El pasado 19 de octubre el gobierno publicó en Gaceta Oficial la creación de una comisión para la venta de activos de la empresa Abastos Bicentenario, continuando así su política de privatizaciones y reprivatizaciones. En el siguiente artículo Leander Pérez analiza cómo se ha dado este proceso de privatización en Abastos Bicentenario y la razón de la derrota de los trabajadores.
Jueves 21 de octubre de 2021
De acuerdo a la Gaceta Oficial No. 42.232, de fecha 13 de octubre de 2021, el gobierno nacional ha decidido constituir el «Comité de Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos de la Sociedad Mercantil Red de Abastos Bicentenario, S.A. (RABSA)», continuando así con la privatización de la empresa. La decisión habría sido tomada por la junta directiva el 25 de agosto de 2021, tal como consta en la providencia administrativa 001-2021, publicada en la gaceta antes mencionada y firmada por Ramón Rafael Campos Cabello (primo de Diosdado Cabello) en su calidad de Presidente (E) de Abastos Bicentenario.
Cabe destacar que éste no es el primer comité de licitaciones para vender los bienes de Abastos Bicentenario. Ya en 2017, Campos Cabello, entonces también en calidad de presidente encargado, habría firmado la providencia administrativa 002-2017 para crear un comité similar y vender activos de la empresa, tal como consta en la G.O. No. 41.275 de fecha 9 de noviembre de 2017.
¿Cómo se llegó a esto?
Formalmente la Red de Abastos Bicentenario nace en el año 2011, cuando se cambia el nombre de la Empresa del Estado «Cadena de Tiendas Venezolanas, CATIVEN, S.A.». Ésta se había formado a su vez en 2010, a raíz de la expropiación de la cadena de supermercados Éxito y de la compra al grupo Casino (de origen francés) del 80% de las acciones de la empresa Cativen, dueña de Éxito y supermercados CADA. Entonces, el gobierno se proponía formar, junto con Mercal y PDVAL, una amplia red de distribución de alimentos, algo históricamente en manos de oligopolios.
En 2016, Jorge Luis Lastra, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de la Red, señaló que desde 2010 habían pasado por la dirección de Recursos Humanos 11 directores, cada uno de los cuales llegaba con un equipo diferente y con un plan de trabajo distinto. Asimismo, denunció que
«… antes de que se implementara la Operación Ataque al Gorgojo [2016] ya habían denunciado en reiteradas oportunidades ante distintas instituciones del Estado, incluido la Vicepresidencia de la República, la corrupción y burocracia que ocurría en los Abastos Bicentenario, pero no se emprendieron acciones determinantes.»
Esta operación dio en su mayoría con gerentes medios y empleados con baja responsabilidad que se dedicaban a la reventa de productos, así como para criminalizar a los trabajadores. Sin embargo, no se detuvieron a altos gerentes ni miembros de su junta directiva. Tras la misma, Maduro ordenó la reestructuración de la empresa, señalando que:
«Abastos Bicentenario se pudrió y ordeno la reestructuración total y absoluta, ahora serán centros de distribución directo en manos de comunas y centros comunales. Cuántas toneladas pasan por Abastos Bicentenario y las mafias lo tienen ellos mismos. Asúmanos la culpa y rectifiquemos.»
El anuncio no fue sino el inicio de una ola de despidos masivos y desmantelamiento de toda la red de abastos, incluyendo a Mercal y PDVAL. Para mediados de 2016, Abastos Bicentenario ya había despedido más de 3.000 trabajadores, sin respetar fueros sindicales, permisos por maternidad o enfermedades ocupacionales. Para 2018 la cifra ascendía a 9.000 trabajadores despedidos, mientras que en 2019 ya llegaba a 10.000. En algunos casos, los despidos fueron hasta de 600 trabajadores en un solo día.
Despidos para la privatización
La supuesta lucha contra la corrupción solo fue una mampara para encubrir despidos y privatizar la empresa. En 2018, los trabajadores denunciaron las negociaciones para vender la empresa a través de un audio en el que instaban a la unión entre despedidos y trabajadores activos para enfrentar la privatización:
«Esta gente no está viendo pa’ trás, esta gente está liquidando y cediendo espacios a las Tiendas CLAP, que al final es una empresa privada [Salva Foods] y tenemos que unirnos con los (trabajadores) activos. ¡Qué no se queden dormidos! Esta lucha la comenzamos con 600 trabajadores despedidos y ya van casi 9.000 y hasta los momentos no hemos hecho nada contundente. ¡Si no nos unimos en una misma causa no conseguimos nada compañeros!»
La actual comisión para liquidar los activos de la empresa, no es sino la continuación de la política de privatizaciones que adelanta el gobierno, ya sea a través de la venta como muestra el caso de Abastos Bicentenario, de las “Alianzas Estratégicas”, que implican la cesión de la administración de empresas públicas a privados, o del cambio de composición accionaria.
