Los trabajadores de la fábrica autopartista Lear hace más de tres meses que luchan por la reincorporación de los despedidos. Los abogados del CeProDH y del PTS denunciaron que en el transcurso de estas manifestaciones los trabajadores sufrieron atropellos por parte de la Gendarmería, causas armadas, miembros de las Fuerzas de Seguridad infiltrados en la manifestaciones, detención de una nieta recuperada, violación de los fueros contra los diputados y legisladores como Nicolás del Caño y Christian Castillo, violación de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. En estos días, esas denuncias cobraron estado público y generaron una importante crisis en el gobierno nacional que decidió echar al militar infiltrado, Roberto Galeano.
Myriam Bregman @myriambregman
Martes 9 de septiembre de 2014
Militar infiltrado
El militar infiltrado es el coronel Roberto Galeano, coordinador de las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Estaba a cargo del operativo de seguridad desplegado por la Gendarmería Nacional el 30 de julio en la Panamericana, en la que el comandante Juan Alberto López Torales, ya internacionalmente conocido como “gendarme carancho”, fingió ser atropellado por uno de los autos que se movilizaba en solidaridad con los trabajadores de Lear por esta autovía.
Bregman sostuvo que una "persona canosa de civil, que se paseaba como uno más entre los trabajadores, luego daba instrucciones y señalaba a los efectivos de la Gendarmería indicando a qué manifestantes detener. Y una vez descubierto fue rescatado por sus compañeros gendarmes".
El alto impacto que tuvieron estas denuncias, donde nuevos videos fueron reproducidos por los principales diarios argentinos e internacionales, obligó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, a desmentirse y cesantear a Galeano, por considerar que su comportamiento en dicho operativo es "incompatible con los principios de profesionalidad necesarios para la supervisión del desempeño de los efectivos policiales". Horas antes Berni había defendido a Galeano y a López Torales en medios de comunicación y a través de comunicados del Ministerio de Seguridad. Pero frente a las polémicas desatadas, incluso dentro de las corrientes afines al kirchnerismo, finalmente tuvo que tomar esta decisión. “Echaron a Galeano, el gobierno tira algo de lastre para tratar de frenar el escándalo del ‘gendarme carancho’”, sostuvo en su cuenta de twitter el dirigente del PTS y diputado bonaerense por el FIT, Christian Castillo.
Una causa armada
El conductor que se solidarizó con los trabajadores de Lear está imputado en una causa que está en manos del fiscal Diego Molina Pico. Se llama Christian Romero, y está acusado de haber envestido al López Torales. Esta escandalosa causa penal armada en torno al conflicto por los despidos masivos en Lear, que involucra además la infiltración del coronel Roberto Galeano ("el canoso de barba") y la complicidad del fiscal Diego Molina Pico.
Myriam Bregman sostuvo “nosotros presentamos al Fiscal Molina Pico prueba documental, videos y fotos tomados por fotógrafos de Contraimagen y TVPTS que demostraban el accionar ilegal de Gendarmería y la infliltración, solicitando el sobreseimiento de Christian Romero. Sin embargo, a pesar de esto, que fue presentado el 4 de agosto, el fiscal no tomó ninguna medida contra la Gendarmería y por el contrario siguió su imputación contra Christian”. La abogada, en diálogo con la Izquierda Diario, agrega: “El Ministerio de Seguridad impone su peso también en los tribunales, al punto tal que sin ser parte de las causas, tiene acceso a ellas y les da impulso, entrega ’pruebas’, es decir, tiene un fuerte manejo de los juzgados.”
Bregman inlcuye entre las solicitudes a la justicia por parte de los abogados del CeProDH, luego de conocida la identidad de Galeano, que “además solicitamos un informe pormenorizado sobre si el Coronel Galeano era quién efectivamente dirigía el operativo del 30 de julio, si tuvo actuación y dónde durante la dictadura y si estuvo presente en la represión del 8 de agosto cuando fue detenida Victoria Moyano, nuestra compañera del CeProDH, que es nieta restituida”.
