En la región de Antofagasta, Boric anunció que se profundiza la agenda securitaria que exige la derecha y la ex Concertación. Una agenda que continúa con la mala costumbre de equiparar delincuencia con pobreza y con migrantes, y que no protege a las personas comunes y corrientes, sino que está enfocada en garantizar mayores recursos para resguardar las ganancias de empresas como FCAB, mientras no hay anuncios para responder a los problemas sociales.
Viernes 14 de octubre de 2022
Desde hace días se esperaba a Gabriel Boric y Carolina Tohá en Antofagasta, se había informado que uno de sus propósitos era anunciar que impulsará reformas a la ley de migración para acelerar la expulsión de migrantes que delinquen, pero hoy fueron más allá y se anunció la implementación de un registro biométrico y biográfico de todas las personas migrantes en Chile que están irregulares y la misión de despejar la calle de rucos (migrantes pobres sin techo), sin importar que una buena parte de ellos son niños y niñas.
Boric no dudó en señalar que quien no está regular en el país, deberá irse, sin considerar que miles de personas esperan regularizarse durante años, sin poder hacerlo por límites y trámites burocráticos del Estado, incluso cuando tienen la condición de refugiado. Así, solicita a la delegación presidencial regional- con el PS liderando este cargo- sacar los rucos de los migrantes, pero no realiza ningún anuncio respecto a recursos para construir, por ejemplo, albergues que acojan a las familias que no tienen techo. Es decir, sin ninguna medida de fondo para responder a una crisis humanitaria internacional. Tampoco dicen que a los empresarios les conviene tener a migrantes irregulares, porque así aumenta el empleo informal y lo utilizan como mano de obra barata, en situaciones miserables, sin contratos, sirviendo esto para rebajar los salarios del conjunto de las familias trabajadoras. Además de ser un factor que propicia desesperación, delincuencia y descomposición social.
Desde el Gobierno se anunció una batería de medidas que tienen como objetivo fortalecer y volver a legitimar la institución de Carabineros. Mano dura para quienes agredan a policías y mayores recursos para adquirir vehículos.
En el discurso muestran preocupación por las bandas criminales y enfatizan un presupuesto nacional para combatir el crimen organizado de $38 mil millones de los cuales $643 millones serán para la Región de Antofagasta. Dicen que tendrán una línea especial hacia poblaciones como El Golf o La Bonilla, pero omiten qué medidas tomarán con los casos de policías y soldados que venden armas a narcos e incluso la relación de estos con el mundo político, como el reciente caso del encargado de vigilancia por drones en Antofagasta, que supuestamente está para garantizar la seguridad, pero que fue condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas. Este funcionario es militante de Renovación Nacional, partido de derecha del ex presidente Piñera que hoy se llena la boca tratando de delincuentes solo a pobres y migrantes.
Intentar legitimar y entregar mayor poder e impunidad a instituciones policiales con estos antecedentes no garantiza mayor seguridad para las y los trabajadores. Buscan llenar de policías las poblaciones, para “frenar la violencia”, pero no dan respuesta a las causas. Militarizan las poblaciones, pero el presidente no anuncia medidas que apunten a resolver los problemas sociales como la desigualdad, pobreza, el hacinamiento, la falta de oportunidades laborales y educacionales para la infancia y la juventud.
En la región de Antofagasta, la extrema pobreza se triplicó desde la pandemia, pasando de 9 mil personas a 27 mil apróx. Más de 7300 familias viven en campamentos y hay un déficit habitacional de 37 mil viviendas. Además de que se anuncia una crisis con avisos de recesión para el país en el 2023.
FCAB: ¿Seguridad al servicio de quién?
Si forzamos una comparación con los tiempos feudales, Luksic vendría a ser el patrón de Antofagasta, pues gran parte de la explotación minera pasa por sus empresas. Para graficar más, solo con Antofagasta Minerals representa más del 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Que le estén robando a tal patrón de fundo no es cualquier cosa, por eso el Estado -que su mayor preocupación es cuidar las ganancias de los grandes empresarios-, sale en su defensa. Por eso en este viaje Boric anunció medidas de seguridad para el Ferrocarril (FCAB) y el transporte en ruta.
En los últimos tres años van 71 robos de cobre, varios de ellos han sido grandes operativos que han afectado la integridad de trabajadores, por lo que este fin de semana ellos decidieron paralizar por completo el transporte de cátodos de cobre, y no como dijo FCAB en la prensa, señalando que fue una decisión de la empresa. Es más, trabajadores denuncian que hace un año por lo menos FCAB se había comprometido a implementar medidas de resguardo, sin embargo, esto no sucedió. Entonces, ¿por qué el escándalo justo ahora? Esto sucede en el mismo momento en que se viene fortaleciendo la campaña represiva y para legitimar a Carabineros, políticas como el Estado de Excepción, entre otras, y Luksic, como parte de los dueños del país, no se queda fuera de esta política del conjunto del régimen burgués y aprovecha de resguardar sus intereses y que el Estado ponga recursos policiales para defender sus ganancias.
La preocupación por la seguridad laboral de quienes transportan el cobre es real, pero confiar esto a agentes represivos que en cualquier momento se pueden volver en contra de las y los trabajadores si salen a reclamar por sus derechos, es un arma de doble filo.
Tal como pasó el 2018 cuando reprimieron a trabajadores del ferrocarril que luchaban por sus puestos de trabajo o al año siguiente el 2019, cuando familias completas salieron a manifestarse por las condiciones de vida y, la única respuesta de carabineros fue represión.
La seguridad debe ir de la mano de que los propios trabajadores se organicen y decidan las medidas necesarias a implementar para proteger su integridad, pues ellos son quienes mejor conocen su trabajo y los riesgos que implica.
Si el régimen se prepara con más seguridad para proteger sus ganancias ante una crisis económica y social mayor !Qué la clase trabajadora también se prepare para enfrentar estos ataques!
La respuesta del Gobierno atiende a los reclamos de la clase empresarial de una agenda securitaria para proteger sus ganancias y que la crisis la pague la clase trabajadora. Si fuera por la derecha, militarizarían todo, se refleja en la campaña constante por el Estado de Excepción, contra la pobreza y migrantes en el norte y contra los mapuche en el sur. Ellos son las verdaderas bandas criminales que hay que desbaratar, pero el Gobierno que se decía “de izquierda y del pueblo” está a su servicio. Le abre la puerta de par en par a populismos de derechas y a un régimen más autoritario.
Ante los avisos de recesión en Chile y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para que los Gobiernos empiecen a aplicar recortes y ajustes, es necesario prepararse para defender derechos mínimos y las condiciones de vida. El sueldo mínimo se lo comió la inflación y la creación de empleo viene a la baja en el último trimestre.
Necesitamos un aumento general de sueldos para proteger y recuperar el salario perdido, estableciendo reajustes según la inflación; un sueldo base mínimo de $650 mil, que alcance a cubrir la canasta básica familiar; establecer el control de precios y medidas de fondo para acabar con la fuga de capitales y la especulación financiera de los capitalistas, cuyos costos los paga todo el pueblo.