Una lucha conducida a las manos de la burocracia
Durante el periodo de despidos, las trabajadoras y trabajadores afectados demostraron su espíritu de lucha y sus ganas de trabajar, protagonizando jornadas de protesta frente a las instalaciones de la Red de Abastos.
⭕#Ahora #2Ago Trabajadores de Abastos Bicentenario protestan en Plaza Venezuela por el cierre de los locales. Manifiestan que “Queremos trabajar” . La PNB se encuentra en el lugar y vigila la manifestación. Vía @RayliLujan #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/En1VA4fZYS
— TVV Noticias (@TVVnoticias) August 2, 2018
Sin embargo, la dirección política de la lucha en manos del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y del Partido Comunista (PCV) no estuvo a la altura de la situación ni del ánimo de las y los trabajadores. ¿Podría explicarse entonces que 10.000 trabajadores despedidos no hayan podido ocupar instalaciones de la Red ya cerradas?
Hay varias cuestiones que explican el fracaso de la lucha: una de ellas es ciertamente la crisis económica, que golpeó y sigue golpeando con brutalidad a la clase obrera del país. Sin embargo, los métodos conciliadores empleados por el PCV son también causantes del desgaste que sufrieron los trabajadores y que los condujeron a la derrota.
En 2016, el PCV orientó una movilización de trabajadoras y trabajadores de la Red de Bastos en las inmediaciones del Ministerio del trabajo en la Plaza Caracas. Durante la concentración, las y los trabajadores denunciaron en varias oportunidades el uso mediático de la lucha contra la corrupción mientras en la práctica no se tocaba a los altos gerentes ni se cambiaba el modelo burocrático de gestión.
En un artículo en web del PCV, podemos leer que:
«La intención del comité organizador de la marcha (…) era dirigirse pacíficamente por las calles caraqueñas primero hasta la Asamblea Nacional. (...) Lamentablemente, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia nacional acordonaron la plaza e impidieron a los trabajadores llevar a cabo el plan de movilización inicialmente previsto. Pese a ello, los trabajadores mostrando una vez más su compromiso revolucionario mantuvieron la calma y tras debatir la situación decidieron elegir una comisión de voceros para entregar el documento con sus propuestas y no caer en ninguna provocación que pudiese ser utilizada para intentar desacreditar su lucha tanto por los enemigos declarados de la revolución como por los sectores burocráticos que durante los últimos días se han dedicado a la tarea de intentar crear la matriz de opinión de que son los trabajadores los responsables de la situación de crisis que vive RABSA.»
Dicha comisión fue recibida por el entonces viceministro de la Presidencia, César Trompiz, y la viceministra de Alimentación, quienes aseguraron que «la inamovilidad laboral y estabilidad en el empleo estaban garantizados».
En 2018, dos años después de los sucesos anteriores, el PCV y el FNLCT seguían aconsejando movilizarse al Ministerio del Trabajo y buscar acuerdos con representantes del ministerio. Esto fue lo que ocurrió el 27 de julio, cuando los dirigentes sindicales
«Fueron recibidos por Patricia Zambrano (directora de Relaciones Laborales) y Doris Askoul (directora de Procuraduría del Trabajo), quienes ratificaron la decisión del gobierno de liquidar la Red de Abastos Bicentenario Sociedad Anónima (Rabsa) y sustituirla por tiendas CLAP, operadas por una firma privada en una supuesta modalidad de empresa mixta, señala un comunicado del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct).»
Sin embargo, en esa misma movilización el PCV llamaba a otra concentración similar el día 2 de agosto «a la espera que el ministro Eduardo Piñate, atienda sus reclamos». ¿Acaso no había quedado claro, después de años de aplicación de estos métodos de lucha y de que representantes del ministerio lo hayan confirmado, que el gobierno estaba decidido a privatizar la Red? Y sin embargo se insistía en buscar una respuesta institucional y se llevaba a los trabajadores a mesas de negociación interminables. Esto sin duda desgastó a las trabajadoras y trabajadores, que era lo que buscaba el gobierno para derrotar la lucha.
En vez de insistir en estos métodos una y otra vez, el PCV debió con su autoridad, y a través de la presencia de sus militantes en todos los estados en los que había Abastos Bicentenarios, promover la ocupación de las instalaciones bajo control obrero.
Queda claro de esta experiencia, que en periodos de contrarreformas los despidos masivos, cierres de empresas y privatizaciones solo pueden enfrentarse con los métodos de la clase trabajadora, la huelga solidaria con trabajadores activos y la ocupación de las empresas bajo control de las trabajadoras y trabajadores. Lamentablemente, aún se insiste en la vía institucional para resolver conflictos obreros, exigiéndole a un gobierno que está decidido a acabar con los derechos laborales que haga concesiones en vez de arrebatárselas a través de la lucha.
