La confirmación de que Federico Rey fue asesinado balas de plomo del personal del Servicio Penitenciario, y no por un “facazo” de sus compañeros, puso en evidencia que hubo un deliberado ocultamiento de los hechos gravísimos que terminaron con la vida del joven que se encontraba privado de su libertad desde 2017.
Viernes 24 de abril de 2020 14:58
Como decíamos en esta nota, la muerte de Rey “se produjo mientras los detenidos reclamaban lo mismo que miles de presos de las cárceles de todo el país ante la pandemia. Fueron reprimidos con balas de goma por la policía y personal penitenciario. Como no podía ser de otra manera rápidamente y sin el resultado de la autopsia, la versión oficial fue que se trató de una pelea entre los presos, pero los compañeros de Federico denuncian que fue asesinado por un guardiacárcel del Servicio Penitenciario”. Con el encubrimiento del Ministerio de Justicia bonaerense, se dio rienda suelta a que había sido asesinado producto de una herida punzante, “facazo” por parte de un compañero de prisión.
“Tenía 30 años y estaba preso desde 2017. Debió haber estado en su casa con una pulsera y no reclamando un derecho como la protección a su vida y su salud ante el Covid-19 que garantizan las propias leyes”, señalaron desde la Agencia por la Libertad.
Lo que se conoció por estas horas que efectivamente fue asesinado con balas de plomo provenientes del arma de un penitenciario y en este momento hay 100 guardias sumariados y fue removida la cúpula del Penal.
EXCLUSIVO: el documento de la autopsia que muestra que mataron con 3 disparos de armas de fuego al preso de la cárcel de Florencio Varela Federico Rey.
La Comisión Provincial de la Memoria denuncia que fue asesinado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. pic.twitter.com/5wWTx6TJVZ
— Miguel Ponce de Leon (@MiguePonceDLeon) April 24, 2020
Nuevamente el Servicio Penitenciario Bonaerense mintiendo sobre los hechos y asesinando a quienes reclaman por su vida y por derechos humanos básicos y elementales, en cárceles superpobladas, en situación de hacinamiento, sin condiciones básicas de higiene y bajo maltrato cotidiano. Esta realidad histórica del sistema carcelario hoy se ve potenciada en el contexto de la pandemia del coronavirus.
El servicio penitenciario de Varela alberga a 1.500 detenidos, organizados en pabellones con capacidad para 70 internos que alojan a más de 140. Se trata de la primera en el país en registrar a un interno contagiado de Coronavirus, en una cárcel que alberga a gran cantidad de internos que se encuentran dentro del denominado grupo de riesgo. Esta situación dio lugar a una protesta de los reclusos por las malas condiciones de detención, lo cual desató la brutal represión del pasado miércoles que dejó como resultado la muerte de Federico Rey, heridos de gravedad, corridas y golpizas captadas por videos dentro del penal. Mientras los familiares de los detenidos denunciaban la represión y el asesinato, la versión oficial seguía sosteniendo que se trató de un enfrentamiento entre reclusos. Sus propios compañeros debieron cubrirlo con una manta en el techo del penal, mientras seguían los disparos por parte del personal penitenciario.
"Primero fueron dos presos los que se subieron al techo e iniciaron la huelga. La decisión fue reprimirlos y para la mañana ya había una víctima fatal. Eso empeoró todo, no hubo ninguna pelea entre presos, la víctima no tenía heridas cortopunzantes y ahí se sumaron más personas al reclamo, subieron a los techos. Terminó uniéndose todo el pabellón 10, conocido como el pabellón de los evangelistas, y se agravó el conflicto", relató Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), quien participó de las audiencias que se realizaron producto del hecho.
Federico fue asesinado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, con balas de plomo. Luego las autoridades penitenciarias construyeron y difundieron la versión de la pelea entre detenidos para garantizarse la impunidad.
https://t.co/vmxoAt4j5q pic.twitter.com/UG1ZEt3GtK— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 24, 2020
Todos esto sucedía con la anuencia y el encubrimiento del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Julio Alak, que dejó correr la versión del “enfrentamiento” sin tomar ninguna medida hasta que el hecho se convirtió en un verdadero escándalo. Mención aparte merece la connotación macabra que esto tiene si pensamos en la tristemente célebre calificación de “muerte en enfrentamiento” con la que se disfrazaban asesinatos durante la dictadura genocida.
Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires,no ha tomado una sola medida que morigere la situación gravísima por la que están pasando las personas privadas de su libertad en medio de la pandemia por coronavirus que amenaza con hacer estragos entre la población carcelaria que vive hacinada y en condiciones inhumanas.
Este caso, por supuesto que no es aislado. En la provincia de Corrientes, un joven también fue asesinado mientras llevaban adelante una huelga de hambre, en reclamo por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran detenidos y para que se haga efectivo el otorgamiento de prisiones domiciliarias y libertades anticipadas para las personas incluidas en los grupos de riesgo ante la pandemia.
La reciente protesta en el Penal de Devoto exige por parte del poder judicial y del gobierno nacional una respuesta urgente a este elemental reclamo.
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