Con la modificación de la Ley 5954 la Legislatura jujeña habilitó un tarifazo que deberán implementar los Concejos Deliberantes. Van a recaudar millones por la recolección, tanto los municipios, como la empresa estatal, Girsu. Otro negociado contra y a espaldas del pueblo trabajador. La izquierda lo rechaza y presenta una alternativa.
Lunes 15 de julio de 2024 09:38
El proyecto de Ley que se votó este jueves en la Legislatura de Jujuy, planteó modificaciones a la Ley N° 5954, que en el 2016 trazaba el plan “Pachamama te cuido” y creaba la empresa Girsu S.E. (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Sociedad del Estado). Allí se contempló implementar un nuevo tributo la Tasa Girsu, que será cobrada de manera compulsiva junto a la boleta de Luz y Agua Potable para garantizar su cobro.
¿En qué consisten estas modificaciones?
Una de las principales modificaciones está en el Artículo 4° de la ley. En los incisos 11, 12 y 13 se avanza en un concepto donde el vecino que genere basura (sic!) es responsable ante ésta. Por eso, debe pagar individualmente por su “manejo integral y sostenible”; y por lo tanto debe “asumir los costos que esto implica en proporción a cantidad y calidad de los residuos que genera”.
En la modificación del Artículo 6°, se plantea que los residuos son propiedad de los municipios, en lo que confiere a la constitución de Jujuy, pero al adherir a esta ley, el derecho sobre los residuos pasa en “pleno derecho” a la Empresa Girsu S.E.
De esta manera se abre la posibilidad de que todos aquellos que viven de la recolección y reciclaje de la basura en la provincia, se vean expuestos a no poder llevar adelante sus actividades para poder vivir, si no son autorizados por la Empresa Girsu S.E. Esto es especialmente importante en la ciudad de Palpalá, donde existe un gran circuito de reciclaje de residuos, del que viven muchas familias trabajadoras.
El artículo 7° además de insistir en eliminar los basurales a cielo abierto (cosa que en ocho años el proyecto Girsu no lo hizo), se prevé eliminar a los promotores ambientales, puestos de trabajo desde donde se podía avanzar en programas de educación ambiental para la separación de residuos en origen.
El artículo 9° además de profundizar el concepto de responsabilidad sobre los vecinos, se los hace responsables de la “correcta gestión de los mismos (los residuos) en todas sus etapas, correspondiéndole la asunción de los costos para ello”. Aquí nos preguntamos: ¿cómo los vecinos van a saber llevar adelante la correcta gestión de los residuos si se eliminan los promotores ambientales?
La modificación del artículo 21° cambia el concepto de creación de un fondo fiduciario, por un “Fondo del Plan Girsu Pachamama te cuido”, al cual irán destinados los recursos que se creen con la “Tasa Girsu” para hacer frente a los créditos nacionales y/internacionales que obtuvo el gobierno para este proyecto, según el articulado. El mismo se conformaría en un 50 % por la recaudación de la Tasa Girsu, y luego por lo obtenido en multas, acciones judiciales y otros recursos que se obtengan para financiar este fondo.
Como adelantamos, la Tasa Girsu, se “retoma” bajo con la modificación del artículo 22°, ya que si bien estaba contemplado la creación de esta tasa en el 2016, hasta el momento no se había aplicado. El principal cambió en este artículo es que los municipios para poder acceder a los recursos que prevé la Ley Girsu deberán aplicar la Tasa Girsu de manera obligatoria.
Según el artículo siguiente (el 23°) la distribución de los recursos generados por la Tasa Girsu será de un 50 % para el “Fondo Girsu”, del cual hablamos arriba, y el 50 % restante sería transferido a los municipios para sus programas de “Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el marco del Plan Provincial” (artículo 23°, Ley Provincial N° 5954).
De esta manera se aplicará la Tasa Girsu, mediante una “facturación unificada de Agua Potable y/o Energía Eléctrica y Tasa Girsu” (artículo 24°). Así se incluiría de manera obligatoria esta tasa en la facturación citada en los municipios y Comisiones Municipales que adhieran a la Ley.
