija juicio y castigo a todos los culpables de tantas atrocidades del terrorismo de Estado. ¡Basta de impunidad!
