El vicepresidente electo de Bolivia, desplazado por el golpe cívico-militar y hoy exiliado de su país, se encuentra en Argentina donde dictará clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Universidad Nacional de San Martín. Aquí realizaremos un contrapunto con algunas definiciones sobre la realidad latinoamericana que brindó en una entrevista a la revista Espoiler.

¿Oleadas o ciclos? ¿Resistencia o integración?

La primera definición de García Linera es que el avance de gobiernos “neoconservadores” en la región no representa un “fin de ciclo” de los gobiernos autodenominados populistas o posneoliberales. Se trataría, según el ex vicepresidente de Bolivia, de una “oleada” [1], que define como un momento más corto y caracterizado por no lograr despertar pasiones ni aglomerar nuevas mayorías que hagan duraderos a estos gobiernos. Según esta definición, la “oleada conservadora” sería un simple “refrito” destinado a fracasar por la aplicación de viejas fórmulas, a diferencia de los gobiernos “populistas” que habrían venido a ofrecer un modelo alternativo al neoliberalismo predominante. En la actualidad, por ende, estaríamos en una especie de “paréntesis histórico”, destinado a cerrarse en un corto plazo.

Es claro que el mensaje de García Linera sobre la duración corta de estos gobiernos tiene un alcance estratégico, más allá de la descripción sociológica. La opción electoral que ha tomado el MAS en Bolivia como estrategia para no enfrentar a los golpistas requiere de la subestimación de lo ocurrido el diciembre pasado, equiparando al gobierno de Jeanine Yañez, constituido tras un golpe cívico-militar, policial y de sectores conservadores religiosos apoyado por el imperialismo, con el resto de los gobiernos de derecha surgidos en la región, por ejemplo el ya culminado de Macri. El correlato político es generar la idea de que, como en el caso de Argentina, un triunfo electoral sería suficiente, descartando como “opción táctica” todo tipo de resistencia activa al golpe, pese a que García Linera reconoce que “la derecha sale a la calle, se moviliza y también tiene una forma de acción colectiva”. Más allá de las simpatías del gobierno golpista de Bolivia con derechistas como Bolsonaro (uno de los ideólogos del golpe), no es posible obviar que la acción militar-policial representó un salto en la política regional, y que la radicalidad de los medios hace suponer que los golpistas no están dispuestos a un pacífico retorno al estado anterior de cosas.

Lo que omite deliberadamente García Linera en su descripción de la situación actual, es que lo nuevo del último periodo en América Latina fue la oleada de lucha de clases, que lo que puso en escena no fue el binomio populismo de izquierda/populismo de derecha sino a importantes franjas de masas, con un peso fuerte de los “perdedores” del neoliberalismo, con gobiernos deslegitimados independientemente de su origen. Así, desde Ecuador, donde Lenin Moreno llega al poder como “mal menor”, hasta Colombia, y el caso más paradigmático de Chile con casi dos meses de movilizaciones masivas, las revueltas populares contra la continuidad de las estructuras neoliberales marcó el signo de los últimos meses. Desde una política absolutamente contrapuesta, el fortalecimiento de tendencias “malmenoristas” apunta a desviar estos procesos y generar salidas que no pongan en cuestión los intereses de la burguesía. Un antecedente de esta política fue el pacto de gobernabilidad que le dieron la burocracia sindical y gobernadores peronistas al macrismo luego de las jornadas de diciembre de 2017, que implicó la continuidad sin resistencia de los planes de ajuste dictados por el FMI. En Chile, a pesar de que el Frente Amplio y el Partido Comunista pretenden seguir este camino, votando la Constituyente propuesta por Piñeira, las calles aún siguen movilizadas. Por lo tanto, junto con el avance de los gobiernos conservadores, existe un nuevo momento abierto por la lucha de clases en donde la relación de fuerzas sigue en disputa.

