El rechazo por parte de los acreedores extranjeros a aceptar una prórroga de apenas tres meses en los desembolsos de la deuda de la Provincia de Buenos Aires puso al descubierto la debilitada posición de un gobierno que apela a la "buena fe" de los acreedores para terminar aceptando las condiciones impuestas por un deuda fraudulenta.
Emiliano Trodler Economista
Martes 4 de febrero de 2020 23:31
Si el intento de prorrogar de los vencimientos de la deuda de la Provincia de Buenos Aires tenía por objetivo tantear la predisposición de los fondos comunes de inversión a obrar "de buena fe", es decir, a renunciar a su capacidad de imponer las mejores condiciones para sus accionistas, el pago de la totalidad de los vencimientos con recursos propios anunciado por el gobernador anticipa también la posición de un gobierno dispuesto a irse al mazo con tal evitar a toda costa un default de la deuda soberana.
El stock de deuda que acumula el país supera los 310.000 millones de dólares, lo que equivale casi al 90% del PBI. La deuda con el sector privado alcanza los 120.000 millones de dólares, de los cuales un 78% está nominada en moneda extranjera. Solamente este año vencen 53.000 millones de dólares, de los cuales 23.000 millones corresponden a deuda en dólares y 30.000 millones a deuda en pesos.
Los acreedores entienden que esta deuda es impagable en los términos en que fue negociada originalmente, por eso se descarta una reestructuración que incluya un alargamiento en los vencimientos a cambio de una mejora en las tasas de retorno. Una prórroga a cambio de una deuda más abultada a futuro.
Aunque aun no se conocen los términos en que se está llevando adelante la negociación con los acreedores privados, distintas versiones aseguran que no habrá quita sobre el principal de la deuda sino que las conversaciones giran en torno a la extensión de los plazos y la reducción de las tasas de interés que deberían aceptar con respecto a la deuda vigente. Eso si, la jurisdicción de los títulos de la deuda reestructurada seguirá siendo extranjera.
Entre los tenedores de deuda argentina hay tres grandes grupos: grandes bancos internacionales, una gran cantidad de bonistas atomizados que se están agrupando para negociar en mejores condiciones y fondos buitres dispuestos a litigar por el total de la deuda.
Cerca de 25.000 millones de dólares están en manos de fondos comunes de inversión internacionales de gran porte, como el gigante alemán Allianz SE, con casi 5.000 millones de dólares en deuda argentina; Templeton con poco menos de 4.000 millones de dólares; Blackrock con cerca de 2000 millones de dólares; Fidelity, con unos 1500 millones de dólares, entre otros. Este último grupo inversor, con el 25% de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, fue señalado por el gobierno como el responsable de trabar la prórroga de los vencimientos hasta mayo. Exigía la totalidad de los desembolsos en cuotapartes.
Se estima que la deuda en manos privadas está repartida en cerca de 40 tenedores diferentes, un mayor grado de atomización que el de las reestructuraciones de 2005 y 2010, que complejiza aun más la negociación.
La negociación de la deuda de la Provincia de Buenos Aires también fue un test para el gobierno. Puso en evidencia lo que era obvio: los fondos de inversión harán uso de todo su poder de negociación para sacar la mejor tajada de una reestructuración de deuda que, en última instancia, se litiga en los tribunales de Nueva York.
La reciente votación en la Cámara de Diputados de la ley de Restauración de la Sustentabilidad de la Deuda Pública Externa, habilita la prórroga de jurisdicción extranjera de los nuevos títulos emitidos para el canje. Sólo los diputados del Frente de Izquierda votaron en contra de esta nueva entrega de la soberanía.
En 2015 con apenas un 7% de los bonistas fuera de los canjes se activaron las cláusulas de acción colectiva que llevaron el litigio a los tribunales del difunto juez neoyorquino Thomas Griesa. Esos tribunales dispusieron el embargo de los activos del gobierno nacional en el extranjero hasta que lograron, bajo el gobierno de Macri, un acuerdo que les reportó ganancias por 1200%.
En una posición de mayor debilidad que en ese entonces, el gobierno ha dejado a un lado toda retórica soberanista en pos de asegurar su predisposición a ajustar los haberes de jubilados, docentes y apretar el torniquete sobre el gasto público para hacerse de los recursos con los que seguir entregando el país.
Es necesario investigar el origen fraudulento y desconocer esta deuda odiosa que a lo largo de la historia argentina se ha mostrado como un verdadero lastre al desarrollo económico y un mecanismo de saqueo perpetuo a los bolsillos del pueblo trabajador.
