EDITORIAL. Gerardo Morales: con crisis propia y de sus socios de Cambiemos inició el 2019

A la niña de 12 años víctima de una violación se le “practicó un parto prematuro” afirmó el ex jefe de obstetricia, Gustavo Briones, en una entrevista en TN. Como parte del apabullante núcleo de 29 médicos objetores de conciencia -de los 30- que conforman el servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil, el Dr. Briones al confesar el procedimiento dejó expuesto al Gobernador de Jujuy, quien junto a su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, afirmaba que había “cumplido” con lo establecido por el Art. 86 del Código Penal y el fallo F.A.L (2012) practicando una ILE a la niña.

Este golpe de los “pro vida” vino por el flanco derecho; el izquierdo tuvo desde un primer momento al movimiento de mujeres y a la izquierda como fuerza militante dejando en claro a todo el país que en Jujuy los médicos bajo el mando político del Gobernador y el ministro de Salud, habían incumplido con la Ley, fallos y el protocolo al cual adhirió la provincia en 2018. Para ello, además tuvieron que recurrir a la mentira aduciendo que el plazo para aplicar ILE era de 22 semanas de gestación, cuando en realidad no lo hay.

Un amplio sector de agrupaciones y organizaciones del movimiento de mujeres como parte de la movilización nacional que exigió la renuncia del ministro de Salud, presentó en Jujuy ante el ministerio Público de la Acusación, una denuncia penal exigiendo que se inicie una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Gustavo Bouhid, entre otros reclamos, por los daños causados a la niña y a su familia.

A Gerardo Morales le salió caro el ensayo de “salvar las dos vidas” y dejó expuesto a Cambiemos utilizando a Jujuy como un laboratorio de tortura y perversión

A Gerardo Morales le salió caro el ensayo de “salvar las dos vidas” como lo aconsejó el obispo, Fernández, quien se encontraba de viaje por el Vaticano; a la vez, que dejó expuesto a Cambiemos utilizando a Jujuy como un laboratorio de tortura y perversión sobre niñas víctimas de violación.

En este caso también quedó expuesto, aunque en menor medida, debido a su silencio de sepulcro, el PJ que en sus diferentes facciones locales conserva una mayoría de legisladores y dirigentes “pro vida”; mientras que los sectores a favor del aborto legal, seguro y gratuito son una minoría que no parece estar dispuesta a sacar los pies del plato en un año electoral, “hay que unir pañuelos” dijo la “Jefa”.

El que sí levantó la voz y, los dejó al desnudo, fue el legendario dirigente y actual diputado, Alberto Matuk, quien llegó a decir que se debía continuar con el embarazo, puesto que el “daño ya estaba hecho”, a esta altura el conocimiento de derechos y cuestiones de salud queda claro que no están en la cartera de un ministro del ex gobernador Fellner.

Un chivo expiatorio del otro lado de la frontera

El festejo por la condena a Milagro Sala a partir de la causa "pibes villeros" le duró poco a Morales. A días de un fallo que confirmó un escándalo jurídico y la persecución a la oposición como marca de Cambiemos, salió a la luz el caso de la niña de San Pedro víctima de violación.

Ante semejante chubasco de enero, Gerardo Morales, apeló a un clásico de la política tradicional que recomienda para salir de una crisis propia, exacerbar los sentimientos racistas y xenófobos que durante años el Estado y la burguesía irradian sobre el pueblo trabajador.

Pero el efecto “popular” de un nuevo incidente generado con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y sus funcionarios de salud, le duró poco. El joven músico Manuel Vilca explica en un video que no hubo ningún problema de discriminación ni abandono por parte del servicio de salud del vecino país. Vilca, al igual que el pueblo trabajador boliviano, sufrió en carne propia las consecuencias de un sistema de salud pago en todos los niveles (público y privado).

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Morales dijo que insistirá en la legislatura con el tufillo antiboliviano, una herramienta con la cual pretende recuperar popularidad y lanzarla para consagrar el cobro de los servicios a las y los bolivianos que se atiendan en los hospitales públicos de la provincia. No es más que puro marketing de xenofobia electoral, recordemos que los extranjeros (no solo los bolivianos) representan el 0,28 % de quienes se atienden en el hospital público de Jujuy. Claro está que no son ellos los responsables de ningún déficit, muy por el contrario, el acuerdo que Macri firmó con el FMI para ajustar el gasto implica pagar en intereses de la deuda, 4 veces el presupuesto de salud de la Nación y, el mismo cuenta con el apoyo de Morales que también recorta en la salud en la provincia.

La crisis social se llevó puestas a dos funcionarias

Primero fue la confirmación de la desvinculación de la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, sobre quien pesa una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia por el faltante de comprobantes sobre $ 300 millones que estaban destinados a comedores. Sobre los fondos ningún funcionario dio a conocer detalles, Galfré con el silencio tal vez tuvo un premio, al ser considerada por el propio Gobernador para continuar dentro de su equipo de gestión.

El área de Desarrollo Humano se trata de una cartera en llamas siendo que hay 120.000 familias que necesitan de la caja de alimentos, (PLA.SO.NU.P), todos los meses. Solo en el primer semestre de 2018 hay 50.000 nuevos pobres y 20.000 indigentes, con familias comiendo de la basura como en otros lugares del país y Jujuy se ubica en el cuarto lugar dentro de las provincias más pobres.

Los índices de pobreza dejaron de publicarse en abril de 2014 durante la intervención de Guillermo Moreno y sus patotas en el INDEC, la cual tuvo una cobertura filantrópica discursiva del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que publicar datos de pobreza era ofensivo hacia las personas que padecen estas condiciones de vida. Con la desvinculación de la directora de la DIPEC, Ana Juárez Orieta, estaríamos ante un caso similar, según la ex funcionaria el Gobernador estaba disconforme con los datos de pobreza que para el segundo semestre de 2018 la ubicarían superando el 40 %.

