En el juicio contravencional contra los estudiantes, el día viernes fue citado como testigo un policía que confirmó que lo enviaron de civil al operativo desplegado contra quienes reclamaban por el cierre de los institutos CEIJA. Esto se suma a las filmaciones de las "fuerzas de seguridad" para espiarlos que son utilizadas como prueba en el juicio.
Maia Hirsch Abogada del CeProDH Tucumán
Mauro Tabak Abogado CeProDH
Domingo 23 de diciembre de 2018 13:32
(A la izquierda de la imagen se puede ver al oficial Paul Armando Huanco de civil durante el operativo policial)
El día viernes se realizó la cuarta audiencia del juicio contravencional contra dos estudiantes y un docente del instituto educativo CEIJA-IDEAR y la estudiante de la UNJu y militante del PTS-Frente de Izquierda, Valentina Melo, perseguidos por defender que no se cierren los institutos secundarios.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) solicitamos la impugnación previa del testigo Paul Armando Huanco, quién reconoció cumplir funciones desde hace tres años directamente para el Departamento Contravencional (perteneciente a la Policía Provincial), que a la vez es la parte acusadora en la causa.
Sin embargo, el juez contravencional, Matías Ustarez Carrillo, habilitó su declaración incorporando al juicio prueba completamente parcial y nula.
O sea, la policía para el Juez tiene el derecho a infiltrarse como civil, espiarte, acusarte pero también ser testigo en la misma causa. Este es el régimen policíaco en cuerpo entero afirman los diputados provinciales del PTS-Frente de Izquierda, Alejandro Vilca y Natalia Morales. Pero hay más.
En la declaración testimonial del día de los hechos que se juzgan, el 29 de marzo, el policía Huanco había indicado que era "empleado", confirmando el modus operandi que utilizan desde las fuerzas represivas para sortear la exigencia de testigos durante los operativos.
El policía Huanco durante la audiencia admitió que "el segundo día fui de civil" por órdenes directas del Jefe del Departamento Contravencional, Rafael Rodríguez, el mismo que luego tuvo en sus manos la tarea "investigativa" de la causa para que llegase a juicio oral.
Al ser indagado sobre la obligación de vestir uniforme durante los operativos sostuvo que cumplía órdenes y desconocía si estaban obligados a usarlo, pese a que luego admitió que existía un reglamento interno que lo dispone.
En el marco de esta causa escandalosa, el Departamento Contravencional pretende que se incorporen filmaciones tomadas con un celular, escondido en uno de los bolsillos de un policía, con la impunidad de querer legitimar la prueba ilegal que generan, donde realizan primeros planos sobre los manifestantes (Ver video).
Por ello el "testigo" fue indagado también acerca de la utilización de cámaras en los operativos a lo que contesto que "eso depende del personal policial que realiza el procedimiento, si quiere utilizar o no cámara filmadora...las que tengan a su disposición".
Estas son las "pruebas" con las que el gobierno utiliza para criminalizar a quienes pelean por sus derechos, como en este caso, o perseguir a la oposición política.
"Reforzar la coordinación y unidad contra el régimen policíaco"
A través de todo el juicio, en cuyas audiencias declararon referentes de organizaciones de Derechos Humanos, docentes y estudiantes de la UNJu y los lesgisladores del PTS-FIT, ha quedado plenamente demostrada la brutalidad policial con la que fueron llevadas adelante el desalojo y las posteriores detenciones, completamente ilegales, que forman parte del método empleado por el gobierno de Gerardo Morales para reprimir la protesta, valiéndose para ello del inconstitucional Código Contravencional, votado por peronistas y radicales.
Asimismo también ha quedado acreditada la particular intención de criminalizar y perseguir a los militantes del PTS - Frente de Izquierda, cómo es el caso de Valentina Melo.
Desde la defensa hemos realizado reiterados pedidos de nulidad por el procedimiento arbitrario, persecutorio e ilegal que recorrió toda la causa, que serán analizados por el Juzgado de control de turno. La misma justicia provincial que ha violado garantías y derechos democráticos elementales, y ha sido denunciada por representar un apéndice del gobierno local.
La confirmación de agentes de la propia Policía Provincial del espionaje, persecución y armado ilegal de causas, debe servir de base para cuestionar el poder represivo de este gobierno y del Estado de conjunto, exigiendo la derogación del Código Contravencional y profundizando para ello la coordinación y lucha con todos los sectores que salen a enfrentar el ajuste y la represión.
