Domingo 22 de abril de 2018
Fulvio Rossi fue sobreseído por el 8° juzgado de garantía en Valparaíso, pese a la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas por más de $83 millones por las que estaba siendo enjuiciado.
La decisión de dictaminada no sin decepción por parte de los fiscales, debido a que ya en dos ocasiones se había intentado comunicarle estos cargos, pero el ex senador se justificaba con su fuero parlamentario para no asistir a las audiencias, haciendo gala de los privilegios que gozaba en su cargo, para evadir la justicia.
En ese sentido, no es menor el rol que cumplen los representantes de la justicia de este estado, ya que la Corte Suprema anteriormente se habían opuesto al desafuero, justificando que no era posible acreditar que Rossi tuviese la intención de afectar el patrimonio fiscal con su actuar.
El juez Fernando Valderrama, quien dejó sin responsabilidad al ex PS, afirmó al respecto: “Evidentemente este tribunal no puede desatender el tenor expreso de esta resolución dictada por la corte suprema … ya se pronunció sobre respecto del fondo del asunto y estimó que respecto de los hechos imputados al senador, no existirían o no serían constitutivos de delito”.
Fulvio Rossi, del mismo modo se refiere a la situación como una “persecución política”, haciendo mención al favor que le dio la corte suprema sobre las irregularidades en sus financiamientos de campaña. Mientras Rossi intenta limpiarse de polvo y paja acusando persecución, es su propio abogado quien deja entre ver con sus palabras que efectivamente fue real, señalando que: “Hay que decir que toda actividad política en Chile se financió de la misma manera y aquí se ha utilizado al SII y al Ministerio Público para elegir arbitrariamente a algunos políticos a objeto de ejercer esta persecución penal”.
Toda esta situación es escandalosa y muestra las múltiples irregularidades que siguen los juicios de quienes tienen poder económico y político, donde hemos visto en más de una ocasión como la fuerza judicial ha sido un cómplice de la corrupción con que actúa la casta política demostrando la impunidad que poseen.
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Finalmente la Fiscalía a cargo del caso plantea recurrir a la Corte de Apelaciones, “Hay un problema serio de igualdad ante la ley; hay ocho personas en esta misma causa que han sido condenadas por hechos idénticos” . ¿Es entonces la ley justa frente a los hechos? Está más que claro que la impunidad, el dinero y el poder fueron una vez más los protagonistas frente a la fuerza judicial.