“Pedimos que Molina Pico se declare incompetente, ya que no entendemos porqué un fiscal de provincia actúa en una causa federal, como son las referidas a los cortes y acciones en Panamericana”, concluye Bregman
Crisis en las filas del kirchnerismo
Desde que el periodista y dirigente del CELS, Horacio Verbitsky, diera repercusión a las denuncias penales de abogados del CeProDH y miembros del PTS, progresivamente aumentaron las expresiones de repudio a este accionar ilegal, ilegítimo por parte de uniformados dependientes del Ministerio de Seguridad.
Previamente, la agrupación HIJOS Capital, de indudable signo kirchnerista, tuvo que salir a declarar contra el violento operativo de desalojo en Lugano. Se sumaron a este repudio el Movimiento Evita, el diputado K, Leonardo Grosso dijo “Berni debería explicar por qué hace todo lo contrario a lo que hacía Néstor. Dos días de represión a obreros y los medios progres no dicen nada", sostuvo el diputado y referente de la JP Evita. Este comunicado inicia la crisis que luego Horacio Verbitsky agudiza con sus columnas en Página/12.
Más tarde, Vatayón Militante expresó “Creemos que toda protesta es válida, tanto como creemos que las rutas no pueden ni deben ser cortadas sistemáticamente. Lo que no podemos permitir, y no tiene que ver con lo que creamos, es que se arme una causa tan burda, tan obscena, en la que un policía se tire encima de un vehículo y luego detenga de manera brutal a cualquier ciudadano” y más abajo agregan “Soñamos con una toma de postura más cercana a los Derechos Humanos y a la libertad, y no a un análisis maniqueo sobre un video y un chabacano análisis de medios, sobre algo que no es más que eso, un video.” El propio programa oficialista, 6-7-8, realizó un informe, el 2 de septiembre, donde cuestionaba las declaraciones de Berni y lo actuado por Gendarmería en la Panamericana. Las declaraciones de Larroque en defensa de Berni son casi grotescas y no alcanzan ni por asomo para acallar la crisis abierta.
El gobierno nacional entronó al ex carapintada, Sergio Berni, como secretario de Seguridad. Este supo arrebatar a los políticos que promuevan mano dura contra la inseguridad y las protestas sociales, como Massa; Macri, Scioli y otros, la agenda de cómo combatir a los trabajadores que cortan calles por sus reclamos que son desoídos en los ministerios de Trabajo; a los inmigrantes y pobre sin techo que ocupan tierras para alojarse.
“No nos van a parar los palos”
Estos cuestionamientos se producen en el marco de un conflicto obrero, por la defensa de los puestos de trabajo. Con el protagonismo de trabajadores combativos mientras que el gobierno se apoya en una burocracia sindical que actúa con métodos de patota y no respeta la democracia sindical. Por esto es desprestigiada por los obreros de estas empresas que están en conflicto.
Al respecto Myriam Bregman señaló que “Galeano se fue pero Berni queda, es decir, la decisión presidencial es clara por el momento: mantenerlo y sostener entonces su política en materia del tratamiento de la protesta social. Si la presidenta opina en contrario, tiene que pronunciarse”
“No hay duda de que se está militarizando el tratamiento de la protesta social así no tratan a los genocidas ni a los peores narcotraficantes del país, así tratan a los que luchan y protestan”, dijo Myriam Bregman a la Izquierda Diario, y agregó: “la persistente lucha de los trabajadores, junto a los abogados y de todos los que estamos con ellos, ha logrado mostrar a todo el mundo de lo que son capaces las fuerzas represivas; también estamos mostrando que de nuestra parte no vamos a detenernos un minuto hasta lograr que su lucha triunfe y que sean desbaratadas todas las maniobras de la justicia y los que nos reprimen. Tenemos cada vez más fuerzas porque estamos denunciando la verdad de los atropellos contra los trabajadores y los que luchan, y que esto salga a luz y nos fortalece.”
