Ante el reclamo de cientos de familias por vivienda digna en el departamento, la respuesta del intendente es la fuerza policial.
Miércoles 31 de agosto de 2016 19:08
El intendente radical Tadeo García Zalazar, se reunió con los cuatro fiscales del departamento; el jefe de la Policía y funcionarios del Ministerio de Seguridad, para analizar los casos de unas 100 familias del departamento, que en las últimas semanas ingresaron de forma pacífica a terrenos ociosos para reclamar por vivienda digna. El Intendente pidió que las familias trabajadoras sean desalojadas de inmediato e informó que armará un protocolo de acción.
El Gobierno provincial, del mismo signo político que el del municipio de Godoy Cruz, lleva adelante un ajuste contra los trabajadores, con tarifazos y salarios cada vez más bajos. Con el aumento de la pobreza también crece el déficit habitacional. Y la solución que el intendente Salazar tiene frente al reclamo de las familias por vivienda digna, es un protocolo para desalojar y reprimir la protesta.
FOTO: abrazo de radicales. El gobernador Cornejo y el intendente de Godoy Cruz.
La ocupación de terrenos ociosos es expresión de un problema más profundo. La falta de vivienda es un sufrimiento de miles en la provincia. La UCR y el PJ gobiernan hace 33 años, asegurando negocios millonarios a grandes empresarios, mientras las familias trabajadoras tienen problemas estructurales que siguen sin resolverse, como la falta de vivienda y de urbanización en los barrios del Este y el Oeste del departamento.
Los funcionarios cínicamente plantean que habrá castigos para las personas que participen de usurpaciones, quitándoles la ayuda social que reciben, mientras ellos aplican el ajuste y son parte de una casta privilegiada que vive en lujosos barrios.
El Gobierno y muchos medios de comunicación pretenden condenar la desesperación de quienes no tienen más opción que ocupar terrenos ociosos, pero deciden no hablar del negocio inmobiliario que empuja a muchas familias a vivir en condiciones miserables mientras se construyen barrios privados para un puñado de ricos.
García Zalazar y sus funcionarios aseguran que las ocupaciones estuvieron organizadas por grupos kirchneristas, con el fin de desestabilizar su gobierno. Más allá de la disputa entre los partidos de los empresarios y punteros políticos, con estas afirmaciones intentan negar la verdadera necesidad de vivienda digna que hoy tienen miles de trabajadores del departamento, condenados a vivir en villas y asentamientos.
Frente a la situación de emergencia habitacional la salida no son los desalojos. Es necesario y urgente un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas populares que debe planificarse en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas. Un plan de viviendas y obras públicas bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales. Y acompañar esta política estableciendo un fondo público para préstamos accesibles dirigidos a la construcción de viviendas.
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