Golpe y represión. Gobierno de Gabriel Boric anunció su apoyo al Gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú

El pasado 7 de de diciembre Pedro Castillo decidió determinar la disolución del Congreso, decretando un gobierno de excepción. Ante esto, el congreso votó por tercera vez la vacancia de destitución de la presidencia de la república, efectuando un golpe parlamentario que permitió la asunción de Dina Boluarte a la presidencia. En diversas regiones del país se han desarrollado potentes movilizaciones y acciones de protesta, como el bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y la toma de importantes universidades públicas por parte de las federaciones estudiantiles como ocurrió en Cajamarca, Arequipa o el Cuzco.

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Al menos seis manifestantes han muerto en las primeras 20 horas del estado de emergencia nacional en Perú, que entró en vigor el miércoles, en las protestas que suman 21 fallecidos desde el domingo y que piden la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.

“¡Ni una muerte más! Demandamos investigación y sanción de los crímenes en Ayacucho (4 muertos y 39 heridos). Un pueblo castigado por la violencia. Exigimos cese de la intervención militar y responsabilizamos de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país”, escribió en Twitter la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El apoyo de Chile al golpe parlamentario

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, recibió un llamado de su par de Colombia, Álvaro Leyva, para comentarle sobre una iniciativa que buscaba consensuar con los países progresistas de la región y emitir un gesto a favor de Castillo, quien lleva detenido ocho días por el delito de rebelión y acaba de ser sentenciado a 18 meses de prisión preventiva. La declaración en común de México, Argentina, Colombia y Bolivia, tampoco era muy jugada contra el golpe. El comunicado escueto de tan solo cuatro párrafos señala que los cuatro países expresan "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú", y llaman a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", y que "se le garantice la protección judicial" del expresidente aunque sin pedir expresamente su libertad ni la reinstalación en su cargo.

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Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric ni siquiera estuvo dispuesto a firmar esta declaración general y desistió de la iniciativa de los cuatro países. Urrejola, se refirió este martes a la crisis que sobrelleva el Perú en el programa Mentiras Verdaderas. "Castillo no respetó las normas constitucionales, nuestra posición también fue buscar una salida no solo constitucional e institucional, sino democrática y con respeto a los derechos humanos”, dijo.

Por el contrario, la canciller de Chile, Antonia Urrejola, anunció el apoyo del Gobierno de Gabriel Boric a la asunción de mando de la presidenta Dina Boluarte en una reunión con su homóloga de Perú, Ana Cecilia Gervasi.

“Agradezco el apoyo del Gobierno de Chile a la asunción de mando constitucional de la presidenta Boluarte expresado por la canciller Antonia Urrejola, quien me manifestó su posición crítica a la ruptura del orden democrático ocurrida el 7 de diciembre”, manifestó la ministra de relaciones exteriores del gobierno golpista de Boluarte, Ana María Gervasi, de acuerdo a una publicación del diario El Peruano.

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Para frenar la represión, tirar abajo el reaccionario toque de queda y echar a este gobierno golpista es necesaria la más amplia movilización, que pueda imponer a las organizaciones sindicales y sociales un verdadero plan de lucha y medidas de autodefensa, para en primer lugar tirar abajo este toque de queda y echar al gobierno golpista. Un plan de lucha que debería ser discutido democráticamente en organismos a nivel de las regiones, las ciudades, los poblados. Este sería un importante primer paso para luchar por una asamblea constituyente libre y soberana donde el pueblo trabajador, campesino y los pueblos originarios puedan poner todas las cuestiones -como la salud, la educación, los recursos naturales del país- en discusión, en función de sus intereses, esta experiencia permitiría la comprensión a su vez de que para que esos intereses y necesidades se puedan plasmar y desarrollar hasta el final, se necesita luchar por un gobierno de trabajadores y el pueblo pobre.

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