Ningún funcionario de estadísticas puede garantizar que esos sean los números, es un área siempre sujeta a la manipulación, así fue con el ingreso de Orieta y el despido de trabajadores con una larga trayectoria en la elaboración de los índices de empleo y sociales, entre otros hechos graves. Lo que está claro es que Gerardo Morales dispuso un control directo de las estadísticas, “si la realidad no acompaña, mejor que se vea lo menos posible” puede ser uno de los slogans de Cambia Jujuy en su camino a la reelección del Gobernador.

Caso testigo

Con el aval del ministro de Trabajo de la provincia, Cabana Fusz, y el titular de la UOM Jujuy, Froilán Peloc, despidieron a 128 obreros de la fundición que la multinacional Aguilar dispone en Palpalá. De esta manera las autoridades de gobierno y sindicales dieron por cumplida la voluntad de la empresa que es uno de los principales monopolios mundiales de la minería y el agro, tan solo en 2017 facturó 5.777 millones de dólares y continúa con la explotación del plomo, plata y zinc que se encuentra en el subsuelo de la Puna jujeña.

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A la multinacional no solo le sobran dólares, algunos de los cuales los oculta en cuentas off shore en Panamá, sino que obtuvo todo tipo de concesiones por parte del gobierno nacional y provincial, entre ellas, un tope de regalías del 3 % (artículo 22 de la Ley 24.196), descuento del impuesto a las Ganancias en tareas de explotación, compra de máquinas y vehículos (Art. 12 Ley 24.196), descuento del 100 % del impuesto a los combustibles líquidos (Ley 23.966), devolución anticipada del IVA (Ley 24.402), exención del impuesto al cheque, devolución de los créditos fiscales del IVA (Ley 25.429), eliminación de gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad e impuestos a los sellos (24.228), sin dejar de considerar la quita de retenciones a las empresas mineras dispuestas por decreto de Macri (2016) y los beneficios económicos de una devaluación del 100 % en 2018 para un sector que exporta toda su producción.

La multinacional Aguilar del grupo Glencore amasa fortunas en el mundo y sigue explotando las riquezas de la Puna, mientras cierra y despide a 128 obreros de Palpalá, es falso que cuanto más libertad le das al capital mejor va a vivir la población

La decisión de cerrar la fundición de Palpalá es un caso testigo del fracaso del “modelo” por el cual afirman que cuanta más concesiones y ventajas fiscales se le otorguen a los empresarios mayores posibilidades de empleo se pueden dar en todo el país. No menos falaz, es el “otro modelo” que avisora alguna que otra regulación estatal al comportamiento de los empresarios, los mismos que se la llevaron con pala durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas y que hoy están en la primera fila de los despidos y el chantaje por subsidios como el emporio Techint o los Blaquier de Ledesma que no dejan de amasar fortunas.

Lo que comparten ambos “modelos”, dentro de su defensa de los negocios capitalistas y su sistema, es que los trabajadores se tienen que conformar con migajas y vivir cada vez peor. Así como Cristina Fernández en CLACSO afirmó que su propuesta es continuar con más AUH (no trabajo genuino), la de Cambiemos guarda esta misma costumbre de dejar hacer a los empresarios y contener la desocupación y la pobreza con lo que se le cae de la mesa a las multinacionales.

El ministro Cabana Fusz gestionó el seguro de desempleo por 6 meses a los despedidos de Palpalá, sin siquiera haber exigido el cumplimiento del Procedimiento Preventivo de Crisis y la apertura de los libros contables de la multinacional Glencore.

Con 338 despidos en Ingenio La Esperanza, 128 en Fundición Aguilar y 12 en Exincor, la industria en Jujuy no hace más que perder puestos de trabajo genuino, al igual que en el resto del país, mientras el ministerio de Trabajo actúa como una agencia de desocupación y contención de la pobreza, como también de superexplotación. Recordemos la autorización desde el ministerio al trabajo de adolescentes menores de 18 años en las fincas de tabaco, una denuncia que la izquierda hizo el año pasado y le abrió otra crisis política al Gobernador.

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Un as con sabor a poco

Con este mar de fondo se va gestando una densa “calma chicha”, no sin respuestas duras de los trabajadores como el paro de los colectiveros de San Salvador, aunque por el momento el operativo “hay 2019” de los partidos tradicionales -con la colaboración de las centrales sindicales- parece haber funcionado y todo el malestar social lo inclinarán hacia las urnas, aunque esto no implique –sin lo contrario- frenar el saqueo en curso sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Un adelantamiento de las elecciones provinciales, puede ser un as en la manga de Gerardo Morales, con el cual evitar la pesada actualidad de Macri y congraciarlo con un triunfo amarillo, pero cada vez se hace más evidente que la “unión, paz y trabajo” solo beneficia a los dueños de la provincia socios de las multinacionales que expolian los minerales y recursos.

Sin cuestionar de fondo los negocios de los empresarios y terratenientes dueños del país, como el acuerdo de entrega al FMI y el pago de la deuda al capital financiero, no puede haber una salida a favor de las mayorías, afirman los diputados del PTS-FIT, Alejandro Vilca y Natalia Morales. Tampoco sin la unidad internacionalista de los trabajadores frente a la avanzada imperialista sobre Venezuela, la cual necesita de plena independencia política respecto del régimen hambreador y represivo de Maduro. Esta pelea contra el imperialismo es parte de las tareas de construcción de una organización propia de la clase trabajadora y el pueblo pobre que haga efectiva una salida anticapitalista y socialista. Nos preparamos para que esta vez sean ellos los que paguen la crisis.