En el artículo 26° se retoma el problema de los basurales a cielo abierto, pero suprime la obligación de los municipios que adhieran a la ley a eliminar los basurales en un plazo de 24 meses como preveía el articulado original. Por último se quita el artículo 30° que establecía el servicio interjurisdiccional de gestión de residuos sólidos urbanos”.
Como primera apreciación, en función de esta concepción sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos, la generación y el tratamiento de los residuos en la sociedad actual no pueden ser responsabilidad individual, la misma es social: sin la misma no se garantiza la mínima sanidad de la población para la prevención de enfermedades, como así también la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones.
Esto solo puede ser resuelto mediante un sistema de recolección y tratamiento de residuos con el control de trabajadores, vecinos y comunidades; los únicos interesados en una planificación que tenga en cuenta las necesidades de las mayorías y el mejor cuidado de la naturaleza.
El Gobierno de Sadir y sus socios del PJ se encuadran en el plan del gobierno nacional
Esta modificatoria de Ley fue acompañada por los diputados del peronismo cuyo presidente de bloque, Rubén Rivarola, se vería beneficiado. Si entra Limsa en la factura de Luz y Agua Potable, se asegura de cobrar la porción por su negocio.
Por su lado en los Concejos Deliberantes de San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín, no esperaron siquiera a que fuera aprobada esta Ley para votar Ordenanzas donde se arma un esquema donde el cobro de esta tasa Girsu sea igual a la cantidad de kw/hora que consumen. ¿Qué relación hay entre el consumo de energía de una familia, con la generación de residuos que la misma genera?
El gobierno provincial sigue la doctrina del gobierno nacional de Milei: para cumplir con los objetivos del ajuste fiscal todo el peso se hace recaer sobre las mayorías trabajadoras, mientras se eliminan impuestos a los que más tienen (recordemos que el gobierno de Sadir viene de votar a favor de la Ley Bases, el paquete fiscal y formar parte del "Pacto de Mayo").
Los nuevos tributos son para aquellos que ya vienen enfrentando el aumento sideral de las tarifas de luz, gas, transporte, mientras sus ingresos se congelan y deprimen en el marco de una inflación, que pese al discurso presidencial, sigue creciendo. Al final un ejemplo más de cómo la crisis no la paga la casta, sino el pueblo trabajador.
La aplicación del plan “Pachamama yo te cuido”
Con la Ley N° 5954 del 2016, el gobierno de Gerardo Morales hacía un discurso de la transformación de la provincia en una “Jujuy Verde” con una política estatal donde se “cuidará” el medio ambiente, dando soluciones de fondo para el gran problema de la basura.
Anteriormente el servicio estaba en manos de los municipios de Jujuy y sostenido con muchísima precariedad, salvo en algunas áreas de San Salvador de Jujuy, donde montó un gran negocio el ex presidente del PJ, Rubén Rivarola, aliado clave del gobierno de Gerardo Morales, quien con su empresa LIMSA S.A. usufructúa con el servicio de recolección de residuos y barrido en el centro de la ciudad capital y sus principales barrios con mayor poder adquisitivo.
La creación de la empresa estatal, Girsu S. E., se puso en pie un nuevo centro de deposición final en Chanchillos (departamento de Palpalá), una planta recicladora y una flota de camiones compactadores y volquetes para nutrir a los distintos municipios de la provincia.
Se logra esto mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su primera etapa y posteriormente mediante otro crédito, con la Garantía Soberana de la Nación, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una donación de la Unión Europea.
Sin embargo, del crédito inicial del proyecto que era de 42 millones de dólares, solo se tomaron 4,5 millones, y de capital e intereses en 2023 sólo se pagaron $ 224 millones de pesos (el 0,024 % del total de gastos del estado provincial). Es decir que no se llegó a gastar ni el 15 % del crédito obtenido, quedando a medio camino del ambicioso proyecto que habían anunciado.
Demás está decir que el servicio de recolección de los municipios sigue en una amarga y larga crisis donde los trabajadores municipales, que cobran menos de la mitad de sus contraparte de la empresa Limsa que están bajo el convenio de camioneros, deben estar siempre soportando la constante falta de camiones para poder llevar adelante su labor y los sistemáticos retrasos en indumentaria y elementos de trabajo.
Esta situación que es crítica en la propia capital, San Salvador de Jujuy, es peor a medida que se avanza hacia el interior de la provincia, donde también es mucho más extendida la precarización laboral.