Es decir, el enfrentamiento con las políticas neoliberales, más allá del signo político de los gobiernos, evidenció que la dinámica que predominó fue la del choque a partir de la irrupción de un importante nivel de participación activa de masas enfrentándose a la represión estatal. En Chile, el escenario aún está abierto, constatándose un gobierno con sus fuerzas represivas deslegitimadas, y con persistentes movilizaciones en las calles, mal que les pese a las maniobras por parte de los “progresistas” como el Frente Amplio y el PC, hacia la contención de una salida consensuada con la derecha y de espaldas al pueblo. En el caso de Bolivia, los golpistas y las fuerzas represivas aprovecharon los llamados a la desmovilización realizados por el MAS para imponer su predominio. Por lo tanto, la perspectiva de García Linera no solo simplifica el escenario para justificar su estrategia sino que, al omitir el elemento desencadenante de la situación (el enfrentamiento directo entre golpistas y manifestantes), se exculpa de la responsabilidad de haber traicionado a sus propias bases sociales que, haciendo una lectura más realista de la situación, salieron a las calles a enfrentar el golpe, incluso apelando a métodos tradicionales de la clase obrera boliviana.

Ocultando esta resistencia García Linera habla de la “pasivación de las masas campesinas y obreras” que el ex-vicepresidente alude como inevitable “reflujo” de todo “proceso de igualación social”, sin tomar en cuenta el rol de sus direcciones tanto sindicales como políticas para lograrla. De esta manera, traza una continuidad entre un supuesto presente “pasivo”, y un apoyo acrítico durante su gobierno, omitiendo las acciones colectivas de resistencia de las propias bases campesinas e indígenas que enfrentaron la continuidad y profundización del modelo agro extractivo, como fue el caso de los mineros de Huanuni y la defensa del TIPNIS, que el MAS se encargó de aplastar.

Esas mismas acciones, tanto con el MAS en el gobierno como tras el golpe, podrían inscribirse en lo que el ex vicepresidente denomina como “acción colectiva”, es decir instancias que implican la movilización y organización por fuera de los organismos estrictamente estatales. Sin embargo, cuando estas pusieron en cuestión acuerdos con grandes sectores empresariales su accionar fue limitado por el aparato represivo del Estado, aunque García Linera apunte que recién con el establecimiento de la derecha comenzó la represión.

La relación de fuerzas surgida tras el asentamiento del golpe producto del abandono de la resistencia por parte del MAS, no es un dato menor. La salida electoral propuesta por los golpistas, a la que Evo Morales se acopló -aún si resultara en un hipotético triunfo- dejaría un gobierno expuesto a la negociación permanente con los golpistas, habiendo ya aceptado la imposición de una relación de fuerzas apoyada sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo.

Por otro lado, la experiencia brasileña, donde el PT decidió participar de las elecciones renunciando a la lucha por la proscripción y encarcelamiento del candidato con mayor intención de voto (Lula Da Silva), y aceptando las reglas del juego dictadas por el gobierno de Temer, son un precedente: allí la candidatura de un “aceptado” por el establishment como Fernando Haddad, terminó con el ascenso de Bolsonaro.

