Se trató en el Consejo Directivo de dicha sede universitaria una declaración en repudio a la represion en Lof Lafken Winkul Mapu, exigiendo la libertad a las mujeres detenidas.
Viernes 14 de octubre de 2022 21:31

Este Viernes se trató y aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y C. Sociales de la UNCo un documento que expresa su rechazo a la represión del gobierno nacional y provincial sobre la comunidad mapuche. Si bien la discusión iba a llevarse adelante el pasado miercoles 12 de Octubre previo a las movilizaciones en toda la provincia, los y las consejeras de la actual gestión del decano Juan Carlos Fernández dilataron el tratamiento del documento.
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La declaración, presentada inicialmente por la agrupación universitaria En Clave ROJA, señala textualmente como responsables politicos al Presidente Alberto Fernández y su Ministro de Seguridad aníbal Fernández, junto a la gobernadora Arabela Carreras. El reclamo de las comunidades caló en las grupaciones peronistas como MILES y El Colectivo, que habiendo presentado sus documentos propios, terminaron votando un repudio a los hechos represivos del gobierno que forman parte.
Dicho documento será elevado para su tratamiento en el Consejo Superior de la Universidad del Comahue.
Reproducimos declaracion:
TOTAL REPUDIO AL OPERATIVO DE DESALOJO A LA COMUNIDAD MAPUCHE EN LAFKEN WINKUL MAPU. BASTA DE CRIMINALIZAR A QUIENES LUCHAN POR DEFENDER EL TERRITORIO. EXIGIMOS LIBERTAD A LAS MUJERES Y NIÑXS
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales repudia el violento desalojo contra el pueblo nación Mapuche en Lafken Winkul Mapu.
Hacemos responsables al Gobierno Nacional de Alberto Fernandez y el Ministerio de Seguridad de la Nacion a cargo de Anibal Fernandez y al Gobierno Provincial de Juntos Somos Rio Negro a cargo de Arabela Carreras, responsables políticos de la represion y militarizacion en Villa Mascardi ordenada por la jueza Silvina Dominguez.
La derecha racista encabezada por Patricia Bullrich viene expresando sistemáticamente discursos de odio contra los pueblos originarios; denunciamos en este marco la complicidad de los medios de comunicación y los sectores concentrados de poder.
Sin dejar de mencionar el accionar del gobierno provincial, quien impulsa el foro “Consenso Bariloche”, que se embandera con la idea de la defensa del derecho de propiedad para justificar los privilegios de empresarios extranjeros, como es el caso de Lewis.
Este operativo de desalojo responde a las demandas de terratenientes y empresarios que pretenden seguir haciendo millonarios negocios a través de mega emprendimientos inmobiliarios y turísticos en zonas valorizadas de la Patagonia. Desde hace años el pueblo Mapuche resiste el desplazamiento e intento de aniquilamiento histórico por parte de los Estados nacionales de Argentina y Chile y de los gobiernos provinciales. Una política que se remonta a la llamada campaña del desierto, pero que se extiende hasta la actualidad.
Reclamamos el cese inmediato de las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad a cargo del Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi (Gendarmería, PSA, Policía Federal y Prefectura), que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación, así como la responsabilidad del Estado Provincial los cuales incumpen con los Art. 75 inc. 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el cual otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.
Repudiamos la detención a las 7 mujeres con sus hijes entre elles niñes de 4 meses de vida y una de ellas embarazada de 40 semanas. Les cuales fueron sometides a largas horas de esperas a la vera de la ruta, algunes quedando horas en el bosque hasta que les fue permitido a las familias el ingreso, niñes trasladades y demorades en instalaciones para adolescentes con causas penales en grave incumplimiento con la Convencion de Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Exigimos el cese de la represión ordenada por la Jueza Federal subrogante Silvina Dominguez, la disolución del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la liberación de les detenides. Apoyamos el pedido de diálogo de las comunidades- en tanto se cumplan las anteriores condiciones- con autoridades cuya capacidad política permita tomar decisiones pertinentes que satisfagan el reconocimiento de los derechos a los territorios reclamados, abonando a la reparación cultural e histórica.
Basta de criminalizar a quienes luchan por defender el territorio.
Elévese al Consejo Superior.