A costa del hambre popular. Ganancias millonarias: ¿Cómo 11 empresas controlan las exportaciones de harina y aceite de soja?

Uno de los pocos anuncios hechos por el Gobierno argentino este fin de semana en su "guerra contra la inflación" fue anunciar un aumento en las retenciones a los exportadores de subproductos de la soja, con un alcance a once empresas las que representan el grueso del negocio. Sin embargo, el discurso del Ministro Domínguez fue determinante: "vamos a defender la gallina de los huevos de oro" en alusión a los agroexportadores.

A través del decreto 131 de 2022, el Gobierno oficializó la suba de las retenciones. En concreto, suspendió “hasta el 31 de diciembre” el decreto 790 de 2020 en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a reponer el valor de 33% fijado en el decreto 230 de mayo de ese año.

La constante ambivalencia a la que nos tiene acostumbrados la actual gestión de Gobierno, no hace más que dejar en claro a quien defiende. Luego del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil por debajo de la inflación, es claro que el objetivo de la política económica de Fernández es seguir profundizando aún más una regresiva distribución del ingreso en favor de los sectores más pudientes de la economía argentina.

En lo que respecta a las once exportadoras de subproductos de la soja que el Gobierno argentino apuntó como principales destinatarias del aumento de las retenciones, se encuentran de acuerdo con la datos del Ministerio de Agricultura, las siguientes: AGD SA, Molinos Agro SA, LDC Argentina SA, Oleaginosa Moreno Hnos., COFCO, Bunge Argentina SA, Cargill, Agricultores Federados Argentinos SCL, ACA Coop. Ltda, YPF y Amaggi Argentina SA; que son las que concentran el mercado oligopólico.

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De esta manera, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación, el ranking de exportaciones de aceite de soja para la campaña 2020/ 2021 quedó conformado con estos volúmenes: Oleaginosa Moreno con declaraciones por 680 mil toneladas, Cargill con 470 mil tn., Molnos Agro SA con 460 mil tn., AGD con 380 mil tn y COFCO con 340 mil tn. Un total de más de 2,3 millones de toneladas que si tomamos como precio de referencia para el 2021 el de US$ 1.500 la tonelada, obtenemos una facturación anual que supera los US$ 3.400 millones de dólares; un monto superior al que Gobierno debe pagar al FMI antes de que termine marzo.

Ahora bien, una medida de aumento de las retenciones resulta claramente insuficiente para resolver los problemas de fondo, por más que el Gobierno la vea como necesaria, ya que es el oligopolio del comercio exterior el que tiene la capacidad de fijar precios en el mercado interno para sostener sus tasas de ganancia. En un contexto internacional de aumento de los precios de los commodities a nivel internacional, resulta indispensable que el Estado tome un control total del comercio exterior para evitar que el traslado a precios sea a costa de las clases más desfavorecidas de la economía.

Para ilustrar la situación del sector de la soja y sus derivados podemos citar el caso de la firma suiza Viterra (adquirida por Glencore), propietaria de Oleaginosa Moreno, que fue además una de las firmas que se quedó con parte del negocio de Vicentín. Además posee la concesión del Puerto de Bahía Blanca hasta el año 2040 y el Puerto de Timbúes en el Gral. San Martín por donde se exportaron en conjunto con el Puerto de Rosario el 96% de los subproductos de la soja en el año 2019 de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Al tener la libre administración del puerto, cualquier tipo de control que vaya en contra de los intereses de las empresas sobre las exportaciones por parte del Estado se vuelve muy difícil, sino imposible.

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Sin embargo, el alcance de Viterra no termina ahí, además es dueña de SAMSA una empresa acopiadora de granos, proveedora de agroinsumos y comercializadora de granos que ocupó en el año 2021 el 6° lugar en cantidad de granos acopiados en la Argentina. Incluso es controladora de la empresa Renova que se dedica a la producción de biodiesel (cuyo insumo principal es el aceite de soja), en la cual Viterra posee casi un 70% su capital accionario. De acuerdo con datos arrojados por el balance 2020 - 2021 presentado por Viterra, sus ingresos en dólares crecieron un 42% y su utilidad neta un 115%.

El caso de Viterra es un claro ejemplo del alcance del sector privado sobre la cadena de producción del sector de los derivados y subproductos de la soja. Constituyendo en la práctica un monopolio privado de facto dado que frente a cualquier tipo de control o reglamentación encuentran en entidades como la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) un grupo de presión de mucho poder que en estos momentos está presionando al Gobierno de Alberto Fernández para que desista del aumento de las retenciones en dos puntos porcentuales.

Frente al poder económico que las empresas agroexportadoras tienen en toda la cadena productiva en el negocio agroexportador como es el caso de la soja, la única alternativa es terminar con un negocio multimillonario que sólo beneficia a unas pocas empresas a través de un monopolio estatal. El control total en manos del Estado de las divisas provenientes del comercio exterior resulta de un interés superior, en función de las necesidades de la mayoría y no de un grupo minúsculo de empresas en su mayoría multinacionales. En un contexto de aceleración de las tasas de inflación, la especulación del sector privado con de tasa de ganancias extraordinarias lo único que ha generado es que en un país con capacidad para producir por encima de sus necesidades, persista el hambre en los sectores más desprotegidos de la sociedad: los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. 

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