Finalmente, el rechazo de García Linera a la idea de “fin de ciclo”, remite a la ilusión sobre un retorno a la etapa de crecimiento económico y de una relación de fuerzas favorable con el imperialismo, de comienzos del siglo XX. Parten de ahí las expectativas particularmente en el caso de Argentina con Alberto Fernández, sin esperar ni siquiera a ver las primeras medidas de ajuste y sin cuestionar las principales políticas heredadas del macrismo. Si bien la economía boliviana tiene menos signos de crisis que el resto de las economías de América Latina, las exigencias de sectores de la burguesía santacruceña que abogan por un aumento del extractivismo en pos de mantener su tasa de ganancia y el creciente endeudamiento estatal fueron algunas de las tensiones que estuvieron presentes detrás del golpe de Estado. En un contexto de estancamiento de la economía mundial, de una reforzada agresividad del imperialismo norteamericano sobre la región, bajo la presidencia de Donald Trump, y del agotamiento de las “tasas chinas” que permitieron el crecimiento económico de la primera década del siglo XXI en América Latina, la ilusión sobre un retorno a las condiciones previas es solo un recurso retórico para ocultar las limitaciones de un proyecto de este tipo. Los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández son una muestra de que más allá del signo político del gobierno y las ilusiones creadas sobre la retroversión de las medidas de ajuste realizadas por Macri, es imposible una salida a la crisis favorable a las grandes mayorías en coexistencia con la sumisión a las prerrogativas del imperialismo:pago de la deuda externa, ajuste fiscal, recortes del Estado, la continuidad en el alineamiento con el “Grupo Lima” y el mantenimiento de Hezbollah como organización terrorista dictado por Estados Unidos.

El rompecabezas de las clases medias

Consultado sobre las causas del golpe de Estado, García Linera vuelve sobre un argumento repetido en los últimos años, por ejemplo por el kirchnerismo para explicar su derrota en 2015: el problema fueron las clases medias, que luego de ascender socialmente pretendieron actuar como clase dominante despreciando el ascenso social de los más pobres. A esto, García Linera agrega que en estas clases medias permeó el racismo de los “de arriba” ¿Esto es así?

Aquí debemos distinguir dos problemas. Uno, si el mero aumento en los ingresos y el consumo de sectores considerados “clases medias” explican su preferencia por el discurso reaccionario de las derechas. El otro es la causa de la supervivencia del racismo en Bolivia, que fue uno de los motores de las movilizaciones de resistencia tras el golpe.

Sobre el primer punto vale destacar que cuando García Linera habla de “ascenso” se refiere centralmente al estudiantado y a sectores con mayores ingresos de los trabajadores. Lo que no menciona en su análisis, es que los años de crecimiento económico que vivió el evomoralismo también significaron la recomposición de la burguesía agroindustrial boliviana y, con ella, de los políticos derechistas como Carlos Mesa, impulsor del golpe.

Esta recomposición fue fundante del modelo político que García Linera considera como la “alianza civil” que pretendió sostener el gobierno del MAS. Luego de las enormes movilizaciones populares obreras y campesinas, el proceso constituyente del Estado Plurinacional en el año 2008 fue parte de un pacto que el gobierno de Evo Morales realizó frente a la reacción de la clase propietaria de la Media Luna y el nuevo empresariado nacional en relación estrecha con el capital extranjero. Junto a las conquistas de algunas reformas dirigidas al reconocimiento de los pueblos originarios y el enfrentamiento a la “colonialidad del poder” de la que hablaba Aníbal Quijano, lo central del régimen capitalista dependiente boliviano se mantuvo, de la mano de la protección de la propiedad privada, la continuidad de la penetración del capital extranjero en la nueva fuente de capital como la extracción de hidrocarburos, tiñendo todas las formas económico-sociales comunitarias o precapitalistas y la autonomía para la administración de los recursos en las zonas más ricas del país. La abstracción de las relaciones de propiedad en nuevas formas jurídicas combinadas se asentaron sobre desigualdades sociales reales, saldando una nueva hegemonía burguesa. En tal sentido, la dinámica de inclusión de algunos sectores, en detrimento de otros, en un Estado mediador que perpetúa distintos y variados niveles de explotación y precarización, sobre todo en la clase trabajadora urbana, tiene límites claros.