El nuevo Centro de Deposición Final en Chanchillos reemplazó al anterior en Finca El Pongo (cerca de la ciudad de Perico en el departamento de El Carmen). El mismo estaba en un estado calamitoso.
Sin embargo, Chanchillos, no deja de tener sus problemas; hasta el día de hoy está conectado por un precario camino atravesado por varios arroyos. El mal estado de este camino además de significar un desgaste adicional para los camiones que deben atravesarlo cargados de basura, tiene el problema adicional de terminar inhabilitado en la época de lluvias por la crecida de los arroyos que lo cruzan. Esto provoca un verdadero cuello de botella que termina en verdaderas crisis para el servicio de higiene urbana.
Por otra parte, con Girsu no faltó el sello distintivo del Gobierno de Cambia Jujuy: la imposición. Así sucedió ante la construcción de una mini estación de transferencia por parte de Girsu en un predio de la Granja Educativa de la Escuela Normal de Humahuaca. No bastó la consulta de porqué ahí, para que la respuesta sea la persecución y el castigo de “no contar con servicio de tratamiento de residuos”.
Lo mismo sucedió en Abra Pampa: tras la denuncia de la Comunidad Indígena de Lumara y pobladores autoconvocados que sostuvieron que no se llevó adelante el proceso de consulta previa, libre e informada. La respuesta fue la misma que en Humahuaca.
Pasaron ocho años del inicio de Girsu, una empresa estatal que administran funcionarios eternos, que no pueden dar cuenta de porque el crédito internacional que se otorgó se utilizó tan poco, donde no se logró siquiera a empezar a hacer separación de residuos orgánicos e inorgánicos y aún persisten los basurales a cielo abierto por toda la provincia.
Un servicio de recolección controlado y planificado por trabajadores y vecinos
Las y los legisladores del PTS-Frente de Izquierda desde el primer momento advirtieron las notables contradicciones y falencias del plan del gobierno. Así como fuimos acompañando los reclamos de los trabajadores de recolección que frente a este proyecto exigían participación y mejora de su condiciones laborales y de la prestación del servicio.
Rechazamos todo nuevo cobro de tributos que golpee a los ya muy maltratados bolsillos de los trabajadores y usuarios. Llamamos a que lo rechacen también sindicatos, centros de estudiantes y centros vecinales. Pero a la vez afirmamos que es posible otra alternativa para el problema de la gestión de residuos; su recolección, traslado y tratamiento.
La recolección de residuos es sin duda un servicio clave para la sociedad, que garantiza la sanidad urbana y previene enfermedades y todo tipo de indeseables, como así también minimizar el impacto ambiental.
Sin embargo, en manos de los funcionarios radicales y peronistas, la higiene urbana se convierte en otro nicho lucrativo para empresarios asociados con el gobierno. De hecho la Ley Girsu establece criterio sobre el uso de las ganancias de esta empresa. Combinado esto con la precarización laboral, bajos salarios, malas condiciones laborales y un pobre servicio para los sectores populares de la población, sobre los cuales ahora se busca implementar una nueva fuente de recaudación.
Desde la izquierda pensamos que lejos de este proyecto defendido por los políticos patronales, es necesario constituir una empresa estatal única que administrada y controlada por los trabajadores de recolección, barrido, administrativos, profesionales y vecinos, podrían determinar la mejor ecuación para sostener un servicio eficiente y de alta calidad. Donde se respeten los derechos de las comunidades y tengan participación plena, como también sectores y especialistas socio-ambientales que puedan realizar su aporte.
Un proyecto así no tan solo podría garantizar la recolección de residuos, podría determinar cuál es la mejor política impositiva para sostenerlo y administrar los recursos del mismo; también velará por brindar las mejores condiciones laborales, la indumentaria, camiones y herramientas para los trabajadores, porque la decisión referente a estos temas estaría en los mismos trabajadores.
Con un esquema de control obrero y de usuarios se podría implementar planes para la separación de residuos, su reciclaje y reutilización, así como el tratamiento de residuos patógenos o peligrosos, desarrollando un verdadero plan de gestión integral de los residuos que minimice el impacto ambiental al medio ambiente, la naturaleza y proteja la sanidad de la población.