Es decir, más allá de que sectores del estudiantado, campesinado pobre y trabajadores descontentos con los métodos crecientemente bonapartistas del gobierno de Evo Morales hayan sido base de apoyo del golpismo, la clave para entender la vitalidad de la derecha no está en su demagogia sobre estos sectores, sino en la conservación de sus privilegios y en su capacidad política recompuesta para transformarse en alternativa política. Las políticas -por mecanismos institucionales así como represivos- para aplacar todo tipo de organización independiente de los trabajadores, campesinos o indígenas con autonomía política respecto del gobierno del MAS, y el freno puesto a toda lucha de vanguardia que cuestione los acuerdos esenciales con el poder burgués, disminuyeron la capacidad tanto de resistencia como de atracción de estos sectores hacia las clases medias. La expresión máxima de esto es la COB, cuya integración al Estado promovida por Evo Morales culminó con el apoyo al bando golpista en defensa de sus intereses corporativos y burocráticos, abandonando toda tradición combativa.

Sobre el racismo

En su libro Comunidad, indigenismo y marxismo, Javo Ferreira apunta que la defensa las conquistas nacionales e identitarias de los pueblos originarios estuvieron presentes en los alzamientos contra el golpe por parte de las capas pobres urbanas y precarizadas en estrecha relación con el campesinado. La consigna de “la Whipala se respeta” se volvió un grito de guerra contra el golpismo, desatando la bronca espontánea de decenas de miles que vieron en el gobierno golpista la búsqueda de revertir una relación de fuerzas conquistadas por las comunidades indígenas.

En este sentido, la definición de García Linera de que “la clase media se atrincheró en el odio racial” resulta insuficiente para comprender la actitud de amplios sectores de las clases medias que se movilizaron en apoyo al golpismo, sin apuntar a los fundamentos clasistas de ese “odio racial”.

Este fenómeno habla sobre todo de la estructura racializada de la sociedad boliviana, herencia del pasado colonial, y de su continuidad en la estructura económica semicolonial de Bolivia. Si el racismo ha sido históricamente un arma de dominación y de segregación social utilizada por las clases dominantes bolivianas para explotar al campesinado, negando su derecho a la tierra y a su autodeterminación, la continuidad del odio racial habla sobre todo de la pervivencia de esas estructuras y relaciones de explotación. Como sostiene Javo Ferreira la “inclusión” promovida por el gobierno de Evo removió “algunos de los aspectos más irritantes de las viejas formas de dominación –y esto es una conquista arrancada por las masas–, pero las bases materiales de que se nutren la opresión, la discriminación y el racismo se mantienen en pie: el latifundio, la propiedad privada de los medios de producción, la subordinación al capital extranjero, etc.”.

La autodeterminación de los pueblos originarios como política a defender es irreductible a su dimensión anticapitalista y, sin embargo, no es factible entender la raíz de la opresión racial sin atender al entramado específico que le otorgan las relaciones capitalistas de producción y su complementaria organización social de la división del trabajo.

Por lo tanto, la apelación al odio racial como parte de la movilización golpista debe comprenderse como un aspecto del sentido clasista del mismo.

El Estado… ¿y la revolución?

Finalmente, García Linera esboza algunas ideas alrededor de su concepción del Estado y su relación con la “sociedad civil”. En primer lugar, sostiene que “La lucha por la igualdad tiene un alto costo social y alguien te lo va a cobrar tarde o temprano”. Por eso uno de los “errores” de su gobierno fue supuestamente no haber blindado suficientemente el Estado mediante la acción de la sociedad civil: “Era posible organizar estructuras de defensa sin necesidad de que sea una construcción estatal, sino como algo orgánico. Los llamados ponchos rojos, un denominativo de una forma militarizada del sindicato campesino. Este es un tema que a nosotros se nos pasó y fue un gran error”.

La retórica de la combinación entre una democracia representativa burguesa con formas colectivas, asamblearias y comunitarias propias de las dinámicas de los pueblos originarios, siendo el Estado el árbitro que da, quita y reconoce o no reconoce, tiene patas cortas. No obstante, García Linera insiste en que los límites son producto de una “debilidad” de ese desarrollo y no de una estrategia que conscientemente busca conservar los rasgos centrales del Estado burgués, tales como el monopolio de la violencia legítima. Al fortalecer su penetración en la sociedad civil (lo que Gramsci llamó “Estado integral”) se lograría evitar o, al menos, apaciguar cualquier acción u organización independiente de las masas campesinas, indígenas y sindicatos obreros que apoyaron al gobierno de Morales. En definitiva, la entrada al sector público de dichos sectores “plebeyos” que García Linera reivindica significó priorizar iniciativas liberales individuales por sobre las comunitarias (aquella “carrera sindical que culminaba en el Estado”) y continuar entregando el mando del país al nuevo “bloque de poder” burgués vía el otorgamiento de algunas concesiones democráticas, sin dejar de aplicar los mecanismos coercitivos sobre aquellos sectores populares que se rebelaron ante un consenso que no era tal.

Además, al mencionar los límites de una “experiencia progresista posneoliberal” que “no logró descontar la totalidad de los estructuras neoliberales” García Linera deforma el rol que supieron cumplir las FF. AA. durante su propia gestión, en el afán del gobierno y de los sectores mineros y agroganaderos de avanzar sobre la expoliación de diversos territorios. La emblemática defensa de la conquista del TIPNIS de los sectores originarios junto a sectores estudiantiles y trabajadores, fue un ejemplo de cómo se le impuso un retroceso al gobierno de Evo Morales, alertando a aquella clase dominante sedienta de modernizar al país de la necesidad de avanzar sobre el disciplinamiento de sus bases sociales. Asimismo, la “falla” en la expectativa de una “neutralidad por parte de las FF. AA.” condensa más bien la imposibilidad de considerar al Estado como un ente neutral, como si su contenido social pudiese variar según la base de apoyo de quien esté en el gobierno, por sobre las instituciones como organismos de dominación de clase.

Por eso, aquel “se nos pasó” de García Linera toma un tono cínico cuando vemos el resultado que significó. La realidad es que mientras corría por las calles de El Alto la sangre de los obreros y campesinos que resistieron valientemente en Senkata contra la avanzada golpista (que los masacró cobardemente mientras enterraban sus muertos), el gobierno del MAS aprovechaba la resistencia no para “blindar al Estado Plurinacional”, sino para negociar una salida pactada, y acordar unas elecciones basadas sobre la relación de fuerzas impuesta por los golpistas en donde Evo Morales no podrá participar.

Es en momentos de crisis como la actual, cuando se pone al desnudo el carácter antagónico de los conflictos de clase, suavizados en momentos de bonanza económica, por la contención dentro de los márgenes de la “mejor envoltura del capital”, como sintetizaba Lenin a la democracia burguesa. A contramano de este choque frontal, la propuesta de García Linera de integrar aquellas contradicciones dentro del Estado, buscando limitar las formas combativas de resistencia y autodefensa de los sectores populares mientras el golpismo avanza, solo puede favorecer a quienes sostienen el actual régimen político, social y económico.

Es en ese sentido que la lucha por la independencia política de los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre por medio de sus propios organismos, se torna una necesidad concreta en el marco de la relación de fuerzas que el golpismo busca consolidar. El cabildo abierto del 8 de diciembre en Senkata fue un ejemplo y expresión de que las fuerzas para resistir y enfrentar al golpe tenían peso en las calles. Nuestros compañeros que son parte de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional en Bolivia, la Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional (LOR-CI), mediante la difusión de la resistencia activa contra el golpe en La Izquierda Diario, se encuentran dando esa lucha por el desarrollo de una alternativa política que levante estas banderas en la perspectiva revolucionaria de ruptura con el Estado, frente a las expectativas ante un proceso electoral de por sí proscriptivo y también frente a una izquierda que se alineó en el bando de los golpistas.

Partiendo de experiencias y límites de ensayos revolucionarios, como el de Bolivia en 1952 ( y de las primeras lecciones que deja la avanzada golpista), podemos afirmar que estas conclusiones continúan totalmente vigentes.